Más de un millón 500 mil peruanos entre adultos y niños se beneficiarán con la ley que regula el procedimiento por reposición de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción destruidas o desaparecidas por negligencia, hechos fortuitos o actos delictivos, publicada hoy en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano, destacó la coordinadora de la ONG Alianza por el Derecho Ciudadano, María Teresa Mosquera.
Recordó que en octubre del año pasado, Alianza por el Derecho Ciudadano impulsó el cambio en la norma vigente, en el marco de su campaña “Identidad hecha cenizas, reconstruir sus partidas es deber del Estado”.
Mosquera consideró que la aprobación de esta norma constituye un avance importante en la restitución del derecho al nombre y la identidad de la población más pobre y vulnerable del país, pues ellos eran quienes se veían afectados directamente por esta problemática, impidiendo el ejercicio de sus otros derechos y el acceso a los diversos programas sociales.
“Es importante ahora que el Reniec asuma el liderazgo en la implementación de la norma, e involucre a las demás instituciones a que asuman este tema como prioridad en sus agendas a fin de que esta ley se haga efectiva lo más pronto posible y no se convierta en letra muerta, postergando una vez más la atención de las necesidades de la población más vulnerable”, expresó Mosquera. (ANDINA)
Recordó que en octubre del año pasado, Alianza por el Derecho Ciudadano impulsó el cambio en la norma vigente, en el marco de su campaña “Identidad hecha cenizas, reconstruir sus partidas es deber del Estado”.
Mosquera consideró que la aprobación de esta norma constituye un avance importante en la restitución del derecho al nombre y la identidad de la población más pobre y vulnerable del país, pues ellos eran quienes se veían afectados directamente por esta problemática, impidiendo el ejercicio de sus otros derechos y el acceso a los diversos programas sociales.
“Es importante ahora que el Reniec asuma el liderazgo en la implementación de la norma, e involucre a las demás instituciones a que asuman este tema como prioridad en sus agendas a fin de que esta ley se haga efectiva lo más pronto posible y no se convierta en letra muerta, postergando una vez más la atención de las necesidades de la población más vulnerable”, expresó Mosquera. (ANDINA)
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