A VER... ¿QUIÉN TIRA LA PRIMERA PIEDRA?

Por Augusto Álvarez Rodrich
Fuente: Diario La República

Por el financiamiento público de los partidos políticos.
Esta elección será recordada por muchos escándalos pero ninguno tan perjudicial para la democracia como la oscuridad en el origen del dinero que financia las campañas electorales, lo cual ha vuelto a ser confirmado –como si esto hiciera falta– por la ONPE.
Son tantos los partidos involucrados en el delito de obtener plata sucia para pagar la campaña que se puede sostener que es un asunto bastante democrático y en el que se puede proclamar que aquel que nunca pecó, que tire la primera piedra.
La información reunida por la ONP y la divulgada por medios como La República permite vislumbrar que el financiamiento de las campañas 2011 producirá que, durante el próximo lustro, la política sea más corrupta que ahora, lo que no es poca cosa.
La información entregada por los partidos a la ONPE es insuficiente, oscura y absurda: cenas en las que anónimos comensales pagan una cuenta tan robusta como para financiar muchos mítines; rifas tan bien organizadas que son la envidia de la Teletón; o cuentas bancarias a las que acuden misteriosos donantes que no quieren ser reconocidos.
El problema de fondo es que los partidos se mueven en el terreno de sus finanzas con tal improvisación que parecen haberlas organizado con el fin específico de que nunca se llegue a conocer, realmente, quién está pagando la cuenta para poner a sus integrantes en un puesto público.
Es evidente, sin embargo, que ellos sí conocen la procedencia del dinero, el cual se convierte en hipotecas que serán cobradas, con creces, mediante decisiones de gobierno que, en lugar de beneficiar al interés común, servirán a fines privados, incluyendo algunos ilegales como el narcotráfico.
Tan grave como tomar conocimiento de estos hechos es que, hasta el momento, ningún partido haya sido sancionado por haber delinquido en un asunto crucial para el sistema democrático como el origen de los recursos de campaña.
En el corto plazo, se debe mejorar la capacidad de supervisión y sanción de las autoridades electorales a los infractores, pero lo más importante debe ocurrir en el mediano plazo –al inicio del próximo gobierno– para avanzar hacia una reforma sustantiva en los mecanismos de financiamiento de las campañas electorales y, en general, de la política, que considere el origen público de los fondos.
Si, como es obvio, la democracia cuesta y nos conviene a todos tenerla sólida, mejor la pagamos los contribuyentes, de manera ordenada, antes de que sean intereses privados los que paguen la cuenta pues, en ese caso, la camisa nos sale más cara que la lavada.