Lima (ANDINA)- La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, denunció hoy la existencia de grupos ideologizados que aprovechan los conflictos entre empresas mineras y comunidades para desinformar y generar acciones de protesta.Según explicó, tales grupos utilizan “la asimetría” de las empresas mineras que tienen carácter multinacional y poseen profesionales de alta capacitación, con aquellas comunidades campesinas que viven de la agricultura y que muchas veces se encuentran postergadas por el Estado.
“Esta asimetría es aprovechada por grupos ideologizados, por personas que tienen una posición antiminera, y en ese espacio van aprovechando para desinformar a las personas”, argumentó al analizar el caso de Islay, donde rechazan el proyecto Tía María.
Sin embargo, afirmó que en el Perú hay muchas inversiones extractivas que se desarrollan en perfecta armonía con sus comunidades, y como prueba de ello, mencionó que el Perú crece económicamente a nivel de PBI y en la recaudación de impuestos.
Destacó, en ese sentido, la responsabilidad de las compañías extractivas que llevan a cabo sus actividades sin perjudicar el ambiente y el entorno natural de las comunidades, cuyos habitantes temen la contaminación de sus tierras y fuentes de agua.
“Yo más bien diría que la violencia es la excepción. Lo que sí está claro es que hay un largo camino que recorrer: las empresas deben comunicar mejor, el Estado debe capacitar mejor a sus funcionarios, y el Poder Ejecutivo que debe continuar sectorizando los conflictos y aumentando el número de las mesas de diálogo”, recomendó.
Merino resaltó que en el caso de Islay, donde los manifestantes bloquearon por varios días la carretera Panamericana Sur, el propio presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, viaje hasta la zona para escuchar las demandas de la población.
Sostuvo que ella viajó hasta la Región Arequipa, donde pudo recoger los pedidos de alcaldes locales y los dirigentes comunales, para luego presentar esa información al jefe del gabinete ministerial.
“El diálogo será el camino de la ley por el cual debe discurrir este proceso, mas no la violencia que es el bloqueo de carreteras, que origina que mucha gente inocente esté por días sin alimento, con peligro hasta de su vida y de su salud, y tampoco una intervención policial que pueda originar daños irremediables en la población”, dijo.
Como una forma de mejorar los niveles de información y evitar conflictos, propuso que los estudios de impacto ambiental sean elaborados por el Ministerio del Ambiente porque se trata de la entidad directamente relacionada con el tema.
La titular de la Defensoría consideró que la población tiene una percepción negativa de ese proceso, porque actualmente el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de elaborar tales estudios.
Por esta situación, indicó en CPN Radio que la ciudadanía percibe al Ministerio de Energía como “juez y parte” porque, por un lado, promueve la inversión entres las mineras, y por otro lado, es quien juzga si el proyecto contamina o no.
“Allí hay un tema de credibilidad que debe restablecerse entre el Estado y la ciudadanía, para evitar que los temores y dudas de la contaminación, generen la violencia a la que hemos llegado en varios casos por este tipo de conflictos”, acotó.
0 comentarios:
Publicar un comentario