Fuente: Diario La Industria
Resulta una vergüenza saber que casi todos los candidatos tanto a la Presidencia Regional como a las vicepresidencias han incumplido con proporcionar documentación oficial que pruebe los orígenes de los fondos con los que financian sus correspondientes campañas. Esa información la dio ayer la coordinadora regional del Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Claudia Valera Rengifo.
Lo que no dijo explícitamente la funcionaria es la conclusión que nace de esta omisión cometida a conciencia: que esas personas no han entregado esa información debido a que pretenden eludir la fiscalización que temen.
Significa entonces que 11 de los 18 postulantes, al negarle sus declaraciones juradas de bienes y rentas a ese organismo, le dan las espalda a sus votantes y, sobre todo, al pueblo de La Libertad, de cuyo voto se valen para convertirse luego ellos mismos en funcionarios públicas. Huelga decir que eso se debe a la combinación de menosprecio por la ciudadanía, irresponsabilidad y temor que experimentan estas personas.
Pero también se debe a que saben, a ciencia cierta, que nada les va a ocurrir probablemente porque el JNE no va a tacharlos por no explicar de dónde provienen los fondos que utilizan durante esta campaña electoral.
Podemos deducir a raíz de su conducta cómo es que actuarían eventualmente esas personas en el supuesto negado de ser elegidas autoridades regionales y por lo tanto públicas. Si así procedieron anteriormente, es posible que extiendan esa conducta a su desempeño laboral, negando información a los medios y restando la posibilidad de que la ciudadanía se entere, por ejemplo, de los gastos de un periodo fiscal, o del monto pagado por la compra de equipos, maquinaria u otros bienes.
¿Hay garantía de transparencia por parte de esas personas? No, no las hay. Y es posible entonces que, luego de su participación en las elecciones regionales –en las que sólo habrá un ganador más su vicepresidente y el grupo de consejeros regionales que resulten elegidos–, nunca más se sepa de dónde obtuvieron los fondos para financiar sus campañas. Un manto de impunidad y de desencanto, pero también de velado olvido, se cernirá sobre ellos. A menos que reincidan en sus propósitos para un proceso electoral.
Es cierto que esas personas tienen plazo límite de entregar sus declaraciones juradas hasta el 1º de setiembre, pero es probable también que sólo cumplan con hacerlo unos cuantos, a menos que prefieran quedar fuera de carrera.
No nos imaginamos tampoco que el Partido Aprista Peruano (PAP) y Alianza para el Progreso (APP) dejen de emitir sus informes de gastos de campaña al JNE, compromiso que hasta ahora no han honrado. Pero tampoco nos imaginamos que esas agrupaciones (y las otras) cumplan con los requisitos de transparencia que suelen eludir urdiendo mil y una salida, como lo han hecho casi siempre.
¿Qué tendría que hacerse para evitar que los candidatos incurran una y otra vez en esas conductas cuestionables? Pues que el JNE les suspenda o limite su participación en próximos procesos electorales, para lo cual hace falta emprender una reforma ad hoc. Sólo de ese modo aprenderían que con la confianza y el respeto de la ciudadanía no se juega.
Resulta una vergüenza saber que casi todos los candidatos tanto a la Presidencia Regional como a las vicepresidencias han incumplido con proporcionar documentación oficial que pruebe los orígenes de los fondos con los que financian sus correspondientes campañas. Esa información la dio ayer la coordinadora regional del Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Claudia Valera Rengifo.
Lo que no dijo explícitamente la funcionaria es la conclusión que nace de esta omisión cometida a conciencia: que esas personas no han entregado esa información debido a que pretenden eludir la fiscalización que temen.
Significa entonces que 11 de los 18 postulantes, al negarle sus declaraciones juradas de bienes y rentas a ese organismo, le dan las espalda a sus votantes y, sobre todo, al pueblo de La Libertad, de cuyo voto se valen para convertirse luego ellos mismos en funcionarios públicas. Huelga decir que eso se debe a la combinación de menosprecio por la ciudadanía, irresponsabilidad y temor que experimentan estas personas.
Pero también se debe a que saben, a ciencia cierta, que nada les va a ocurrir probablemente porque el JNE no va a tacharlos por no explicar de dónde provienen los fondos que utilizan durante esta campaña electoral.
Podemos deducir a raíz de su conducta cómo es que actuarían eventualmente esas personas en el supuesto negado de ser elegidas autoridades regionales y por lo tanto públicas. Si así procedieron anteriormente, es posible que extiendan esa conducta a su desempeño laboral, negando información a los medios y restando la posibilidad de que la ciudadanía se entere, por ejemplo, de los gastos de un periodo fiscal, o del monto pagado por la compra de equipos, maquinaria u otros bienes.
¿Hay garantía de transparencia por parte de esas personas? No, no las hay. Y es posible entonces que, luego de su participación en las elecciones regionales –en las que sólo habrá un ganador más su vicepresidente y el grupo de consejeros regionales que resulten elegidos–, nunca más se sepa de dónde obtuvieron los fondos para financiar sus campañas. Un manto de impunidad y de desencanto, pero también de velado olvido, se cernirá sobre ellos. A menos que reincidan en sus propósitos para un proceso electoral.
Es cierto que esas personas tienen plazo límite de entregar sus declaraciones juradas hasta el 1º de setiembre, pero es probable también que sólo cumplan con hacerlo unos cuantos, a menos que prefieran quedar fuera de carrera.
No nos imaginamos tampoco que el Partido Aprista Peruano (PAP) y Alianza para el Progreso (APP) dejen de emitir sus informes de gastos de campaña al JNE, compromiso que hasta ahora no han honrado. Pero tampoco nos imaginamos que esas agrupaciones (y las otras) cumplan con los requisitos de transparencia que suelen eludir urdiendo mil y una salida, como lo han hecho casi siempre.
¿Qué tendría que hacerse para evitar que los candidatos incurran una y otra vez en esas conductas cuestionables? Pues que el JNE les suspenda o limite su participación en próximos procesos electorales, para lo cual hace falta emprender una reforma ad hoc. Sólo de ese modo aprenderían que con la confianza y el respeto de la ciudadanía no se juega.
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