Piden frenar robo de energía

• Familias pueden acceder a instalaciones provisionales
• Penas severas por el robo

Por: Carlos Cerna Bazán
Pese a que el Código Penal sanciona el delito de robo de energía eléctrica con penas que van de uno a tres años de prisión, decenas de familias de los alrededores de Trujillo siguen arriesgándose con instalaciones clandestinas que además ponen en serio peligro sus vidas y las de sus vecinos, informaron funcionarios de la empresa Hidrandina, agregando que ello ocasiona también pérdidas, afectando futuros proyectos de electrificación en sectores rurales, principalmente.
En el operativo antirrobo de energía eléctrica en los sectores Alan García y Las Palmeras del distrito de La Esperanza, así como en el barrio 3B de Alto Trujillo se incautó casi 125 kilogramos de cables de conductor telefónico, TW y mellizo de las conexiones clandestinas el cual fue ingresado al almacén de Patio Norte. Proyectando los cálculos de pérdidas, funcionarios de Hidrandina indicaron que las éstas ascienden a más de 20 mil nuevos soles.
Debemos informar que la Unidad de Control de Pérdidas de Hidrandina con el debido respaldo policial realiza intensos operativos anticlandestinaje en diversos sectores en forma inopinada y contando con el respaldo mayoritario de la población, pues estas acciones ilegales ponen en peligro sus viviendas, la vida de los niños o cualquier ciudadano que puede electrocutarse con este irresponsable cableado o instalación.

El robo y uso clandestino de electricidad es considerado como delito contra el patrimonio. Sin embargo, cabe señalar que en estos casos Hidrandina, en el marco de la ley de concesiones, permite la superación de estos problemas abriéndoles las puertas de la formalización a los moradores, mediante el suministro provisional y el suministro temporal.
Funcionarios de la institución señalaron que el hurto de energía también se da en zonas residenciales, como por ejemplo en algunas construcciones nuevas (edificios multifamiliares). De igual modo, solicitaron que las autoridades correspondientes, en el marco de la ley y las normas vigentes, cumplan con atender desde sus atribuciones y responsabilidades este problema que si bien es social debe ser atendido en su real magnitud, pues nada justifica el hurto de energía.