Lima (ANDINA).- La Defensoría del Pueblo exhortó hoy al Ministerio de Justicia (Minjus) adoptar medidas concretas para erradicar la corrupción al interior de los establecimientos penitenciarios, que afecta los derechos fundamentales de la comunidad carcelaria, el principio de autoridad, y la seguridad ciudadana.
Según un reciente Informe Defensorial, el 64.61% de la comunidad carcelaria considera que sí existe corrupción al interior de los penales, y que se genera durante la tramitación de beneficios penitenciarios, la clasificación y ubicación de los reclusos, la concesión de servicios y el otorgamiento de permisos para visitas.
“El problema de la corrupción en las cárceles se encuentra institucionalizado en el sistema penitenciario, por lo que debe ser atendido con urgencia para mejorar la administración carcelaria en todo el territorio nacional”, dijo el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila.
Sostuvo que es necesario incorporar una sanción penal para el funcionario o servidor que permita el ingreso de artículos prohibidos a los penales.
De igual forma, señaló que se requiere poner en marcha un Plan de Trabajo para combatir de manera eficaz la corrupción, mediante acciones de inteligencia y operativos permanentes en las cárceles.
Por otro lado, el funcionario se mostró partidario de la aprobación de un “Código de Ética del Servicio Penitenciario”, destinado a definir los principios éticos de la función penitenciaria, así como la forma en que se debe manejar la relación con los privados de libertad y con la sociedad.
La Defensoría del Pueblo presentó recientemente el Informe Defensorial N° 154, titulado “El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas”.
Según un reciente Informe Defensorial, el 64.61% de la comunidad carcelaria considera que sí existe corrupción al interior de los penales, y que se genera durante la tramitación de beneficios penitenciarios, la clasificación y ubicación de los reclusos, la concesión de servicios y el otorgamiento de permisos para visitas.
“El problema de la corrupción en las cárceles se encuentra institucionalizado en el sistema penitenciario, por lo que debe ser atendido con urgencia para mejorar la administración carcelaria en todo el territorio nacional”, dijo el jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, José Ávila.
Sostuvo que es necesario incorporar una sanción penal para el funcionario o servidor que permita el ingreso de artículos prohibidos a los penales.
De igual forma, señaló que se requiere poner en marcha un Plan de Trabajo para combatir de manera eficaz la corrupción, mediante acciones de inteligencia y operativos permanentes en las cárceles.
Por otro lado, el funcionario se mostró partidario de la aprobación de un “Código de Ética del Servicio Penitenciario”, destinado a definir los principios éticos de la función penitenciaria, así como la forma en que se debe manejar la relación con los privados de libertad y con la sociedad.
La Defensoría del Pueblo presentó recientemente el Informe Defensorial N° 154, titulado “El Sistema Penitenciario: componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y perspectivas”.
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