viernes, 10 de julio de 2009

Brack y Merino, unidos para prevenir conflictos socioambientales.

Resumen nota de prensa de la Defensora del Pueblo

La incansable labor de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, en su constante preocupación e información sobre los conflictos sociales latentes en el territorio nacional, (uno de ellos fue el gran conflicto de los amazónicos, que tuvo un lamentable desenlace el pasado 5 de junio), ha surtido efecto. El día de hoy viernes 10 de julio, ha firmado un convenio de cooperación institucional, con el Ministro del Medio Ambiente (MINAM), Antonio Brack, mediante el cual ambas instituciones se comprometen a desarrollar acciones conjuntas orientadas a la prevención, el manejo y la transformación de los conflictos sociales de origen socioambiental en el territorio nacional.

Dentro de las acciones a realizar está el intercambio de información oportuna, que permitirá coordinar acciones en el tratamiento de los asuntos socioambientales. Asimismo se realizarán coordinaciones con otras entidades del Poder Ejecutivo, de los diversos Gobiernos Regionales y Municipales, así como con representantes del sector privado y la sociedad civil que muestren su interés en la preservación del medio ambiente nacional.

Durante los próximos dos años –período de duración del referido convenio–, el MINAM y la Defensoría del Pueblo se comprometen igualmente, a la educación y formación de una conciencia ambiental, promoviendo y desarrollando programas de información y capacitación, en los diversos niveles de gobierno, acerca de temas de interés mutuo que contribuyan al desarrollo sostenible y el respeto de los derechos fundamentales.

Desde su creación, la Defensoría del Pueblo ha intervenido constantemente, en distintas formas, en la solución de los conflictos sociales de origen ambiental, contribuyendo a resolver los conflictos, desalentando las opciones violentas y afirmando la institucionalidad democrática y los mecanismos de diálogo.
Por otro lado, la función general del MINAM – organismo rector del Sector Ambiental del Poder Ejecutivo– es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental. Asimismo debe asumir acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora en razón del incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia.

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