PACASMAYO, (UN). En su momento el asunto fue tratado como secreto de estado y nada se informó a la población hasta que los rumores llegaron a mayores y fue una de las partes -en este caso la empresa industrial- la que confirmó la adquisición de 71 hectáreas a la municipalidad distrital de Pacasmayo. Es el caso de la venta de 71 Has. por parte de la MDP a Cementos Pacasmayo.
El asunto se remonta al medio año final de la gestión del alcalde Segundo Castro Núñez (agosto a diciembre 2006) que a vísperas de dejar el cargo y cuando ya se había elegido al gobernante que lo sucedería, estuvo a punto de vender las famosas 71 hectáreas por poco más de 202 mil dólares. De un momento a otro, y también sin explicación convincente, el pleno del concejo Castro Núñez tomó acuerdo declarando intangible y de reserva ecológica el área que primero pretendió vender a Cementos. La venta no se concretó y aparentemente con el acuerdo adoptado se aseguraban de impedir que la siguiente gestión la concretara.
Sin embargo, la gestión de Juan Lingán Ríos estaba muy bien enterada de este intento y desestimiento de transacción y, con solo unos días en el municipio, retomaron todo lo actuado. El nuevo concejo -en el que la cohesión y la fuerza estaban recién estrenados- acordó entonces declarar nulo el acuerdo de concejo de sus antecesores sobre la intangibilidad de la reserva ecológica en las 71 Has. De ese modo se dio validez a lo avanzado por la gestión Castro (tenían los informes técnico y legal sustentatorios y el acuerdo de concejo para la venta) y se concretó la famosa venta. Cementos Pacasmayo SAA adquirió 71.0890 Has, ubicadas en la parte posterior de la planta que operan, por 202 mil 133.40 dólares americanos. La venta se concretó en enero del 2007.
En el caso de la gestión Lingán se recuerda que a inicios de su gobierno contrató los servicios -entre otros- de Agustín De la Puente Martini como asesor legal externo, quien habría asesorado para concretar la venta del terreno sobre la base de los informes legal y técnico que obraban en archivos municipales y que venían de la gestión Castro.
El tema ha cobrado actualidad porque la Contraloría General de la República ha abierto una investigación en torno a los hechos que rodearon la venta de las 71 Has.
Por este caso la Contraloría ha convocado a los miembros de los concejos municipales de la gestión Castro y el concejo inicial de la gestión Lingán. Y deberán responder además de alcalde, ex alcalde y ex regidores, algunos funcionarios y ex funcionarios.
De acuerdo a lo conocido por Últimas Noticias, Contraloría habría detectado como irregular la venta directa del terreno. Lo que mandaba la ley era una venta por subasta pública.
Otro hecho que ameritaría graves responsabilidades es el precio por el cual la MDP vendió el terreno. La Contraloría habría determinado que la tasación no estuvo de acuerdo al reglamento nacional, y que se habría cobrado menos del precio que correspondía.
De confirmarse esto último se habría producido un grave perjuicio económico a la municipalidad y al Estado. Trascendió que según Contraloría, el precio de venta del terreno debió ser de 800 mil 995 dólares, es decir más de medio millón de dólares más de lo que se cobró a la empresa industrial.
Esta investigación, y otra sobre la miniatarjea -de lo que informamos con detalle en nuestra edición del viernes 5- son las que conduce la Contraloría en la etapa de descargos de los presuntos involucrados.
El asunto se remonta al medio año final de la gestión del alcalde Segundo Castro Núñez (agosto a diciembre 2006) que a vísperas de dejar el cargo y cuando ya se había elegido al gobernante que lo sucedería, estuvo a punto de vender las famosas 71 hectáreas por poco más de 202 mil dólares. De un momento a otro, y también sin explicación convincente, el pleno del concejo Castro Núñez tomó acuerdo declarando intangible y de reserva ecológica el área que primero pretendió vender a Cementos. La venta no se concretó y aparentemente con el acuerdo adoptado se aseguraban de impedir que la siguiente gestión la concretara.
Sin embargo, la gestión de Juan Lingán Ríos estaba muy bien enterada de este intento y desestimiento de transacción y, con solo unos días en el municipio, retomaron todo lo actuado. El nuevo concejo -en el que la cohesión y la fuerza estaban recién estrenados- acordó entonces declarar nulo el acuerdo de concejo de sus antecesores sobre la intangibilidad de la reserva ecológica en las 71 Has. De ese modo se dio validez a lo avanzado por la gestión Castro (tenían los informes técnico y legal sustentatorios y el acuerdo de concejo para la venta) y se concretó la famosa venta. Cementos Pacasmayo SAA adquirió 71.0890 Has, ubicadas en la parte posterior de la planta que operan, por 202 mil 133.40 dólares americanos. La venta se concretó en enero del 2007.
En el caso de la gestión Lingán se recuerda que a inicios de su gobierno contrató los servicios -entre otros- de Agustín De la Puente Martini como asesor legal externo, quien habría asesorado para concretar la venta del terreno sobre la base de los informes legal y técnico que obraban en archivos municipales y que venían de la gestión Castro.
El tema ha cobrado actualidad porque la Contraloría General de la República ha abierto una investigación en torno a los hechos que rodearon la venta de las 71 Has.
Por este caso la Contraloría ha convocado a los miembros de los concejos municipales de la gestión Castro y el concejo inicial de la gestión Lingán. Y deberán responder además de alcalde, ex alcalde y ex regidores, algunos funcionarios y ex funcionarios.
De acuerdo a lo conocido por Últimas Noticias, Contraloría habría detectado como irregular la venta directa del terreno. Lo que mandaba la ley era una venta por subasta pública.
Otro hecho que ameritaría graves responsabilidades es el precio por el cual la MDP vendió el terreno. La Contraloría habría determinado que la tasación no estuvo de acuerdo al reglamento nacional, y que se habría cobrado menos del precio que correspondía.
De confirmarse esto último se habría producido un grave perjuicio económico a la municipalidad y al Estado. Trascendió que según Contraloría, el precio de venta del terreno debió ser de 800 mil 995 dólares, es decir más de medio millón de dólares más de lo que se cobró a la empresa industrial.
Esta investigación, y otra sobre la miniatarjea -de lo que informamos con detalle en nuestra edición del viernes 5- son las que conduce la Contraloría en la etapa de descargos de los presuntos involucrados.
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