El Pleno aprobó paquete de normas que modifican Código Penal. Daños contra integridad física o propiedad privada tendrán penas de 6 a 8 años.(Perú 21).- El Pleno del Congreso aprobó un paquete de normas orientadas a modificar varios artículos del Código Penal con el fin de aumentar las penas para reprimir los actos de hurto y de vandalismo que impidan o entorpezcan el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de agua, alcantarillado, electricidad, hidrocarburos y telecomunicaciones, así como los que atentan contra fábricas y obras que afecten la seguridad común.
Según el dictamen, los casos en que se actúe con violencia y se atente contra la integridad física o se cause grave daño a la propiedad pública o privada, la pena privativa de libertad será no menor de seis años ni mayor de ocho. En el caso de atentados en contra de la seguridad común, la pena será no menor de seis ni mayor de 10 años de cárcel.
MÁS SANCIONES. Asimismo, en los casos de hurto agravado en instalaciones de transporte, equipos o elementos de seguridad para la prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas y telecomunicaciones, el autor será reprimido con prisión no menor de cuatro ni mayor de ocho años; y con penas de uno a tres años a los receptores de esos hurtos.
La iniciativa, que fue sustentada por el presidente de la comisión de Justicia, Rolando Sousa (GPF), fue aprobada por 50 votos a favor, 26 en contra y cero abstenciones, y exonerada de segunda votación por 50 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS. De otro lado, el Pleno del Legislativo también aprobó el dictamen de la Comisión de Justicia que se allana a las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la autógrafa de la ley que proponía la aplicación inmediata del Código Procesal Penal para sancionar los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Se precisó que por razones presupuestarias sería complicado, por el momento, poner en marcha la aplicación inmediata del referido Código a nivel nacional. De otro lado, quedó en suspenso la aprobación del Consejo Nacional de Política Criminal.
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