Por: IPE (Instituto Peruano de Economía)
Hoy comentamos dos noticias que contrastan las acciones del sector público con dos tipos de inversionistas. Un diario reproduce un cable de Bloomberg, el servicio electrónico de información financiera y económica más importante del mundo. Así, tanto los principales inversionistas y líderes de opinión que residen en nuestro país como inversionistas que residen fuera del Perú han leído la noticia que comentamos. Citando a Bloomberg, “una inversión de US$ 500 millones en nuevos pozos de gas en el yacimiento de Duke en Aguaytía, en la selva central, y una ampliación de su central térmica a gas Termoselva de 173 megavatios han sido aplazadas por una disputa sobre regalías con el gobierno, reveló Mark Hoffman, gerente general de Duke Energy”.
Hoffman, vicepresidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía también advirtió que las indefiniciones respecto a la Ley de Consulta Previa están atrasando y pudieran detener inversiones cruciales para la red eléctrica nacional. Según lo que declaró al diario, “los cortes eléctricos son inminentes porque la ley no especifica que comunidades deben ser consultadas”. Entendemos que los cortes de electricidad se tornan cada vez más frecuentes en el sur del país, por ejemplo.
La segunda noticia que comentamos se titula “Congreso le da una mano a Doe Run” y cita a Daniel Abugattás, presidente del Legislativo, diciendo que “El Congreso tiene que darle facilidades [a Doe Run]. Si requieren 20 meses, 15 meses, lo que requieran, se le tiene que dar”.
El mundo al revés. Doe Run ha incumplido en repetidas ocasiones el Programa de Adecuación al Medio Ambiente (PAMA) firmado con el gobierno, el cual fue parte fundamental de la privatización de la Refinería de La Oroya. Doe Run ha mucho más que recuperado su inversión pero se resiste a invertir lo acordado en medio ambiente. Aprovechando su importancia política, en buena medida debido a su impacto en una región tan inhóspita, ha conseguido varias extensiones de los plazos de cumplimiento del PAMA, algunas de las cuales fueron poco transparentes y contrarias a los intereses del país.
Su accionista principal, Ira Rennert, tiene una bien ganada fama internacional de falta de escrúpulos en los negocios. Ha quebrado Doe Run con préstamos que él mismo le otorgó con los recursos que primero le extrajo a la empresa. Ha enjuiciado a nuestro país por una suma multimillonaria, llevándolo al centro de arbitraje internacional. Los abogados que ha contratado son de primerísimo nivel y muy influyentes en la política estadounidense. ¿El Sr. Abugattás piensa que con esa empresa hay que negociar así, echándose de entrada declarando a la prensa que se le tiene que dar lo que quieran?
En contraste, Duke Energy es uno de los principales actores del mercado eléctrico peruano. Apostó por nuestro país desde inicios de los noventa y ha invertido enormes sumas desde entonces, ampliando sus actividades sin historial de líos legales o financieros. No conocemos los detalles de las disputas a las que aluden, pero apostamos que asignar funcionarios públicos de primer nivel y contratar consultores independientes para solucionarlas sería un muy eficiente uso de recursos públicos -ciertamente mejor que usar a todo el aparato público para extenderle por enésima vez los plazos de (in)cumplimiento de su PAMA a Doe Run. La idea es generar confianza en los inversionistas deseables la cual, como muestra el gráfico, ha mejorado desde su peor momento en abril pasado pero dista aún de alcanzar los niveles previos a la campaña electoral.
El ex ministro Herrera Descalzi sostuvo que el Estado tenía que planificar para evitar el riesgo de restricción eléctrica. Sí y no. En términos de planificación, lo más importante que tiene que hacer el Estado es adoptar políticas públicas sensatas, que simulen incentivos de mercado competitivo y que por ello generen resultados positivos en una industria en la que se requiere una intervención pública moderna. Es decir, tener un regulador autónomo y sólido; que no se distorsionen ineficientemente las rentabilidades relativas de las diferentes fuentes de energía; que se grave la contaminación, etc. Si el Estado puede ser proactivo, contribuyendo a solucionar los problemas que relata el gerente de Duke, sería fantástico, pero que al menos haga bien lo básico en vez de insistir en la inacción o el controlismo.
La refinería de La Oroya es un tema políticamente muy sensible y esto quizás limita las soluciones ideales a sus problemas. Pero entendemos que el sindicato de acreedores de la empresa actualmente quebrada está dispuesto a apretar a Doe Run. Tiene cómo hacerlo para obtener mejores resultados para el país. El Estado puede ser un actor decisivo en ese proceso. Que sea políticamente difícil hacerlo no quiere decir que el presidente del Congreso se deba echar, de entrada, con Doe Run.
0 comentarios:
Publicar un comentario