Por: Pedro Francke pedrofrancke@gmail.com
La provincia de Islay fue nuevamente testigo de un fuerte conflicto social la semana pasada. Los intentos de la Southern Copper de imponer el proyecto minero de Tía María han enfrentado la resistencia de agricultores y pobladores. El gobierno no dio alternativas a una comisión de la zona que vino a dialogar dos semanas atrás, y recién empieza a abrir las puertas al diálogo tras constatarse que los arequipeños del valle del Tambo mantienen su oposición al proyecto.
El principal problema que los pobladores observan en el proyecto es el tema del agua. Hace un año, la Southern trató de imponer un proyecto que se proponía usar las aguas subterráneas del valle del Tambo, lo que hubiera afectado la disponibilidad de agua para los agricultores río abajo, pues esas aguas subterráneas recargan el acuífero. Southern presentó un Estudio de Impacto Ambiental que no resistía el menor análisis pues no consideraba estos evidentes efectos. Los agricultores del valle de Tambo, que no son zonzos, se resistieron y en una consulta municipal, rechazaron el proyecto de Tía María por más del 90% de los votos.
Hoy, la empresa ha retrocedido y dice que plantea hacer su proyecto mediante la desalinización del agua de mar. Pero la cuestión es que ese proyecto no es conocido por los arequipeños, no está disponible al público y no se ha presentado un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. Es evidente que si se cambia radicalmente la fuente de agua, que es el principal problema ambiental en este caso, se necesita un nuevo estudio de impacto. Pero si lo hay, no se le conoce. Lo primero que deben hacer la Southern y el gobierno, en este caso, es actuar con transparencia, publicar ese estudio y someterlo a la revisión de expertos independientes.
En el terreno económico, hay que recordar que la Southern Copper es una de las empresas más rentables que operan en nuestro país, con utilidades netas que este año deben superar los 1,000 millones de dólares. Los altos precios del cobre, que superan los 3,50 dólares la libra, más de 4 veces su promedio histórico, así lo garantizan. Se trata de una trasnacional cuyo dueño es hoy una de las 100 personas más ricas del mundo. Dinero no le falta, ni al dueño ni a la empresa, para proceder correctamente, actuar con transparencia, publicar un Estudio de Impacto Ambiental bien hecho y aceptar que sin el consentimiento de los pobladores de la zona no puede avanzar.
“La desconfianza de los agricultores de la zona ya es parte del problema”, afirma ayer el suplemento Dia_1. Es verdad. Tal vez lo primero que sea necesario hacer en este caso es que dejen de perseguir a los dirigentes sociales, a los que el gobierno y la empresa acusan penalmente cada vez que salen a protestar. Es difícil recuperar la confianza necesaria para reiniciar el diálogo, cuando al mismo tiempo la agresión continúa.
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