El Parlamento Europeo dio este miércoles su acuerdo de principio para una normativa destinada a luchar contra la inmigración ilegal, que contempla sanciones para las empresas y los particulares que empleen a extranjeros sin residencia legal.
Sin embargo, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo decidieron postergar la adopción formal de la ley para su próxima sesión plenaria y exigieron obtener de los 27 una "declaración", garantizando que en el futuro será posible votar otras leyes contra las "subcontratistas" de mano de obra ilegal.
Los dispositivos aprobados por una amplia mayoría confirman en primer término un compromiso negociado entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Pero sobre todo, armoniza las sanciones administrativas, financieras e incluso penales para los casos más graves de empresarios "negreros" y las redes de trata de seres humanos.
Además, quedan implicados, según el texto, todas las personas que hayan recurrido a los servicios de inmigrantes clandestinos como empleados domésticos, que también estarán obligados a asegurarse que sus empleadores están en situación regular.
Las empresas, como también las subcontratistas directas quedarán expuestas a sanciones administrativas como la exclusión o la obligación reembolso de las ayudas públicas, la exclusión de los mercados públicos durante cinco años, o el cierre del establecimiento.
También serán pasibles de sanciones financieras, como multas, o el pago del costo del viaje de regreso del extranjero indocumentado a su país de origen.
Todo ésto sin excluir las sanciones penales para los casos más graves, como la reincidencia, el empleo de un número particularmente elevado de clandestinos, la imposición de condiciones de trabajo abusivas o el empleo deliberado de personas víctimas de la trata de seres humanos.
En la línea de la lucha contra la inmigración clandestina, Francia anunció este miércoles que los extranjeros en situación irregular en el país que denuncien las redes de inmigración clandestina podrán obtener un permiso de residencia provisional.
Sin embargo, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo decidieron postergar la adopción formal de la ley para su próxima sesión plenaria y exigieron obtener de los 27 una "declaración", garantizando que en el futuro será posible votar otras leyes contra las "subcontratistas" de mano de obra ilegal.
Los dispositivos aprobados por una amplia mayoría confirman en primer término un compromiso negociado entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE).
Pero sobre todo, armoniza las sanciones administrativas, financieras e incluso penales para los casos más graves de empresarios "negreros" y las redes de trata de seres humanos.
Además, quedan implicados, según el texto, todas las personas que hayan recurrido a los servicios de inmigrantes clandestinos como empleados domésticos, que también estarán obligados a asegurarse que sus empleadores están en situación regular.
Las empresas, como también las subcontratistas directas quedarán expuestas a sanciones administrativas como la exclusión o la obligación reembolso de las ayudas públicas, la exclusión de los mercados públicos durante cinco años, o el cierre del establecimiento.
También serán pasibles de sanciones financieras, como multas, o el pago del costo del viaje de regreso del extranjero indocumentado a su país de origen.
Todo ésto sin excluir las sanciones penales para los casos más graves, como la reincidencia, el empleo de un número particularmente elevado de clandestinos, la imposición de condiciones de trabajo abusivas o el empleo deliberado de personas víctimas de la trata de seres humanos.
En la línea de la lucha contra la inmigración clandestina, Francia anunció este miércoles que los extranjeros en situación irregular en el país que denuncien las redes de inmigración clandestina podrán obtener un permiso de residencia provisional.
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