La Cámara de Comercio de Lima pide un mayor análisis. Nivel de multas no toma en cuenta la condición de las MYPE, advirtió el gremio.
La norma busca dar más protección a los consumidores. (USI)
(Perú 21).- Sigue la polémica. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), uno de los gremios del sector privado que participó en la elaboración del anteproyecto del Código de Consumo, criticó al Parlamento por haber “distorsionado y desbaratado” dicho documento durante su discusión en la Comisión Permanente, en la que fue aprobado en primera votación.
Según la CCL, las modificaciones efectuadas contienen aspectos que atentarían contra las buenas relaciones entre las empresas de bienes y servicios y los consumidores.Por ejemplo, el gremio criticó que todos los proveedores, incluidas las micro y pequeñas empresas (MYPE), pueden ser sancionados con multas de hasta 450 UIT (S/.1.6 millones). “Ese nivel podría resultar desproporcionado para las MYPE. No tiene rebajas ni límites como ocurre en el ámbito laboral y tributario”, apuntó.
Asimismo, la CCL advirtió que el código pretende eliminar la vía previa en los reclamos bancarios, con lo cual se aumentaría la carga procesal para el Indecopi, entidad que tampoco ha sido fortalecida para actuar como Autoridad Nacional del Consumo.
Por ello, el gremio empresarial pidió que el texto sea debatido y analizado técnicamente en la Comisión de Economía en la próxima legislatura, dado que sus disposiciones tendrán un impacto en la economía nacional. “Un código rígido tendría consecuencias negativas en el mercado, pues atentaría principalmente contra las pequeñas empresas”, dijo.
NIEGA ACUERDO. Por su parte, el vocero de la bancada de Unidad Nacional, Rafael Yamashiro, negó que la Junta de Portavoces haya tomado un “acuerdo virtual” para exonerar de segunda votación al controvertido dictamen, tal como lo anunció el presidente del Legislativo, Luis Alva Castro. “El Apra no contaba con los votos necesarios para solicitar la exoneración. Pueden hacerlo después pero, hasta el momento, no lo han hecho”, aseguró.
Yamashiro adelantó que su bancada solicitará en el Pleno que el proyecto de código vaya a la Comisión de Economía para un mayor análisis.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Alda Lazo, consideró un exceso que el dictamen sea revisado por otras comisiones legislativas, toda vez que ya ha sido analizado durante un año por 19 mesas de trabajo en las que también participaron los gremios empresariales, asociaciones de consumidores y el Indecopi.
La norma busca dar más protección a los consumidores. (USI)
(Perú 21).- Sigue la polémica. La Cámara de Comercio de Lima (CCL), uno de los gremios del sector privado que participó en la elaboración del anteproyecto del Código de Consumo, criticó al Parlamento por haber “distorsionado y desbaratado” dicho documento durante su discusión en la Comisión Permanente, en la que fue aprobado en primera votación.
Según la CCL, las modificaciones efectuadas contienen aspectos que atentarían contra las buenas relaciones entre las empresas de bienes y servicios y los consumidores.Por ejemplo, el gremio criticó que todos los proveedores, incluidas las micro y pequeñas empresas (MYPE), pueden ser sancionados con multas de hasta 450 UIT (S/.1.6 millones). “Ese nivel podría resultar desproporcionado para las MYPE. No tiene rebajas ni límites como ocurre en el ámbito laboral y tributario”, apuntó.
Asimismo, la CCL advirtió que el código pretende eliminar la vía previa en los reclamos bancarios, con lo cual se aumentaría la carga procesal para el Indecopi, entidad que tampoco ha sido fortalecida para actuar como Autoridad Nacional del Consumo.
Por ello, el gremio empresarial pidió que el texto sea debatido y analizado técnicamente en la Comisión de Economía en la próxima legislatura, dado que sus disposiciones tendrán un impacto en la economía nacional. “Un código rígido tendría consecuencias negativas en el mercado, pues atentaría principalmente contra las pequeñas empresas”, dijo.
NIEGA ACUERDO. Por su parte, el vocero de la bancada de Unidad Nacional, Rafael Yamashiro, negó que la Junta de Portavoces haya tomado un “acuerdo virtual” para exonerar de segunda votación al controvertido dictamen, tal como lo anunció el presidente del Legislativo, Luis Alva Castro. “El Apra no contaba con los votos necesarios para solicitar la exoneración. Pueden hacerlo después pero, hasta el momento, no lo han hecho”, aseguró.
Yamashiro adelantó que su bancada solicitará en el Pleno que el proyecto de código vaya a la Comisión de Economía para un mayor análisis.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Alda Lazo, consideró un exceso que el dictamen sea revisado por otras comisiones legislativas, toda vez que ya ha sido analizado durante un año por 19 mesas de trabajo en las que también participaron los gremios empresariales, asociaciones de consumidores y el Indecopi.
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