Defensoría insta a regiones a resolver conflictos generados por la minería informal

Lima (ANDINA).- El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, instó hoy a los gobiernos regionales a resolver los problemas generados por la minería informal y artesanal en sus jurisdicciones, para de esa manera bajar los niveles de conflictividad social en el país.
Vega refirió que, de acuerdo con la ley, esta es una competencia de los gobiernos regionales que no es atendida debidamente y que sumada a la ausencia de una política de prevención se convierten en las causas de la protesta social.
“Los gobiernos regionales tienen que resolver este problema, (…) ayer en Andahuaylas hubo impaciencia, pero también hubo un grupo de mineros informales que ha azuzado y tratado de violentar para que este proceso no avance, porque tiene intereses”, declaró a la Agencia Andina.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a octubre existían 217 conflictos sociales, que provienen de antes del actual Gobierno, siendo Puno (20), Áncash y Cajamarca (17) los departamentos con mayor número de conflictos sociales.

Vega comentó que hay grupos radicales que se oponen a la minería de manera ideológica, pero el grueso de la población sólo pide garantías de que no se van a afectar sus reservas hídricas, y que el desarrollo de esta actividad puede ser compatible con la agricultura y minería.
Por ello refirió que el estudio de impacto ambiental se convierte en un elemento clave para disipar estos temores, pero que esto debe ser manejado de manera transparente, de tal forma que la población tenga confianza en esos estudios.
“Hay grupos radicales que se oponen a la minería de manera ideológica, pero la población lo que pide es información; hay debilidad en este tema, y allí el elemento central es el estudio de impacto ambiental”, afirmó.
Recordó que el caso de Minas Conga en Cajamarca está reportado desde abril de 2010 como conflicto y desde entonces no se le ha dado la atención respectiva.
“No hay que esperar que vayan los ministros, (…) se necesita fortalecer más la labor en la prevención de los conflicto en tres aspectos, el desarrollo económico que trae la minería, cómo hacerla compatible con el desarrollo local, y brindar las garantías de que no se afectará el agua”, afirmó.
El titular de la Defensoría reiteró su propuesta para que los estudios de impacto ambiental sean realizados por el Ministerio del Ambiente y no por Energía y Minas, ya eso daría más garantías de no ser influenciados por las empresas mineras interesadas en la explotación.