BUENOS AIRES (Reuters).- El Gobierno de Argentina reglamentó el miércoles una polémica disposición de una nueva ley de medios de comunicación que obliga a grandes empresas a vender en el plazo de un año licencias para operar radios y canales de televisión, dijo la agencia estatal Télam.
"Los grupos concentrados tendrán un año a partir de mañana para ajustarse a la nueva ley", dijo la agencia de noticias sobre una decisión que según analistas podría provocar un conflicto entre poderes, ya que ha sido objetada por un juez.
La aplicación del artículo 161 afectaría a empresas que posean más licencias de las permitidas por la llamada ley de medios de comunicación, aprobada el año pasado en medio de un feroz enfrentamiento del Gobierno con los mayores diarios del país, Clarín y La Nación, críticos de la gestión de la presidenta Cristina Fernández.
La mandataria ha defendido la normativa afirmando que permitirá el ingreso de nuevos jugadores al mercado de la comunicación, pero los críticos indican que acrecentará la influencia del Estado en el sector.
Al establecer límites en el número de medios de comunicación que las compañías pueden poseer, la norma busca forzar a algunos grupos a vender en un plazo no mayor a un año, situación que ocurriría en vísperas de la elección presidencial de octubre del 2011.
El Grupo Clarín, uno de los mayores conglomerados de comunicación de América Latina, y el holding de medios Uno, vienen resistiendo la norma en la justicia.
"Los grupos concentrados tendrán un año a partir de mañana para ajustarse a la nueva ley", dijo la agencia de noticias sobre una decisión que según analistas podría provocar un conflicto entre poderes, ya que ha sido objetada por un juez.
La aplicación del artículo 161 afectaría a empresas que posean más licencias de las permitidas por la llamada ley de medios de comunicación, aprobada el año pasado en medio de un feroz enfrentamiento del Gobierno con los mayores diarios del país, Clarín y La Nación, críticos de la gestión de la presidenta Cristina Fernández.
La mandataria ha defendido la normativa afirmando que permitirá el ingreso de nuevos jugadores al mercado de la comunicación, pero los críticos indican que acrecentará la influencia del Estado en el sector.
Al establecer límites en el número de medios de comunicación que las compañías pueden poseer, la norma busca forzar a algunos grupos a vender en un plazo no mayor a un año, situación que ocurriría en vísperas de la elección presidencial de octubre del 2011.
El Grupo Clarín, uno de los mayores conglomerados de comunicación de América Latina, y el holding de medios Uno, vienen resistiendo la norma en la justicia.
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