jueves, 28 de agosto de 2014

Dan respaldo a gestión de gerente del proyecto Chavimochic

El Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC conformado por representantes de las fuerzas vivas de la Libertad, de los gobiernos locales, de gremios empresariales, y profesionales, por unanimidad, rechazaron las recientes declaraciones contra el gerente del Proyecto Chavimochic, Ing. Huber Vergara Díaz a quien respaldaron por la conducción técnica-administrativa de la entidad estatal regional. “Respaldamos las acciones administrativas y legales que realiza la Gerencia y personal del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC en defensa del patrimonio del Estado que administra y que está destinado a los fines propios del proyecto especial”, dice uno de los acuerdos. Asimismo, respaldar al Ing. Huber Vergara Díaz, en la conducción técnica y administrativa del Proyecto CHAVIMOCHIC, y rechazar las declaraciones difundidas en un medio periodístico local el domingo 24 de agosto sobre la gestión del mencionado proyecto por su carácter subjetivo y ajeno a la realidad.
El Consejo de Desarrollo lo preside el Lic. Carlos Sandoval de la Cruz, y lo integran Alfonso Medrano Samamé, de la Cámara de Comercio de La Libertad, Luis La Cunza Flores, del Colegio de Ingenieros del Perú-La Libertad; Guillermo Vilcherres Medina, representante de las Juntas de Usuarios de Chao, Virú, Moche, Chicama y de Riego Presurizado.
También el Ing. Gustavo Guerrero Paretto, de la Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de los Terrenos de Chavimochic; los alcaldes de las municipalidades provinciales de Virú y Ascope, José Urcia Cruz y José Castillo Pérez, respectivamente; el abogado Aurelio Suárez Guerrero y Carlos Pacheco Salazar, representante del Gobierno Regional La Libertad.
En la sesión de instalación del Consejo de Desarrollo 2014-2016, el gerente Hubert Vergara, informó el estado de las invasiones a tierras del Proyecto, informó las medidas administrativas y legales emprendidas para la recuperación de las tierras invadidas y las medidas internas para sancionar posible participación de servidores en ilícitos penales.

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