La inclusión queda en el papel. La educación y el empleo siguen siendo limitados para casi cuatro millones de peruanos(El Comercio).- Cuando en 1998 se promulgó la Ley General de las Personas con Discapacidad (27050), el economista Jorge Balbín, uno de sus impulsores y beneficiarios, pensó que el tiempo de oscuridad había terminado para miles de peruanos como él, apartados de una sociedad que los veía como una carga.
Sin embargo, como se reveló ayer durante una mesa de trabajo convocada por la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, las carencias que aquejan a los casi cuatro millones de personas con alguna limitación física en el país aún abundan, sobre todo en salud y empleo.
“Atendemos al 30% de esta población, que requiere de rehabilitación física, pero recibimos del Estado solo S/.33 por paciente”, reveló Vivian Salguero, directora de Centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con 60 años de servicio.
El 70% restante acude a Essalud, entidad que a su vez enfrenta otras limitaciones para la atención y tratamiento de pacientes.
Balbín, invitado a la reunión por ser asesor del congresista Yehude Simon, hizo palpable su decepción.
“El Estado tampoco cumple con destinar el 3% de las planillas de entidades públicas a personas con discapacidad”, sostuvo.
Según el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), a la fecha los empleados públicos con alguna discapacidad representan apenas el 0,5% de las planillas públicas.
SIN SALÓN Y SIN SERVICIOS
Consultada por este Diario, Malena Pineda, jefa del Programa para Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, agregó que el ámbito educativo y el de acceso a servicios públicos son tan críticos como los anteriores.
“En el 2007 denunciamos que la inclusión de niños con discapacidad al sistema de educación básica regular [desde el 2003] era infructuosa porque los profesores no estaban capacitados y los colegios no contaban con la infraestructura ni los materiales según las discapacidades de los alumnos”, refirió.
Las consecuencias de esta situación se reflejan en el 87% de niños con alguna limitación física y en edad escolar que no recibe educación alguna.
“En el 2006 también supervisamos 72 municipalidades para verificar si eran edificios accesibles. Solo Miraflores y Ate cumplían con el criterio. ¡Ni qué decir de las comisarías! Si estas no tienen rampas para sillas de ruedas o intérpretes del lenguaje de señas, ¿cómo los discapacitados van a ir a interponer sus denuncias?”, señaló la funcionaria.
Según la institución, más de 700 mil peruanos padecen de sordera. Por tanto, el uso de intérpretes del lenguaje de señas, también contemplado en las leyes vigentes, es indispensable para que puedan ejercer sus derechos.
“Solo hay 30 intérpretes en las entidades del Estado. En el Poder Judicial, por ejemplo, hay tres; la Defensoría [del Pueblo] tiene el servicio desde junio y la Municipalidad de Miraflores lo acaba de implementar”, agregó Pineda.
Facilidades para acceder a InternetHilda Quispe no puede utilizar sus manos por la artritis reumatoide. Sin embargo, esta condición no le ha impedido acceder a herramientas de Internet como las redes sociales y el correo electrónico o que redacte documentos en la computadora.
Esto ha sido posible gracias a las aplicaciones Head Mouse y Virtualkeyboards. Estas permiten a las personas con discapacidad motora grave ejecutar las funciones del mouse con movimientos de la cabeza y redactar eligiendo –con movimientos de los ojos– las letras de un teclado que se muestra en la pantalla.
“La mayoría de las personas con discapacidad podemos hacer múltiples trabajos, pero falta que nos den oportunidades para demostrar nuestro potencial y estas herramientas nos ayudan a ello”, dice Mario Pazo, contador que a pesar de su discapacidad en piernas y brazos trabaja en una entidad pública donde maneja con facilidad la computadora.
Estas aplicaciones se descargan gratuitamente de la web www.tecnologiasaccesibles.com/es/descargas.htm.
SEPA MÁS
El congresista Humberto Lay presentó recientemente un proyecto de ley para autorizar que perros guías de invidentes ingresen a vehículos y entidades públicas.
El parlamentario Javier Diez Canseco también presentó un proyecto para garantizar los derechos de las personas con deficiencias mentales.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se comprometió a regresar a 23.000 personas con discapacidad mental al padrón electoral. Habían sido retiradas arbitrariamente, dijo la entidad en un comunicado.
0 comentarios:
Publicar un comentario