Lima (CNR).- El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Flores, criticó la presencia de personal de la Policía Nacional portando armas en los alrededores del sector El Reposo en Bagua (Amazonas) donde en breve se concentrará la población en recuerdo a los caídos en el "Baguazo".A través de la CNR, el letrado recordó que el manual de derechos humanos de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DIROES) no autoriza el uso de fusiles AKM, como es el caso de los efectivos acatonados en la zona.
"Cuando mucho deben usar varas, escudos y bombas lacrimógenas, quizás un par de (vehículos) rompemanifestaciones, pero nada más", dijo el abogado, quien asesora a los nativos procesados por los incidentes del 5 de junio del 2009.
Por ello, hizo un llamado al ministro del Interior, Octavio Salazar, para que disponga el retiro de los más de 200 agentes que arribaron esta mañana hasta la base del cerro Curva del Diablo, escenario de la muerte de una treintena de personas en las protestas del año pasado.
Agregó que el hecho constituye una provocación, pues los nativos que hoy conmemoran el primer aniversario de los enfrentamientos en Bagua están totalmente desarmados e, incluso, cuentan con el permiso de la gobernación para desarrollar sus actividades.
De otro lado, consideró como "vergonzoso" el desempeño del Ministerio Público y del Poder Judicial en el proceso entablado a los policías que participaron del fallido operativo de desalojo del año pasado.
Refirió que habría una intención de brindar impunidad a los efectivos -entre oficiales y suboficiales- denunciados, pues de los 17 agentes procesados, hoy apenas restan seis.
Lo contrario ocurre con los más de 60 indígenas y civiles denunciados por las autoridades, a pesar de no encontrarse pruebas de la comisión de delito flagrante para sustentar su detención.
Entre ellos, resalta el caso de los nativos Felix Cahuasa y Dany López, quienes permanecen recluidos en el penal de Chachapoyas a pesar que las pruebas de absorción atómica descartaron que hubieran disparado aquel 5 de junio. Así mismo, Quispe dijo que tampoco se les ha permitido su traslado al penal San Humberto de Bagua como les corresponde.
En tal sentido, informó que el 2 de junio último han denunciado a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, a los jueces Francisco Miranda Caramutti y Oldarico Borges Padilla, así como a la fiscal Olga Bobadilla Terán, por los delitos de abuso de autoridad y negativa de administración de la justicia, entre otros.
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