Carlos Rivera señaló que esta gracia presidencial le parece muy sospechosa, pues si bien Espinoza sufría una enfermedad grave el INPE debió trasladarlo a un establecimiento penal que le brindara mejores condiciones y no admitir su solicitud de gracia.
“Me da la impresión de que hubo un negociado político por la forma cómo se ha producido ese derecho de gracia, en la casi clandestinidad. Esto por el hecho de que era un grave delito de corrupción y que la salud del procesado no corría peligro en caso de ir a otro penal. Es un caso similar al de Crousillat”, afirmó.
En tanto, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra sostuvo que luego de anularse el derecho de gracia a Espinoza Jiménez este debe ser incluido en el proceso por los 19 millones de soles que se destinaron para la compra de bienes y alimentos para los damnificados del terremoto de Pisco.
“Imagino que será muy difícil que el gobierno de Alan García anule este derecho de gracia, creo que es algo que deberá hacer el gobierno de Ollanta Humala”, afirmó.
En tanto, se conoció el informe médico de Espinoza, en el cual se señalaba que el paciente debía estar sometido a un tratamiento bajo “vigilancia médica estricta y aislamiento relativo”.
La clave
Justifican. El Ministerio de Justicia justificó la gracia presidencial porque el reglamento indicaba que las condiciones carcelarias podían colocar en grave riesgo la vida de Espinoza.
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