Organizaciones anunciaron movilización para exigir la conformación de una nueva comisión que investigue el “Baguazo”.(EFE – El Comercio) . El Gobierno autorizó ayer la intervención de las Fuerzas Armadas ante la convocatoria, para hoy, de una movilización de organizaciones indígenas, según resolución publicada en el diario oficial.
Según el decreto, la medida busca “proteger a la población de las amenazas a su seguridad” y que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a la Policía Nacional.
La resolución, firmada por el presidente Alan García, y los ministros de Defensa y del Interior, Rafael Rey y Octavio Salazar, respectivamente, señala que la intención es asegurar “el normal funcionamiento de los servicios esenciales y establecimientos públicos y privados”.
Añadió que la medida busca asegurar la seguridad, sobretodo, en las ciudades de Bagua y Tarapoto, y en la norteña Cajamarca.
Un grupo de organizaciones indígenas peruanas convocó la movilización para el lunes en rechazo a un informe oficial sobre los enfrentamientos que el año pasado dejaron 34 muertos y una ley sobre el proceso de consulta a las comunidades nativas.
NUEVA COMISIÓN
Según las organizaciones, entre las que se encuentra la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep ), la movilización exigirá la conformación de una nueva comisión que investigue los sucesos de la localidad Bagua, donde en junio del año pasado murieron 24 policías y 10 civiles durante una protesta de los indígenas selváticos.
Los manifestantes también exigirán la ampliación de las mesas de diálogo con el Gobierno sobre temas vinculados a los derechos de los indígenas.
PROTESTA INDÍGENA
La protesta fue ratificada por Aidesep, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Regional de los Pueblos de la Amazonía Norte (Orpian) y la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE).
El Ejecutivo peruano explicó que la autorización “no releva” a la Policía de sus tareas de control y que “no existirá en modo alguno restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales” establecidos en la Constitución peruana y las leyes internacionales.
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