
(El Comercio).- En su último reporte de Conflictos Sociales la Defensoría del Pueblo dio cuenta de 233 casos, de los cuales 159 se encuentran activos (68%) y 74 en estado latente (31%).
Asimismo se reportan cuatro conflictos nuevos y dos que se había considerado retirarlos de la lista pero que en las últimas semanas se han reactivado.
Uno de los nuevos casos corresponde al conflicto socioambiental en Chugur, donde las autoridades y parte de la población se oponen al proyecto minero Tantahuatay, por lo que convocaron a un paro indefinido desde el pasado 24 de abril durante el cual se produjo un enfrentamiento entre los pobladores y la policía que dejó un saldo de dos personas heridas.
Del total de casos registrados, el 50,2% (117 casos) corresponde a conflictos socioambientales, seguidos por los conflictos debido a asuntos de gobierno local, con un 11,2% (26 casos), y por los conflictos vinculados a asuntos del Gobierno Central, con 10,3% (24 casos).
También se registra como caso nuevo la crisis que enfrenta a los trabajadores del sector Salud con el Gobierno Regional de San Martín. Los trabajadores se declararon en huelga indefinida y atacaron las instalaciones de la Dirección Regional de Salud.
EL DIÁLOGO PREVALECE
Existen 92 conflictos sociales tratados a través del diálogo, como el que enfrentaron la comunidad campesina de Oyón con la Compañía de Minas Buenaventura, y en el que hay disposición de ambas partes a atender a la convocatoria para participar de una mesa de diálogo.
La Defensoría del Pueblo exhorta a tratar los conflictos por la vía del diálogo para evitar hechos trágicos como los ocurridos en Islay contra el proyecto minero Tía María, cuyas protestas dejaron un saldo de tres personas muertas.
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