Ernesto Álvarez, nuevo titular del colegiado, está a favor de buscar mecanismos más eficientes de control de autoridades locales. También le pone nota al presidente Humala
(El Comercio).- Una beca de la Universidad de Navarra en España lo alejó de la militancia del Partido Popular Cristiano (PPC) en su juventud. Asegura que nunca ha tenido un conflicto de intereses por este vínculo del pasado, es más, está convencido de que la actividad partidaria en algún momento de la vida es la acreditación perfecta para ejercer la función pública, pues uno demuestra así que “le interesan los asuntos públicos y el bien común”.
Ernesto Álvarez Miranda jurará hoy como presidente del Tribunal Constitucional y si bien su mandato apenas durará un año, se ha propuesto una ambiciosa y urgente meta. Desde su despacho en el jirón Áncash, a escasas cuadras de Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima, también le puso nota al presidente Ollanta Humala, y cuestionó el proceso que pretende recortar la gestión de la alcadesa Susana Villarán. Además, con ánimo más realista que pesimista, considera que la demanda al Estado ante la Corte IDH por el caso Chavín de Huantar, es una causa casi perdida y nos dice por qué.
Usted ha sido militante del PPC y siempre se cree que un funcionario que ha militado en un partido no será imparcial en sus decisiones, que tendrá conflicto de intereses, ¿le ha pasado?
A Dios gracias no, el PPC se ha caracterizado por privilegiar la permanencia de gente decente y honesta, no hemos visto desfilar, por lo menos en mi periodo de magistrado, a un pepecista o dirigente del PPC sujeto a un hábeas corpus o intereses en materia de un amparo.
¿Cuáles serán sus metas de gestión, en qué se va a enfocar?
Empezamos con un proyecto ambicioso: la capacitación de asesores. Ellos deben ser reconocidos como la columna vertebral de la institución, nos ayudan a los magistrados, que tenemos la decisión final; estudian, trabajan y tienen la inquietud, muchas veces juvenil, de desarrollar académicamente temas que requieren ampliación. Mi meta es establecer en el futuro que ninguno de ellos carezca de una maestría en derecho constitucional o en uno de los derechos modernos.
¿Y en qué debe modernizarse el Tribunal?
El Tribunal tiene que abandonar aquellos temas que ya han sido formalizados, vía precedente constitucional, para gradualmente ir incorporando nuevas normas de carácter constitucional en derechos modernos, por ejemplo el derecho del consumidor, el derecho de pueblos indígenas, el derecho de las minorías y derecho de consulta. Son grandes áreas que requieren interpretación, una lectura constitucional actualizada y a tono con los convenios internacionales vigentes.
¿Cuál es su autocrítica del quehacer del TC, han habido muchos cuestionamientos a magistrados por presunto tráfico de influencias o contrataciones irregulares, qué se debe mejorar?
Lo que hay que mejorar es lo que permanentemente corresponde al ser humano y más aún a un juez constitucional, que es la actitud y la imagen, la corrección en forma permanente. Somos siete personas absolutamente diferentes, somos profesores en derecho consitucional elegidos por el Congreso, que tiene la responsabilidad de seleccionar a las mejores personas y no solo a los mejores académicos o abogados litigantes. Yo me inclinaría por el perfil netamente académico. Los jueces no somos ajenos a la política, como tampoco lo es la Constitución, pero es necesario que el juez sea de creencias o esquemas ideológicos moderados.
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
¿Qué nota le pone al gobierno del presidente Humala en estos seis primeros meses?
Es muy pronto para evaluarlo en forma correcta, pero sin ningún ánimo de rehuir a la pregunta, le puedo decir que el aspecto puntual de seguir generando expectativa en la población y al mismo tiempo mantener la economía estable le otorga un calificativo largamente aprobatorio. Como la mayoría, aspiro a que sea un excelente gobierno de centro izquierda o izquierda democrática.
¿En qué aspectos cree que ha fallado el gobierno o en qué puede mejorar?
Siempre la capacidad de comunicación es vital para cualquier gobierno, quizás lo que está en agenda para el futuro pueda ser generar los cuadros necesarios para que en varios niveles y ámbitos pueda tener siempre una comunicación con los
peruanos, en provincia, a nivel profesional, económico, en eso tiene que seguir trabajando y encontrar a las personas adecuadas para cada caso y ámbito.
Una prueba de fuego fue el conflicto por el proyecto Conga. Cómo vio la actuación del Ejecutivo.
Ha heredado un conflicto minero de antaño. Creo que no puede calificarse si ha actuado bien o mal porque el nivel de conflicto subsiste, es importante que los grupos sociales comprendan que los reclamos -antes de ejercer la violencia- deben ser canalizados por la vía judicial y constitucional. Por eso el Tribunal se ha empeñado en tratar de vincular el amparo como un proceso idóneo para que los reclamos que tienen que ver con medio ambiente y derecho de consulta puedan ser escuchados por la justicia constitucional.
Ya hay jurisprudencia de que las ordenanzas regionales contra la actividad minera no pueden anteponerse a las decisiones del Gobierno central. ¿En esos casos siempre el TC les dirá no y las anulará?
Habría que analizar el caso, todavía no ha llegado al Tribunal y no sabemos en qué términos ha sido planteada y cuál ha sido la contestación de esa demanda, una vez analizado el tema el TC resolverá, cada caso es diferente.
¿Y han habido casos en que se ha dado la razón al gobierno regional?
Recuerdo en este momento el caso de Cordillera Escalera, se trataba de validar un yacimiento petrolífero y el Tribunal emitió una sentencia, creo yo bastante equilibrada, tratando de garantizar el medio ambiente y el derecho de las comunidades afectadas con la amenaza, y al mismo tiempo la inversión y al Estado mismo. No es que en todos los casos se tenga que resolver de una manera.
¿Qué debería hacer el gobierno para resolver los conflictos de la mejor manera, cuál es su recomendación puntual?
La presencia del Estado, el funcionamiento de cuadros gubernamentales que puedan estar atentos a focos de conflicto, profesionales especializados en el tratamiento temprano de conflictos que aún no estallan. El gobierno tiene que hacer una labor de comunicación en provincia para dejar establecido que los gobiernos regionales también tienen su cuota de responsabilidad y participación en la riqueza. Deben ser los primeros en encontrar las vías de solución porque gozan de los beneficios económicos. Un presidente regional sin presupuesto es un personaje inútil.
REVOCACIÓN A SUSANA VILLARÁN
¿Cómo evitar que un derecho legítimo, como es la revocación, se vea empañado con un probable uso político?
La revocación es un mecanismo político, es legal, incluso constitucional. Su uso es legítimo, es un mecanismo que el derecho constitucional permite a los perdedores de una elección y obviamente su uso es de carácter político. Normalmente es un acto de control, muchas veces excesivo por parte de los derrotados. Como profesor de Derecho Constitucional no creo en la revocación como institución por cuanto el que ha sido objeto de elección popular debe ser, si se quiere decir soportado y fiscalizado por los años de mandato que le ha conferido la soberanía popular. A mi juicio, toda revocatoria es arbitraria por
cuanto si soy elegido alcalde o presidente regional con un 30%, significa que mis adversarios se unen y tendrán amplia mayoría en contra mía. Hace varios años ya ocurre que los candidatos perdedores se unen en contra del ganador y este tiene que dedicar su mandato a tratar de blindarse en contra de la revocación. Eso pervierte su gestión, incluso se hizo con alcaldes que estaban haciendo bien su función.
¿Qué hacer entonces?
Es momento para pensar en dos cosas. El Estado de Derecho debe respetarse, la revocación en sí misma no tiene condiciones de eficacia o ineficacia, es un procedimiento para que la opinión pública se pueda manifestar cortando el mandato de una persona elegida, pero cabe preguntarse si en el sistema político peruano ha sido útil o convendría generar otros mecanismos de control.
CASO CHAVÍN DE HUANTAR
¿En qué está fallando la defensa del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Lo que necesita el Estado es un sistema de defensa de sus intereses que parta en el Ministerio Público hasta la Corte Interamericana. Hay casos que llegan a la Corte y ya se han perdido en la investigación preliminar de la etapa policial o del Ministerio Público. Depende de cómo el Estado actúe desde el inicio para saber si hay argumentos de defensa o si el Estado se quedó sin argumentos de defensa y a lo único que va es a tratar de moderar el fallo condenatorio del tribunal.
Usted ha considerado que la demanda de la CIDH por el caso Chavín de Huantar es prácticamente una causa perdida. En qué momento lo perdimos.
Este caso se complica, si no se pierde, en el 2004. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional la vía adecuada para investigar a todos los que habían participado en la operación era el fuero ordinario, bien pudo hacerse así. Si se encontraban indicios razonables de ejecuciones extrajudiciales y posible responsabilidad, debió abrise proceso penal solo a esas personas. No se hizo así y se arrastró. Todo esfuerzo que haga el Estado Peruano ahora va a ser poco, vamos a ir a la Corte en una situación disminuida, ojalá que no se vuelva a repetir.
¿Entonces estamos en esta situación porque el Poder Judicial se equivocó al pasar el caso al fuero militar?
Los vocales supremos de aquel entonces fueron sometidos a una intensa presión de medios y grupos intermedios que posiblemente no permitieron que resolvieran de la manera más pertinente.
¿Comparte la opinión del Ejecutivo respecto a que la Comisión Interamericana debe ser revisada porque se está extralimitando en sus funciones?
No conozco los argumentos que están tratando de establecer, mal haría en pronunciarme en forma detallada, en general todo sistema es perfectible. En Europa no existe comisión como tal sino un consejo con otras atribuciones. La OEA tiene legitimidad para evaluar su funcionamiento atenuando funciones o dándole otras nuevas. Pero no hay que cegarnos por la coyuntura, países como el nuestro necesitan órganos de justicia que puedan servir de filtro para aquellos casos en los cuales la justicia del Estado ha sido insuficiente. Sí necesitamos un sistema interamericano de protección a los derechos fundamentales.
PERMISO A TERRORISTAS E INDULTO A FUJIMORI
¿Hace bien el Poder Judicial en otorgar permisos a sentenciados por terrorismo para que puedan salir del país?
Los jueces de la vía ordinaria actúan en función a leyes establecidas. La tarea de señalar las causales están en manos del legislador. Creo que si el juez ha cometido una incorrección debe ser sometido a un proceso en la OCMA, pero si lo hizo de acuerdo a normas vigentes no se puede responsabilizar al juez.
¿Puede otorgarse el indulto a Alberto Fujimori por problemas serios de salud?
Es una facultad presidencial, no está nítida y claramente establecido en la Constitución si está sujeta a condiciones o puede ser ejercida de manera libre y arbitraria. El Tribunal ya señaló en alguna jurisprudencia que si el indulto está condicionado a una coyuntura personal del favorecido la comprobación de un eventual fraude pueden conllevar a la revocatoria del mismo, pero el tribunal todavía no ha establecido cuál es la ponderación que debe guardarse en cuanto al mandato de la Corte IDH respecto a que ni el indulto ni la amnistía pueden ser instrumentos de impunidad, y como tales no caben en casos de lesa humanidad. Ahora, si la Corte prohíbe la impunidad y la persona ya pasó un periodo en la cárcel ya no hablamos de impunidad.
¿Entonces el Estado podría justificar una decisión de indulto ante la CIDH en el hecho de que Fujimori ya cumplió parte de la condena?
Siempre y cuando el caso llegue al tribunal internacional. El Ministerio de justicia debe evaluar bien el caso, y su decisión tiene que fundamentarla tomando en cuenta los convenios internacionales para que el caso no llegue a esta instancia.
(El Comercio).- Una beca de la Universidad de Navarra en España lo alejó de la militancia del Partido Popular Cristiano (PPC) en su juventud. Asegura que nunca ha tenido un conflicto de intereses por este vínculo del pasado, es más, está convencido de que la actividad partidaria en algún momento de la vida es la acreditación perfecta para ejercer la función pública, pues uno demuestra así que “le interesan los asuntos públicos y el bien común”.
Ernesto Álvarez Miranda jurará hoy como presidente del Tribunal Constitucional y si bien su mandato apenas durará un año, se ha propuesto una ambiciosa y urgente meta. Desde su despacho en el jirón Áncash, a escasas cuadras de Palacio de Gobierno y la Municipalidad de Lima, también le puso nota al presidente Ollanta Humala, y cuestionó el proceso que pretende recortar la gestión de la alcadesa Susana Villarán. Además, con ánimo más realista que pesimista, considera que la demanda al Estado ante la Corte IDH por el caso Chavín de Huantar, es una causa casi perdida y nos dice por qué.
Usted ha sido militante del PPC y siempre se cree que un funcionario que ha militado en un partido no será imparcial en sus decisiones, que tendrá conflicto de intereses, ¿le ha pasado?
A Dios gracias no, el PPC se ha caracterizado por privilegiar la permanencia de gente decente y honesta, no hemos visto desfilar, por lo menos en mi periodo de magistrado, a un pepecista o dirigente del PPC sujeto a un hábeas corpus o intereses en materia de un amparo.
¿Cuáles serán sus metas de gestión, en qué se va a enfocar?
Empezamos con un proyecto ambicioso: la capacitación de asesores. Ellos deben ser reconocidos como la columna vertebral de la institución, nos ayudan a los magistrados, que tenemos la decisión final; estudian, trabajan y tienen la inquietud, muchas veces juvenil, de desarrollar académicamente temas que requieren ampliación. Mi meta es establecer en el futuro que ninguno de ellos carezca de una maestría en derecho constitucional o en uno de los derechos modernos.
¿Y en qué debe modernizarse el Tribunal?
El Tribunal tiene que abandonar aquellos temas que ya han sido formalizados, vía precedente constitucional, para gradualmente ir incorporando nuevas normas de carácter constitucional en derechos modernos, por ejemplo el derecho del consumidor, el derecho de pueblos indígenas, el derecho de las minorías y derecho de consulta. Son grandes áreas que requieren interpretación, una lectura constitucional actualizada y a tono con los convenios internacionales vigentes.
¿Cuál es su autocrítica del quehacer del TC, han habido muchos cuestionamientos a magistrados por presunto tráfico de influencias o contrataciones irregulares, qué se debe mejorar?
Lo que hay que mejorar es lo que permanentemente corresponde al ser humano y más aún a un juez constitucional, que es la actitud y la imagen, la corrección en forma permanente. Somos siete personas absolutamente diferentes, somos profesores en derecho consitucional elegidos por el Congreso, que tiene la responsabilidad de seleccionar a las mejores personas y no solo a los mejores académicos o abogados litigantes. Yo me inclinaría por el perfil netamente académico. Los jueces no somos ajenos a la política, como tampoco lo es la Constitución, pero es necesario que el juez sea de creencias o esquemas ideológicos moderados.
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO
¿Qué nota le pone al gobierno del presidente Humala en estos seis primeros meses?
Es muy pronto para evaluarlo en forma correcta, pero sin ningún ánimo de rehuir a la pregunta, le puedo decir que el aspecto puntual de seguir generando expectativa en la población y al mismo tiempo mantener la economía estable le otorga un calificativo largamente aprobatorio. Como la mayoría, aspiro a que sea un excelente gobierno de centro izquierda o izquierda democrática.
¿En qué aspectos cree que ha fallado el gobierno o en qué puede mejorar?
Siempre la capacidad de comunicación es vital para cualquier gobierno, quizás lo que está en agenda para el futuro pueda ser generar los cuadros necesarios para que en varios niveles y ámbitos pueda tener siempre una comunicación con los
peruanos, en provincia, a nivel profesional, económico, en eso tiene que seguir trabajando y encontrar a las personas adecuadas para cada caso y ámbito.
Una prueba de fuego fue el conflicto por el proyecto Conga. Cómo vio la actuación del Ejecutivo.
Ha heredado un conflicto minero de antaño. Creo que no puede calificarse si ha actuado bien o mal porque el nivel de conflicto subsiste, es importante que los grupos sociales comprendan que los reclamos -antes de ejercer la violencia- deben ser canalizados por la vía judicial y constitucional. Por eso el Tribunal se ha empeñado en tratar de vincular el amparo como un proceso idóneo para que los reclamos que tienen que ver con medio ambiente y derecho de consulta puedan ser escuchados por la justicia constitucional.
Ya hay jurisprudencia de que las ordenanzas regionales contra la actividad minera no pueden anteponerse a las decisiones del Gobierno central. ¿En esos casos siempre el TC les dirá no y las anulará?
Habría que analizar el caso, todavía no ha llegado al Tribunal y no sabemos en qué términos ha sido planteada y cuál ha sido la contestación de esa demanda, una vez analizado el tema el TC resolverá, cada caso es diferente.
¿Y han habido casos en que se ha dado la razón al gobierno regional?
Recuerdo en este momento el caso de Cordillera Escalera, se trataba de validar un yacimiento petrolífero y el Tribunal emitió una sentencia, creo yo bastante equilibrada, tratando de garantizar el medio ambiente y el derecho de las comunidades afectadas con la amenaza, y al mismo tiempo la inversión y al Estado mismo. No es que en todos los casos se tenga que resolver de una manera.
¿Qué debería hacer el gobierno para resolver los conflictos de la mejor manera, cuál es su recomendación puntual?
La presencia del Estado, el funcionamiento de cuadros gubernamentales que puedan estar atentos a focos de conflicto, profesionales especializados en el tratamiento temprano de conflictos que aún no estallan. El gobierno tiene que hacer una labor de comunicación en provincia para dejar establecido que los gobiernos regionales también tienen su cuota de responsabilidad y participación en la riqueza. Deben ser los primeros en encontrar las vías de solución porque gozan de los beneficios económicos. Un presidente regional sin presupuesto es un personaje inútil.
REVOCACIÓN A SUSANA VILLARÁN
¿Cómo evitar que un derecho legítimo, como es la revocación, se vea empañado con un probable uso político?
La revocación es un mecanismo político, es legal, incluso constitucional. Su uso es legítimo, es un mecanismo que el derecho constitucional permite a los perdedores de una elección y obviamente su uso es de carácter político. Normalmente es un acto de control, muchas veces excesivo por parte de los derrotados. Como profesor de Derecho Constitucional no creo en la revocación como institución por cuanto el que ha sido objeto de elección popular debe ser, si se quiere decir soportado y fiscalizado por los años de mandato que le ha conferido la soberanía popular. A mi juicio, toda revocatoria es arbitraria por
cuanto si soy elegido alcalde o presidente regional con un 30%, significa que mis adversarios se unen y tendrán amplia mayoría en contra mía. Hace varios años ya ocurre que los candidatos perdedores se unen en contra del ganador y este tiene que dedicar su mandato a tratar de blindarse en contra de la revocación. Eso pervierte su gestión, incluso se hizo con alcaldes que estaban haciendo bien su función.
¿Qué hacer entonces?
Es momento para pensar en dos cosas. El Estado de Derecho debe respetarse, la revocación en sí misma no tiene condiciones de eficacia o ineficacia, es un procedimiento para que la opinión pública se pueda manifestar cortando el mandato de una persona elegida, pero cabe preguntarse si en el sistema político peruano ha sido útil o convendría generar otros mecanismos de control.
CASO CHAVÍN DE HUANTAR
¿En qué está fallando la defensa del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Lo que necesita el Estado es un sistema de defensa de sus intereses que parta en el Ministerio Público hasta la Corte Interamericana. Hay casos que llegan a la Corte y ya se han perdido en la investigación preliminar de la etapa policial o del Ministerio Público. Depende de cómo el Estado actúe desde el inicio para saber si hay argumentos de defensa o si el Estado se quedó sin argumentos de defensa y a lo único que va es a tratar de moderar el fallo condenatorio del tribunal.
Usted ha considerado que la demanda de la CIDH por el caso Chavín de Huantar es prácticamente una causa perdida. En qué momento lo perdimos.
Este caso se complica, si no se pierde, en el 2004. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte IDH y del Tribunal Constitucional la vía adecuada para investigar a todos los que habían participado en la operación era el fuero ordinario, bien pudo hacerse así. Si se encontraban indicios razonables de ejecuciones extrajudiciales y posible responsabilidad, debió abrise proceso penal solo a esas personas. No se hizo así y se arrastró. Todo esfuerzo que haga el Estado Peruano ahora va a ser poco, vamos a ir a la Corte en una situación disminuida, ojalá que no se vuelva a repetir.
¿Entonces estamos en esta situación porque el Poder Judicial se equivocó al pasar el caso al fuero militar?
Los vocales supremos de aquel entonces fueron sometidos a una intensa presión de medios y grupos intermedios que posiblemente no permitieron que resolvieran de la manera más pertinente.
¿Comparte la opinión del Ejecutivo respecto a que la Comisión Interamericana debe ser revisada porque se está extralimitando en sus funciones?
No conozco los argumentos que están tratando de establecer, mal haría en pronunciarme en forma detallada, en general todo sistema es perfectible. En Europa no existe comisión como tal sino un consejo con otras atribuciones. La OEA tiene legitimidad para evaluar su funcionamiento atenuando funciones o dándole otras nuevas. Pero no hay que cegarnos por la coyuntura, países como el nuestro necesitan órganos de justicia que puedan servir de filtro para aquellos casos en los cuales la justicia del Estado ha sido insuficiente. Sí necesitamos un sistema interamericano de protección a los derechos fundamentales.
PERMISO A TERRORISTAS E INDULTO A FUJIMORI
¿Hace bien el Poder Judicial en otorgar permisos a sentenciados por terrorismo para que puedan salir del país?
Los jueces de la vía ordinaria actúan en función a leyes establecidas. La tarea de señalar las causales están en manos del legislador. Creo que si el juez ha cometido una incorrección debe ser sometido a un proceso en la OCMA, pero si lo hizo de acuerdo a normas vigentes no se puede responsabilizar al juez.
¿Puede otorgarse el indulto a Alberto Fujimori por problemas serios de salud?
Es una facultad presidencial, no está nítida y claramente establecido en la Constitución si está sujeta a condiciones o puede ser ejercida de manera libre y arbitraria. El Tribunal ya señaló en alguna jurisprudencia que si el indulto está condicionado a una coyuntura personal del favorecido la comprobación de un eventual fraude pueden conllevar a la revocatoria del mismo, pero el tribunal todavía no ha establecido cuál es la ponderación que debe guardarse en cuanto al mandato de la Corte IDH respecto a que ni el indulto ni la amnistía pueden ser instrumentos de impunidad, y como tales no caben en casos de lesa humanidad. Ahora, si la Corte prohíbe la impunidad y la persona ya pasó un periodo en la cárcel ya no hablamos de impunidad.
¿Entonces el Estado podría justificar una decisión de indulto ante la CIDH en el hecho de que Fujimori ya cumplió parte de la condena?
Siempre y cuando el caso llegue al tribunal internacional. El Ministerio de justicia debe evaluar bien el caso, y su decisión tiene que fundamentarla tomando en cuenta los convenios internacionales para que el caso no llegue a esta instancia.
