Por Mirko Lauer
Columnista del diario La República
En poco tiempo los tristes sucesos de Bagua han evolucionado de conflicto regional por recursos naturales a caso político-policial, y de allí a un pulseo de antropología social. Lo que ha terminado sobre la mesa es la identidad misma de los nativos amazónicos frente al resto del país. Con tantos elementos el asunto va a mantenerse en la noticia.
Si los confrontadores de la policía hubieran sido, digamos, obreros de construcción civil la secuela de las muertes hubiera seguido otro rumbo. Pero que las víctimas y los asesinos sean nativos le viene dando al caso giros complicados que insumen datos culturales, ecológicos, y humanitarios.
En buena medida venimos presenciando un duelo de estereotipos que parecían superados. Más de un medio de prensa se ha dedicado a promover la imagen del indígena salvaje y feroz. En el otro extremo varias ONGs promueven la imagen del buen salvaje esencialmente inimputable. En el medio las instituciones de la justicia flaquean más que de costumbre.
Varias cosas conspiran contra un funcionamiento cabal del orden establecido en Bagua 2010:
º No parece haber capacidad operativa policial para investigar los hechos en un espacio donde la población nativa está movilizada contra la idea misma de que eso se haga. Las más de 20 muertes de uniformados de mediados de este año son un potente disuasor.
º Los jueces de la zona del conflicto han empezado a arrastrar los pies y a hacer concesiones discutibles, comprensiblemente recelosos de actuar con aplomo en un terreno minado por la confrontación política en el espacio nacional.
º Los jefes nativos (apus) en algunos aspectos funcionan como autoridades paralelas a las del Estado peruano, y su ánimo es que existe un conflicto político que debe sobreponerse a las preocupaciones policiales y judiciales.
º Hay una influyente corriente de opinión nacional e internacional que ve la diferencia cultural de los nativos como un argumento de excepcionalidad jurídica (este fue uno de los argumentos de la Comisión Uchuraccay en 1983-1984).
º Cada uno por sus propios motivos la antropología especializada y los intereses transnacionales coinciden en un mantenimiento administrado del statu quo amazónico, indiferente, cuando no contrario, a las ideas de modernización que flotan en el ambiente.
Por desgracia el año electoral 2010 y la secuela de ataques cruzados en torno a Bagua no parecen la mejor coyuntura para que la opinión pública avance en una comprensión ecuánime y solidaria de los nativos amazónicos como ciudadanos. Pero de todos modos esa es la tarea incumplida que se presenta ante nosotros.
Columnista del diario La República
En poco tiempo los tristes sucesos de Bagua han evolucionado de conflicto regional por recursos naturales a caso político-policial, y de allí a un pulseo de antropología social. Lo que ha terminado sobre la mesa es la identidad misma de los nativos amazónicos frente al resto del país. Con tantos elementos el asunto va a mantenerse en la noticia.
Si los confrontadores de la policía hubieran sido, digamos, obreros de construcción civil la secuela de las muertes hubiera seguido otro rumbo. Pero que las víctimas y los asesinos sean nativos le viene dando al caso giros complicados que insumen datos culturales, ecológicos, y humanitarios.
En buena medida venimos presenciando un duelo de estereotipos que parecían superados. Más de un medio de prensa se ha dedicado a promover la imagen del indígena salvaje y feroz. En el otro extremo varias ONGs promueven la imagen del buen salvaje esencialmente inimputable. En el medio las instituciones de la justicia flaquean más que de costumbre.
Varias cosas conspiran contra un funcionamiento cabal del orden establecido en Bagua 2010:
º No parece haber capacidad operativa policial para investigar los hechos en un espacio donde la población nativa está movilizada contra la idea misma de que eso se haga. Las más de 20 muertes de uniformados de mediados de este año son un potente disuasor.
º Los jueces de la zona del conflicto han empezado a arrastrar los pies y a hacer concesiones discutibles, comprensiblemente recelosos de actuar con aplomo en un terreno minado por la confrontación política en el espacio nacional.
º Los jefes nativos (apus) en algunos aspectos funcionan como autoridades paralelas a las del Estado peruano, y su ánimo es que existe un conflicto político que debe sobreponerse a las preocupaciones policiales y judiciales.
º Hay una influyente corriente de opinión nacional e internacional que ve la diferencia cultural de los nativos como un argumento de excepcionalidad jurídica (este fue uno de los argumentos de la Comisión Uchuraccay en 1983-1984).
º Cada uno por sus propios motivos la antropología especializada y los intereses transnacionales coinciden en un mantenimiento administrado del statu quo amazónico, indiferente, cuando no contrario, a las ideas de modernización que flotan en el ambiente.
Por desgracia el año electoral 2010 y la secuela de ataques cruzados en torno a Bagua no parecen la mejor coyuntura para que la opinión pública avance en una comprensión ecuánime y solidaria de los nativos amazónicos como ciudadanos. Pero de todos modos esa es la tarea incumplida que se presenta ante nosotros.
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