Lima.- Los crecientes casos de feminicidio y de lesiones graves a mujeres ocurridos las últimas semanas demuestran que el Estado y en particular el sistema de administración de justicia no está en capacidad de proteger los derechos de las mujeres en situación de violencia, lo que demanda que, entre otras medidas, la Academia de la Magistratura asegure que la formación de sus operadores tenga los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad.
Así lo manifestó Cynthia Silva, abogada de la Línea Jurídica del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), institución que informó en una audiencia realizada en el marco del 144º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a justicia cuando son víctimas de violación de sus derechos.
En la referida audiencia, realizada a fines de marzo a solicitud de la Articulación Regional Feminista por la Justicia de Género y los Derechos Humanos, de la que DEMUS forma parte, se informó que en el Perú se requiere una ley que proteja a las mujeres de la violencia familiar, comunitaria y de aquella que provenga del Estado, de acuerdo con lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Belem do Pará.
La abogada Cynthia Silva manifestó que la vigente Ley 26260 solo brinda protección a las peruanas en relación con la violencia ocurrida en el hogar, mas no en los otros ámbitos especificados por la Convención de Belem do Pará
También señaló que muchas veces llevados por prejuicios o estereotipos de género, los operadores de justicia favorecen la impunidad de los casos denunciados, lo que sucede por ejemplo cuando se pide a las víctimas que muestren evidencias para probar la violencia física, o se les exige una conducta “intachable” para ser merecedoras de justicia y reparación en caso de violencia sexual.
“Cuando los casos de violencia contra las mujeres quedan impunes por prejuicios y estereotipos de género en el trámite de la denuncia, investigación y juicio, se envía a la sociedad un mensaje de tolerancia hacia la violencia y de desprotección de las mujeres. Por ello, insistimos en la urgencia de institucionalizar la formación en género, derechos humanos e interculturalidad de las y los operadores de justicia para impedir que el machismo siga desconociendo el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia”, declaró la abogada.
De esa manera, añadió, la abogada, el personal judicial estará en condiciones de identificar la raíz y la gravedad del problema, y de actuar con la debida diligencia para garantizar los derechos de las mujeres que viven en violencia, quienes así podrán acceder a la justicia y reparación que requieren.
Así lo manifestó Cynthia Silva, abogada de la Línea Jurídica del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), institución que informó en una audiencia realizada en el marco del 144º Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los obstáculos que enfrentan las mujeres en el acceso a justicia cuando son víctimas de violación de sus derechos.
En la referida audiencia, realizada a fines de marzo a solicitud de la Articulación Regional Feminista por la Justicia de Género y los Derechos Humanos, de la que DEMUS forma parte, se informó que en el Perú se requiere una ley que proteja a las mujeres de la violencia familiar, comunitaria y de aquella que provenga del Estado, de acuerdo con lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Belem do Pará.
La abogada Cynthia Silva manifestó que la vigente Ley 26260 solo brinda protección a las peruanas en relación con la violencia ocurrida en el hogar, mas no en los otros ámbitos especificados por la Convención de Belem do Pará
También señaló que muchas veces llevados por prejuicios o estereotipos de género, los operadores de justicia favorecen la impunidad de los casos denunciados, lo que sucede por ejemplo cuando se pide a las víctimas que muestren evidencias para probar la violencia física, o se les exige una conducta “intachable” para ser merecedoras de justicia y reparación en caso de violencia sexual.
“Cuando los casos de violencia contra las mujeres quedan impunes por prejuicios y estereotipos de género en el trámite de la denuncia, investigación y juicio, se envía a la sociedad un mensaje de tolerancia hacia la violencia y de desprotección de las mujeres. Por ello, insistimos en la urgencia de institucionalizar la formación en género, derechos humanos e interculturalidad de las y los operadores de justicia para impedir que el machismo siga desconociendo el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación y violencia”, declaró la abogada.
De esa manera, añadió, la abogada, el personal judicial estará en condiciones de identificar la raíz y la gravedad del problema, y de actuar con la debida diligencia para garantizar los derechos de las mujeres que viven en violencia, quienes así podrán acceder a la justicia y reparación que requieren.
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