
(Perú 21).- Vigente desde el 1 de diciembre del año pasado, la modalidad de los Procedimientos Sumarísimos –implementada en el Código de Protección al Consumidor– es la alternativa más eficiente para los usuarios que tienen reclamos por productos o servicios, cuyo valor no supera los S/.10,800, equivalente a tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Para presentar una denuncia bajo esta vía, solo se requiere que el interesado acuda a cualquiera de las sedes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) y llene un formulario. El costo de todo el trámite es de S/.36.
La ventaja de esta modalidad es que, debido a la menor cuantía del consumo denunciado, el órgano resolutivo de los procedimientos sumarísimos puede tomar un plazo máximo de 30 días para solucionar la controversia entre el cliente y el proveedor.
INCLUYE AUDIENCIA. Además, si el caso lo amerita, el jefe del órgano resolutivo tiene la facultad de convocar a una audiencia única para escuchar a las partes en conflicto y saber exactamente cómo ocurrieron los hechos.
De acuerdo con la normativa de Indecopi, los consumidores podrán presentar como pruebas material impreso, fotografías, reproducciones de audio y video, así como los productos que han sido materia de la denuncia. También son pruebas los resultados escritos de informes periciales, técnicos, testimonios e inspecciones.
CASOS QUE PROCEDEN. El organismo defensor del usuario detalla que este tiene derecho de presentar una queja cuando la empresa o entidad con la que contrató un servicio o a quien adquirió un bien no atiende sus requerimientos de información, incurre en métodos abusivos de cobranza o se demora en la entrega.
También proceden las denuncias cuando el proveedor incumple con las medidas correctivas, los acuerdos conciliatorios o no cubre los gastos de abogados y costos de trámite en los que incurrió el denunciante durante el proceso, como lo estipula el citado código.
Cabe aclarar que los Procedimientos Sumarísimos no pueden atender reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o problemas con los servicios médicos.
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