
(La República).- La abogada Rita Ruck, de la Comisión de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos, dijo que el religioso británico Paul Mc Auley, a quien Migraciones ha cancelado su residencia, no ha infringido la Ley de Extranjería porque dispone de visa para hacer trabajos educativos.
“Él tiene visa como religioso para realizar trabajos educativos en el país, y en los últimos años se ha ocupado de educar a los pueblos nativos sobre sus derechos fundamentales a través de la Red Ambiental Loretana que preside”, señaló.
Agregó que en la tarde de ayer presentaron en Loreto un recurso de Hábeas Corpus que debe ser resuelto en veinticuatro horas.Mientras que en Lima, en el Ministerio del Interior, ingresaron un recurso de reconsideración de la resolución que expulsa al miembro de la congregación La Salle.
Respecto al atestado policial sobre las actividades que Mc Auley realizaba en Loreto, la abogada Rita Ruck dijo que han presentado las charlas, conversatorios y las opiniones vertidas por el religioso como azuzamiento para que los indígenas se enfrenten al Estado.
“Los actos de protesta siempre han sido en contra de las acciones de las empresas petroleras que afectan la vida de los nativos”, añadió.
Crece la solidaridad
Mientras tanto, un grupo de personas se concentró en la víspera en el frontis de la Corte Superior de Maynas para rechazar la decisión de Migraciones.
Mañana miércoles, a las 3 p.m., el Comité de lucha contra la expulsión de Paul Mc Auley iniciará una movilización ciudadana que partirá de la Plaza 28 de Julio de la capital loretana.
Por su parte, en Lima, la Asociación Pro Derechos Humanos y el Concilio Nacional Evangélico condenaron la arbitraria decisión del Ejecutivo. Se informó que la congresista Gloria Ramos también cuestionó el hecho en cartas dirigidas al premier Javier Velásquez y al ministro Octavio Salazar.
Premier insiste en la confrontación
El presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez afirmó, respecto a la cancelación de la residencia de Mc Auley, que no permitirán que extranjeros realicen actividades u organicen protestas contra el modelo de desarrollo impulsado por el actual gobierno.
”No vamos a dar marcha atrás en la decisión que hemos tomado, pero sí garantizamos el debido proceso. Esto es un acto administrativo que puede ser apelado, que puede ser reconsiderado”, señaló.
El premier expresó además que el país reconoce la contribución de la Iglesia Católica en el proceso histórico de la patria, pero que de ninguna manera van a permitir que extranjeros solivianten protestas contra un modelo de desarrollo que todos los peruanos han apoyado en las urnas.
”No somos voceros de petroleras ni de mineras, defendemos las inversiones porque generan empleo”, insistió ante las críticas en esa línea.
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