Por: Ubaldo Te jada Guerrero
– Analista Global –
utguerrero31@yahoo.es
No es casualidad que exista relación entre discapacidad y pobreza, esto se debe a que los gobiernos de turno han ignorado a los pensionistas y discapacitados y han implementado políticas discriminatorias. Es necesario cambiar con mejores oportunidades para que tengan atención en salud; educación y empleo. Es importante también que tengan acceso a participar en la toma de decisiones del país en su calidad de ciudadanos con plenos derechos humanos.
Quinientos millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad o minusvalía. En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio de Salud realizaron un estudio que reveló que 45,4% -es decir, casi la mitad de la población peruana- sufría algún tipo de deficiencia. Este mismo estudio encontró que la tasa de prevalencia de la discapacidad era de 31,28% y que 13 de cada 100 peruanos padece de algún tipo de minusvalía (http://blog.pucp.edu.pe/blog/discapacidad/).
Investigaciones indican que 3’800.000 peruanos tienen alguna discapacidad, según la Comisión de Discapacidad del Congreso. De marzo del 2010 es la fecha en que se empezará a sancionar económicamente a las empresas en las que el 3% de sus planillas no incluyan a personas con discapacidad. 42.600 Soles será la multa para las empresas que no acaten esa ley. 3 De cada 100 discapacitados peruanos tienen un trabajo estable, según la comisión. 70% Del total de ciegos peruanos son analfabetos (http://ong.tupatrocinio.com/discapacitados-peru-c9-p17.html).
Las personas con discapacidad, representamos el alrededor de tres millones de habitantes, y pese a contar con una ley que debe proteger el derecho al trabajo, ello no se cumple por parte de la mayoría de empleadores, lo mismo que el diseño de la arquitectura de la ciudad y edificios públicos no cuentan con las facilidades para el desplazamiento de éste importante grupo social.
La cuota laboral establecida en el artículo 33 de la Ley General de la Persona con Discapacidad 27050, referida a la cuota de plazas laborales para este sector de la población, equivalente al tres por ciento del total de trabajadores públicos, no se viene cumpliendo.
A pesar de que son muchas las personas discapacitadas, que vencen sus limitaciones para destacar en el deporte, la política, el arte o la empresa privada, así como ocurre en otras partes del mundo, el discapacitado en el Perú es víctima de la indiferencia, la discriminación y la marginación.
Esta situación ha generado una ausencia de iniciativa política respecto a la promulgación y reglamentación de leyes que apoyen y respalden al minusválido y, por consiguiente, el retraso en el desarrollo e integración de estas personas en la sociedad. Más aún, las leyes promulgadas en el marco de la década Internacional de las Personas Impedidas (1983–1992) que promovían el empleo, normaban la eliminación de barreras arquitectónicas y otorgaban créditos promocionales para sus empresas y beneficios tributarios para las empresas que contrataran trabajadores discapacitados, fueron prácticamente anuladas a partir de 1985 en el Perú.
Las organizaciones de personas con discapacidad lograron que el Congreso aprobara la ley 27050 que protege y ampara a los discapacitados del Perú. La medida dispone principalmente la ejecución de proyectos de desarrollo que permitan el normal desenvolvimiento de estas personas en la sociedad. Las deficiencias: ausencia de un financiamiento claro para la ejecución de las políticas, no concreción del papel del Estado en el proceso de promoción del empleo, ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas de personas con discapacidad, ausencia de una Dirección Nacional de Educación Especial, y una bonificación para los profesores de educación especial y, finalmente, ausencia de dispositivos que obliguen a los medios de comunicación del Estado a transmitir sin costo alguno temas relacionados con la prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad. ¿Asumirá el Estado su rol social?
– Analista Global –
utguerrero31@yahoo.es
No es casualidad que exista relación entre discapacidad y pobreza, esto se debe a que los gobiernos de turno han ignorado a los pensionistas y discapacitados y han implementado políticas discriminatorias. Es necesario cambiar con mejores oportunidades para que tengan atención en salud; educación y empleo. Es importante también que tengan acceso a participar en la toma de decisiones del país en su calidad de ciudadanos con plenos derechos humanos.
Quinientos millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad o minusvalía. En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Perú, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y el Ministerio de Salud realizaron un estudio que reveló que 45,4% -es decir, casi la mitad de la población peruana- sufría algún tipo de deficiencia. Este mismo estudio encontró que la tasa de prevalencia de la discapacidad era de 31,28% y que 13 de cada 100 peruanos padece de algún tipo de minusvalía (http://blog.pucp.edu.pe/blog/discapacidad/).
Investigaciones indican que 3’800.000 peruanos tienen alguna discapacidad, según la Comisión de Discapacidad del Congreso. De marzo del 2010 es la fecha en que se empezará a sancionar económicamente a las empresas en las que el 3% de sus planillas no incluyan a personas con discapacidad. 42.600 Soles será la multa para las empresas que no acaten esa ley. 3 De cada 100 discapacitados peruanos tienen un trabajo estable, según la comisión. 70% Del total de ciegos peruanos son analfabetos (http://ong.tupatrocinio.com/discapacitados-peru-c9-p17.html).
Las personas con discapacidad, representamos el alrededor de tres millones de habitantes, y pese a contar con una ley que debe proteger el derecho al trabajo, ello no se cumple por parte de la mayoría de empleadores, lo mismo que el diseño de la arquitectura de la ciudad y edificios públicos no cuentan con las facilidades para el desplazamiento de éste importante grupo social.
La cuota laboral establecida en el artículo 33 de la Ley General de la Persona con Discapacidad 27050, referida a la cuota de plazas laborales para este sector de la población, equivalente al tres por ciento del total de trabajadores públicos, no se viene cumpliendo.
A pesar de que son muchas las personas discapacitadas, que vencen sus limitaciones para destacar en el deporte, la política, el arte o la empresa privada, así como ocurre en otras partes del mundo, el discapacitado en el Perú es víctima de la indiferencia, la discriminación y la marginación.
Esta situación ha generado una ausencia de iniciativa política respecto a la promulgación y reglamentación de leyes que apoyen y respalden al minusválido y, por consiguiente, el retraso en el desarrollo e integración de estas personas en la sociedad. Más aún, las leyes promulgadas en el marco de la década Internacional de las Personas Impedidas (1983–1992) que promovían el empleo, normaban la eliminación de barreras arquitectónicas y otorgaban créditos promocionales para sus empresas y beneficios tributarios para las empresas que contrataran trabajadores discapacitados, fueron prácticamente anuladas a partir de 1985 en el Perú.
Las organizaciones de personas con discapacidad lograron que el Congreso aprobara la ley 27050 que protege y ampara a los discapacitados del Perú. La medida dispone principalmente la ejecución de proyectos de desarrollo que permitan el normal desenvolvimiento de estas personas en la sociedad. Las deficiencias: ausencia de un financiamiento claro para la ejecución de las políticas, no concreción del papel del Estado en el proceso de promoción del empleo, ausencia de medidas de promoción para las pequeñas empresas de personas con discapacidad, ausencia de una Dirección Nacional de Educación Especial, y una bonificación para los profesores de educación especial y, finalmente, ausencia de dispositivos que obliguen a los medios de comunicación del Estado a transmitir sin costo alguno temas relacionados con la prevención, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad. ¿Asumirá el Estado su rol social?
1 comentarios:
¿ Asumirá el Estado su rol social?
Sin duda, una pregunta cuya respuesta debería de estar inmersa en los planes de trabajo de los diferentes candidatos que postulan a la presidencia y al Congreso; sobre todo cuando nos dicen que el interés por gobernar es para preservar los derechos de TODOS los peruanos y las peruanas.
Atte.
Martha Goicochea Duclós
Mujeres Trabajando
Trujillo - Perú
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