(Enlace Nacional) La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios de la Organización Internacional del Trabajo solicitó al Perú que suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afecten a los pueblos nativos, hasta que asegure la aplicación del derecho a la consulta fijado en el Convenio 169 que el Estado peruano firmó en 1992; sin embargo, según el secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, el Estado peruano no ha tomado en cuenta esta suspensión y hace caso omiso del convenio con dicha institución.
“Cuando uno firma un convenio se obliga, se compromete. Y hay un convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y evidentemente el Perú tiene allí una obligación que saldar. Por lo demás para qué el estado peruano acepta formulaciones de mecanismos como la comisión de expertos en aplicación de convenios si es que no les va a hacer caso a las decisiones emanadas por estos expertos”.
Gamarra señaló también que en vez de tener efectos positivos en el avance de los casos, como el de la minera Río Blanco, estamos teniendo un conjunto de afectaciones a los derechos básicos de las personas y las comunidades. El hecho es que el gobierno muestra poca voluntad para cumplir sus acuerdos. “En el buen orden de las cosas el estado peruano debería sentirse atado o ligado como realmente lo está a cumplir con la decisión de expertos en aplicación de los convenios de la OIT. En términos prácticos los estados, no sólo el estado peruano consideran que determinadas decisiones como la de este comité de expertos, no necesariamente lo obligan”, dijo Gamarra.
El Estado peruano está obligado a hacer las consultas comunales antes de iniciar procesos de exploración y explotación de recursos minerales. Los proyectos de exploración y explotación que no cumplieron con la consulta a los pueblos afectados, como los de Río Blanco (antes Majaz) en Piura, Tía María en Arequipa, Afrodita en Amazonas, entre otros, deberán suspender sus actividades.
“Cuando uno firma un convenio se obliga, se compromete. Y hay un convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y evidentemente el Perú tiene allí una obligación que saldar. Por lo demás para qué el estado peruano acepta formulaciones de mecanismos como la comisión de expertos en aplicación de convenios si es que no les va a hacer caso a las decisiones emanadas por estos expertos”.
Gamarra señaló también que en vez de tener efectos positivos en el avance de los casos, como el de la minera Río Blanco, estamos teniendo un conjunto de afectaciones a los derechos básicos de las personas y las comunidades. El hecho es que el gobierno muestra poca voluntad para cumplir sus acuerdos. “En el buen orden de las cosas el estado peruano debería sentirse atado o ligado como realmente lo está a cumplir con la decisión de expertos en aplicación de los convenios de la OIT. En términos prácticos los estados, no sólo el estado peruano consideran que determinadas decisiones como la de este comité de expertos, no necesariamente lo obligan”, dijo Gamarra.
El Estado peruano está obligado a hacer las consultas comunales antes de iniciar procesos de exploración y explotación de recursos minerales. Los proyectos de exploración y explotación que no cumplieron con la consulta a los pueblos afectados, como los de Río Blanco (antes Majaz) en Piura, Tía María en Arequipa, Afrodita en Amazonas, entre otros, deberán suspender sus actividades.
0 comentarios:
Publicar un comentario