Propuesta presentada por DEMUS que apunta a superar patrones discriminatorios en los procesos judiciales por delitos sexuales, también puede ser comentada y apoyada por la ciudadanía.
Lima.- La valoración de la prueba en los delitos contra la Libertad Sexual es uno de los temas aprobados para ser objeto de Acuerdo Plenario en la Corte Suprema a fines de año. Con esta medida, elevada por la institución feminista DEMUS, se trata de impedir la absolución del agresor o el archivamiento del proceso, tal y como sucede actualmente, en el 90 por ciento de casos por violencia sexual contra mujeres adultas y menores de 14 a 17 años, llevados por el Poder Judicial.
Los acuerdos plenarios son medidas que adoptan los jueces para resolver distintos problemas jurídicos que se les presentan con cada caso concreto o uniformizar criterios diferentes utilizados en casos similares para hacer predecible los estándares de justicia aplicables a los casos. La propuesta mencionada será evaluada por los jueces supremos de las Salas Penales Permanente y Transitoria, por lo que regirá a nivel nacional. En esta etapa está prevista, además, la participación ciudadana apoyando esta iniciativa a través del foro virtual en la página web del Poder Judicial.
Esta propuesta que busca incorporar como criterios de valoración de la prueba en delitos sexuales, las reglas 70 y 71 de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional y apunta a que en los procesos jueces y juezas no indaguen en el pasado sexual de la afectada y ya no consideren que la falta de consentimiento se infiere sólo de la violencia, así como tomen en cuenta la situación o contexto en el que pueden vivir las mujeres y por el cual muchas veces no están en condiciones de oponer resistencia física que las llevaría a consecuencias más graves. “Estas posturas reflejan la persistencia de estereotipos y creencias machistas en el imaginario de los magistrados y magistradas y contravienen el principio de debida diligencia y de no discriminación” apuntó Jeannette Llaja, directora de DEMUS.
“Más de 35 mil juicios por delitos sexuales son vistos en el Poder Judicial y la carga procesal por violencia sexual es muy alta, y la justicia sigue siendo esquiva para la mayoría de las víctimas”, agregó la abogada.
Algunos contrastes en la actuación de los magistrados en casos de delitos sexuales
En el marco del Día del Juez y la Jueza, el pasado 4 de agosto, la jueza superior Dora Ampudia, fue investida con la Orden Peruana de la Justicia en el Grado de Gran Oficial, en reconocimiento a su destacada carrera de magistrada. Es importante destacar que la Dra. Ampudia fue la magistrada sustanciadora de la destitución del ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jovino Cabanillas Saldívar, culpable de hostigamiento sexual contra dos trabajadoras de su despacho en el Poder Judicial.
Por otro lado, también destacamos, señaló la directora de DEMUS, como muestra de la voluntad de mejorar la administración de justicia para los delitos sexuales, la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no ratificar como juez supremo al Dr. Robinson Gonzales, porque, entre otras razones, en la evaluación de ejecutorias suyas se identificó que en un caso de violación sexual contra una menor, absolvió al imputado bajo el argumento de que la ausencia de marcas en el cuerpo de la víctima, así como de “sólo” desagarro parcial del himen demostraban falta de resistencia de la agraviada, por tanto, su consentimiento. (Martina Ramón Sánchez)
Lima.- La valoración de la prueba en los delitos contra la Libertad Sexual es uno de los temas aprobados para ser objeto de Acuerdo Plenario en la Corte Suprema a fines de año. Con esta medida, elevada por la institución feminista DEMUS, se trata de impedir la absolución del agresor o el archivamiento del proceso, tal y como sucede actualmente, en el 90 por ciento de casos por violencia sexual contra mujeres adultas y menores de 14 a 17 años, llevados por el Poder Judicial.
Los acuerdos plenarios son medidas que adoptan los jueces para resolver distintos problemas jurídicos que se les presentan con cada caso concreto o uniformizar criterios diferentes utilizados en casos similares para hacer predecible los estándares de justicia aplicables a los casos. La propuesta mencionada será evaluada por los jueces supremos de las Salas Penales Permanente y Transitoria, por lo que regirá a nivel nacional. En esta etapa está prevista, además, la participación ciudadana apoyando esta iniciativa a través del foro virtual en la página web del Poder Judicial.
Esta propuesta que busca incorporar como criterios de valoración de la prueba en delitos sexuales, las reglas 70 y 71 de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional y apunta a que en los procesos jueces y juezas no indaguen en el pasado sexual de la afectada y ya no consideren que la falta de consentimiento se infiere sólo de la violencia, así como tomen en cuenta la situación o contexto en el que pueden vivir las mujeres y por el cual muchas veces no están en condiciones de oponer resistencia física que las llevaría a consecuencias más graves. “Estas posturas reflejan la persistencia de estereotipos y creencias machistas en el imaginario de los magistrados y magistradas y contravienen el principio de debida diligencia y de no discriminación” apuntó Jeannette Llaja, directora de DEMUS.
“Más de 35 mil juicios por delitos sexuales son vistos en el Poder Judicial y la carga procesal por violencia sexual es muy alta, y la justicia sigue siendo esquiva para la mayoría de las víctimas”, agregó la abogada.
Algunos contrastes en la actuación de los magistrados en casos de delitos sexuales
En el marco del Día del Juez y la Jueza, el pasado 4 de agosto, la jueza superior Dora Ampudia, fue investida con la Orden Peruana de la Justicia en el Grado de Gran Oficial, en reconocimiento a su destacada carrera de magistrada. Es importante destacar que la Dra. Ampudia fue la magistrada sustanciadora de la destitución del ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Jovino Cabanillas Saldívar, culpable de hostigamiento sexual contra dos trabajadoras de su despacho en el Poder Judicial.
Por otro lado, también destacamos, señaló la directora de DEMUS, como muestra de la voluntad de mejorar la administración de justicia para los delitos sexuales, la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de no ratificar como juez supremo al Dr. Robinson Gonzales, porque, entre otras razones, en la evaluación de ejecutorias suyas se identificó que en un caso de violación sexual contra una menor, absolvió al imputado bajo el argumento de que la ausencia de marcas en el cuerpo de la víctima, así como de “sólo” desagarro parcial del himen demostraban falta de resistencia de la agraviada, por tanto, su consentimiento. (Martina Ramón Sánchez)
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