
El Pleno del Congreso aprobó ayer otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para investigar la asignación, uso y ejecución de los recursos destinados para la reconstrucción de la zona sur del país por el sismo del 15 de agosto del 2007.
La moción No. 8084, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, fue a propuesta del portavoz de la UPP, congresista Alberto Escudero Casquino, quien, a su vez, en el debate del pleno, sustentó el acuerdo, considerando que dicha comisión tendría un plazo de 120 días útiles para las acciones del trabajo especializado en las materias que corresponden a su naturaleza y competencia.
Los congresistas que inicialmente suscribieron el acuerdo se citan a Alberto Escudero (UPP), Hildebrando Tapia (UN), Renzo Reggiardo (GPF), Mauricio Mulder (APRA), José Vargas (APRA), José Mazlucán (GPN), Pedro Santos (GPN)), Rosa Florián (UN), Juan Perry (AN), Jorge Foinquinos (AP), Edgar Reymundo (BP) y José Vega(UPP), Presidente de la Comisión de Fiscalización.
Según la información obtenida, se habría destinado para FORSUR la suma de 904´040,000 soles provenientes del Tesoro Público y la suma de 45´460,000 de donaciones y de la cooperación internacional ascendiendo a un total de 945´500,000 soles destinados a la reconstrucción; sin embargo, después de dos años sólo se habría avanzado en la reconstrucción en no más del 25%.
Alberto Escudero, reconoció el acuerdo unánime tanto de la Junta de Portavoces como de parte de sus colegas congresistas, por “resultar de prioritario interés público y de necesidad moral del Estado, establecer la manera en que se ha venido utilizando los recursos destinados a la reconstrucción, así como establecer las razones por las que lamentablemente miles de damnificados aún permanecen en estado de abandono, para aplicar las medidas correctivas y/o las sanciones que correspondan”.
Destacó, más adelante, que en conformidad al articulo 97 de la Constitución Política y 88 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Fiscalización puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables.
La moción No. 8084, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Fiscalización y Contraloría, fue a propuesta del portavoz de la UPP, congresista Alberto Escudero Casquino, quien, a su vez, en el debate del pleno, sustentó el acuerdo, considerando que dicha comisión tendría un plazo de 120 días útiles para las acciones del trabajo especializado en las materias que corresponden a su naturaleza y competencia.
Los congresistas que inicialmente suscribieron el acuerdo se citan a Alberto Escudero (UPP), Hildebrando Tapia (UN), Renzo Reggiardo (GPF), Mauricio Mulder (APRA), José Vargas (APRA), José Mazlucán (GPN), Pedro Santos (GPN)), Rosa Florián (UN), Juan Perry (AN), Jorge Foinquinos (AP), Edgar Reymundo (BP) y José Vega(UPP), Presidente de la Comisión de Fiscalización.
Según la información obtenida, se habría destinado para FORSUR la suma de 904´040,000 soles provenientes del Tesoro Público y la suma de 45´460,000 de donaciones y de la cooperación internacional ascendiendo a un total de 945´500,000 soles destinados a la reconstrucción; sin embargo, después de dos años sólo se habría avanzado en la reconstrucción en no más del 25%.
Alberto Escudero, reconoció el acuerdo unánime tanto de la Junta de Portavoces como de parte de sus colegas congresistas, por “resultar de prioritario interés público y de necesidad moral del Estado, establecer la manera en que se ha venido utilizando los recursos destinados a la reconstrucción, así como establecer las razones por las que lamentablemente miles de damnificados aún permanecen en estado de abandono, para aplicar las medidas correctivas y/o las sanciones que correspondan”.
Destacó, más adelante, que en conformidad al articulo 97 de la Constitución Política y 88 del Reglamento del Congreso, la Comisión de Fiscalización puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables.
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