La Libertad (ANDINA).- La Oficina Defensorial de La Libertad comprobó irregularidades en la expedición de certificados de buena conducta a los internos del Establecimiento Penitenciario Trujillo, tras una supervisión de los procedimientos de entrega, por lo que recomendó a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) disponga medidas correctivas.
William León, jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, señaló que se revisaron los libros de medidas disciplinarias de los internos, las actas de sesión del Consejo Técnico Penitenciario de Trujillo y los certificados de conducta otorgados durante 2010.
Después de dicha revisión, agregó el funcionario, se pudo advertir la emisión irregular de certificados de buena conducta.
Precisó que se han detectado certificados de conducta duplicados y falta de correlación en números y fechas, lo que haría suponer un irregular procedimiento y falta de cuidado en el registro de sanción de los internos.
Al amparo de su mandato de supervisión de la administración penitenciaria y en interés de la seguridad penitenciaria y de la justicia penal, la Defensoría ha hecho de conocimiento de las autoridades del Inpe y del Ministerio Público estos hechos para que dispongan las medidas correctivas que permitan garantizar la validez de los certificados de conducta y una investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los presuntos responsables.
También comunicó esta situación a los órganos jurisdiccionales para que revisen la validez de los documentos que hayan sido indebidamente emitidos.
William León, jefe de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, señaló que se revisaron los libros de medidas disciplinarias de los internos, las actas de sesión del Consejo Técnico Penitenciario de Trujillo y los certificados de conducta otorgados durante 2010.
Después de dicha revisión, agregó el funcionario, se pudo advertir la emisión irregular de certificados de buena conducta.
Precisó que se han detectado certificados de conducta duplicados y falta de correlación en números y fechas, lo que haría suponer un irregular procedimiento y falta de cuidado en el registro de sanción de los internos.
Al amparo de su mandato de supervisión de la administración penitenciaria y en interés de la seguridad penitenciaria y de la justicia penal, la Defensoría ha hecho de conocimiento de las autoridades del Inpe y del Ministerio Público estos hechos para que dispongan las medidas correctivas que permitan garantizar la validez de los certificados de conducta y una investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los presuntos responsables.
También comunicó esta situación a los órganos jurisdiccionales para que revisen la validez de los documentos que hayan sido indebidamente emitidos.
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