
Los recientes comicios para elegir a tres nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no han diluido el sentimiento generalizado de que esta recomposición es insuficiente para superar la grave crisis operativa e institucional de la entidad, que repercute en el vapuleado sistema de administración de justicia.
Los escándalos en los que se ha visto envuelto el CNM en los últimos meses lo descalifican para seleccionar, ratificar y sancionar a los jueces y fiscales de todo el país. ¿Con qué autoridad moral podría hacerlo luego de que uno de los consejeros fue sorprendido pidiendo coima; de que se descubriera que uno de sus asesores tenía antecedentes hasta penales; y de que el pleno del CNM jalara al fiscal Avelino Guillén, reconocido acusador de Fujimori, con argumentos inconsistentes y manipulados?
Independientemente de quiénes sean los nuevos miembros, sigue entonces pendiente la ardua tarea de reformar el CNM y librarlo de interferencias políticas y de esquemas de corrupción, que aseguren el cumplimiento estricto y probo de sus cruciales funciones.
Desde aquí hemos apuntado ciertas modificaciones en la estructura y modo de actuar del CNM, en lo que coincidimos con el ex presidente del Congreso Henry Pease y otros expertos.
Lo más urgente es terminar con el excesivo secretismo que persiste en la entidad y hacer de la transparencia la regla y no la excepción. Vinculado con ello está el modo de elección de los consejeros, que provienen de colegios profesionales, en lo que prima la cantidad de afiliados y no la calidad de los postulantes.
Peor aun, el sistema de rendición de cuentas es débil o inexistente y, ante crasos errores cometidos en el CNM, debe pasar un buen tiempo antes de ver medidas correctivas. Es más, los consejeros que representan a colegios profesionales o universidades, una vez elegidos actúan de modo arbitrariamente personal, sin dar explicación siquiera al colegio o universidad que los puso allí.
El objetivo principal del CNM, al amparo de la Carta Constitucional de 1993, es despolitizar la elección de jueces y fiscales e impedir que sean digitados por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Ello correspondía hacerlo a la sociedad civil, pero vemos que incluso este concepto debe ser sometido a una nueva evaluación, pues engloba mucho más que los colegios profesionales, por ejemplo a trabajadores y empresarios. Lo que sí habría que asegurar, en cualquier caso, es un sistema que permita dar mayor peso a la calidad de los postulantes y a su conocimiento de leyes.
Aclaremos que la reestructuración del CNM es solo una parte de la reforma del sistema judicial, rebasado por jueces provisionales y suplentes, y que la población percibe mayoritariamente como lento, corrupto y sobrecargado, además de carente de filtros para evitar y castigar denuncias falsas e infundadas.
La nación aguarda y exige señales de autocrítica y de mejora del sistema de administración de justicia, que no pertenece a los jueces y fiscales, sino a todos los peruanos. El recompuesto CNM tiene que ser permeable a este clamor y coordinar con la presidencia del Poder Judicial las iniciativas legislativas para reformar este poder del Estado y todas sus dependencias, en lo que la presencia del Congreso es insoslayable.
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