Lima (ANDINA).- El ex presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Bambarén, demandó hoy justicia y que no haya impunidad en el caso del asesinato de campesinos de El Santa, en la región Ancash, a manos del grupo Colina, en 1992.
Resaltó que deben continuar adelante las investigaciones, a fin de determinar las responsabilidades.
“Esperamos el avance de la investigación forense. Según los primeros datos, hubo torturas porque en los restos aparecen brazos y piernas quebradas. Sin duda, hubo torturas gravísimas”, dijo a la Agencia Andina.
El religioso subrayó que pese a la negación constante de estas violaciones a los derechos humanos, ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori, sentenciado por violación a esos derechos y por corrupción, al final “la verdad siempre se abre paso”.
Peritos especializados del Ministerio Público iniciaron el pasado sábado, la exhumación de los restos humanos hallados en la provincia de Virú, La Libertad.
Los restos fueron descubiertos por un grupo de arqueólogos de la Dirección Regional de Cultura, que desarrollaba un trabajo para el Proyecto Especial Chavimochic.
“La verdad siempre sale a luz. Ahora nos preguntamos cómo pretendieron olvidar esto durante la pasada campaña electoral, cuando en el gobierno de Fujimori ocurrieron estos crímenes”, remarcó.
Monseñor Bambarén se reunirá esta mañana con los familiares de los campesinos de El Santa y dijo que, en medio del dolor, ellos esperan los resultados de las investigaciones.
“Puede pasar un poco de tiempo, pero todo se va aclarando y van apareciendo los culpables. Ojalá se haga la luz y puedan ser sancionados los autores del crimen”, puntualizó.
Mencionó que en la localidad de El Santa existe gran indignación por este caso, así como manifestaciones contra el ex mandatario Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos.
Según familiares, investigaciones periodísticas y organismos defensores de los derechos humanos, nueve campesinos del distrito del Santa fueron secuestrados y asesinados por el denominado grupo Colina en 1992, que operó durante el régimen de Alberto Fujimori, y cuyos miembros fueron sentenciados por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
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