Propósito es crear un marco regulatorio que empresas de servicios deben cumplir
Lima (ANDINA).- Un proyecto de ley que crea un marco regulatorio que establezca la programación de obras públicas y habilitación de servicios de agua, desagüe, telefonía y gas natural, entre otros, para evitar que se rompa de forma desordenada las calles y ello genere molestia general en los vecinos y transeúntes, aprobó por unanimidad la comisión de Descentralización del Parlamento.
“Esta propuesta busca que las municipalidades coordinen con las empresas de servicios públicos de agua y desagüe, luz y telefonía, para que los trabajos que impliquen la rotura de pistas y veredas se realicen en un período determinado, de modo que la población no sufra los embates de este desorden que generan las obras”, sostuvo la congresista Lourdes Alcorta, autora del proyecto.
Agregó que, en la actualidad, cada empresa rompe y parcha las pistas y calles cuando se le ocurre.
“Como las municipalidades tienen un plan de gobierno anual para la implementación de servicios, pues tendrán que ponerse de acuerdo con las empresas de servicios para hacer un trabajo conjunto. Eso evitará que las comunas dejen la pista nueva y luego las empresas la rompan.”
De ser aprobada esta norma, el Plan de Obras de Servicios Públicos debe ser informado cada vez que se planee realizar alguna construcción o instalación en las vías públicas, que involucre a más de un distrito.
Con este nuevo marco normativo, aquella entidad que ejecute obras sin la autorización municipal incurrirá en una falta y podría ser sujeto de sanciones como la multa, suspensión o cancelación de las licencias municipales.
Intervención coordinada
El proyecto, presentado hace más un año, obligará a las empresas o entidades que intervengan la calle a que lo hagan de manera integral y coordinada, informando al público claramente quién es el responsable de la obra en cada etapa, ya sea con avisos o paneles.
“Esta norma es una presión para los alcaldes, ya que no habría tenido que existir una ley para que esto se regule. Los alcaldes son los administradores del distrito y ellos tienen iniciativa para haber hecho lo mismo”, comentó la parlamentaria.
Obras concluidas
La congresista Lourdes Alcorta afirma que es mucho el dinero que la ciudadanía pierde cada vez que se ve impedido de transitar por calles y avenidas.
Criticó a aquellos alcaldes que no fueron reelectos porque han dejado todo abandonado. Eso debe ser penado, dijo, y anunció que prepara otra iniciativa en la que los alcaldes terminen sus obras cuatro meses antes que concluir su gestión; de lo contrario, recibirían una sanción.
Martha Moyano se mostró de acuerdo con la iniciativa, pero sugirió que cuando se trate de la solicitud de nuevos obras por parte del poblador, se recurra al DS N° 020 para no afectar el calendario.
Iniciativa oportuna
Consultado sobre este proyecto de ley, el alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, consideró que esta propuesta recoge el sentir del ciudadano de a pie, que está representado por sus autoridades locales y que no puede expresar su malestar en el momento que se ejecutan las obras de forma desordenada.
Cuando las instituciones o empresas de servicios públicos quieren hacer sus modificaciones, generalmente vienen y no toman en cuenta a la autoridad local. No preguntan a la alcaldía si pueden o no.
“Solo comunican y, muchas veces, rompen las avenidas que acabamos de inaugurar y después las dejan mal parchadas. Nunca hubo coordinación porque no había una ley, de modo que el proyecto es muy oportuno, sobre todo por el tema de sanciones para las empresas que no cumplan”, manifestó.
Lima (ANDINA).- Un proyecto de ley que crea un marco regulatorio que establezca la programación de obras públicas y habilitación de servicios de agua, desagüe, telefonía y gas natural, entre otros, para evitar que se rompa de forma desordenada las calles y ello genere molestia general en los vecinos y transeúntes, aprobó por unanimidad la comisión de Descentralización del Parlamento.
“Esta propuesta busca que las municipalidades coordinen con las empresas de servicios públicos de agua y desagüe, luz y telefonía, para que los trabajos que impliquen la rotura de pistas y veredas se realicen en un período determinado, de modo que la población no sufra los embates de este desorden que generan las obras”, sostuvo la congresista Lourdes Alcorta, autora del proyecto.
Agregó que, en la actualidad, cada empresa rompe y parcha las pistas y calles cuando se le ocurre.
“Como las municipalidades tienen un plan de gobierno anual para la implementación de servicios, pues tendrán que ponerse de acuerdo con las empresas de servicios para hacer un trabajo conjunto. Eso evitará que las comunas dejen la pista nueva y luego las empresas la rompan.”
De ser aprobada esta norma, el Plan de Obras de Servicios Públicos debe ser informado cada vez que se planee realizar alguna construcción o instalación en las vías públicas, que involucre a más de un distrito.
Con este nuevo marco normativo, aquella entidad que ejecute obras sin la autorización municipal incurrirá en una falta y podría ser sujeto de sanciones como la multa, suspensión o cancelación de las licencias municipales.
Intervención coordinada
El proyecto, presentado hace más un año, obligará a las empresas o entidades que intervengan la calle a que lo hagan de manera integral y coordinada, informando al público claramente quién es el responsable de la obra en cada etapa, ya sea con avisos o paneles.
“Esta norma es una presión para los alcaldes, ya que no habría tenido que existir una ley para que esto se regule. Los alcaldes son los administradores del distrito y ellos tienen iniciativa para haber hecho lo mismo”, comentó la parlamentaria.
Obras concluidas
La congresista Lourdes Alcorta afirma que es mucho el dinero que la ciudadanía pierde cada vez que se ve impedido de transitar por calles y avenidas.
Criticó a aquellos alcaldes que no fueron reelectos porque han dejado todo abandonado. Eso debe ser penado, dijo, y anunció que prepara otra iniciativa en la que los alcaldes terminen sus obras cuatro meses antes que concluir su gestión; de lo contrario, recibirían una sanción.
Martha Moyano se mostró de acuerdo con la iniciativa, pero sugirió que cuando se trate de la solicitud de nuevos obras por parte del poblador, se recurra al DS N° 020 para no afectar el calendario.
Iniciativa oportuna
Consultado sobre este proyecto de ley, el alcalde de Pueblo Libre, Rafael Santos, consideró que esta propuesta recoge el sentir del ciudadano de a pie, que está representado por sus autoridades locales y que no puede expresar su malestar en el momento que se ejecutan las obras de forma desordenada.
Cuando las instituciones o empresas de servicios públicos quieren hacer sus modificaciones, generalmente vienen y no toman en cuenta a la autoridad local. No preguntan a la alcaldía si pueden o no.
“Solo comunican y, muchas veces, rompen las avenidas que acabamos de inaugurar y después las dejan mal parchadas. Nunca hubo coordinación porque no había una ley, de modo que el proyecto es muy oportuno, sobre todo por el tema de sanciones para las empresas que no cumplan”, manifestó.
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