(El Comercio) .- La ley, aprobada tras las denuncias de pagos de comisiones de parte de algunas editoriales a los directores de colegios, permite usar libros usados como fuente de consulta o material de estudio y de trabajo.
Si bien los colegios podrán recomendar algunas editoriales, se prohíbe que medie beneficio económico en ello y se pide que la selección de los libros sugeridos sea el resultado de un acuerdo con la asociación de padres o comités de aula.
En coordinación con el director del plantel, los docentes deberán proponer, de ser posible, al menos tres opciones de textos.
La norma también señala que los colegios deberán promover el intercambio de materiales educativos o la implementación de bancos de libros para proteger la economía familiar.
El Ministerio de Educación, en tanto, será el responsable de establecer los criterios pedagógicos e indicadores de calidad que utilizarán las instituciones privadas al adquirir su material educativo.
“Esta es una ley de crisis. Ha habido un problema, los padres se han sentido estafados por muchos colegios y se ha sacado una ley. ¿Cuál es la validez de tener un texto único? ¿Hay un texto de una editorial que reúne toda la información? Hoy en día se está empezando a trabajar con bibliotecas de textos, y no se tienen que comprar textos todos los años”, dijo el viceministro de Gestión Pedagógica, Martín Vegas Torres.
Esta ley, dijo, solo se aplica para los colegios privados porque los públicos reciben los materiales de manera gratuita por parte del gobierno, a través del Ministerio de Educación.
“Cuando salga el reglamento se mejorarán algunos aspectos, como el tema de si los padres pueden decidir directamente qué libro comprar”, sostuvo.
El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado, saludó la publicación de la ley aunque dijo que su aplicación práctica se vería con mayor fuerza el próximo año porque la mayoría de padres ya adquirió libros. “Pero si alguien tiene libros de su hijo mayor, puede usarlos. La ley ya está vigente”, dijo.
José Ramos, presidente de la Federación de las Asociaciones de Padres de Familia (Apafa), opinó que la norma aliviará la economía de muchas familias.
REGULACIÓN
La ley sobre libros de estudio dispone crear un Observatorio Nacional de Textos Escolares (ONTE), dependiente del Ministerio de Educación. Este publicará en Internet los criterios pedagógicos e indicadores de calidad que todo texto escolar debe contener, registrará a las editoriales y los establecimientos dedicados a la venta de textos escolares, y dará información sobre el precio. La norma indica que las editoriales y las instituciones educativas serán consideradas responsables solidarias si hay cobros ilegales.
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