Defensoría pide diálogo democrático y buena fe para solucionar caso Conga

Lima (ANDINA).- La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento, pidió canalizar del marco de legalidad y a través del diálogo democrático y de buena fe, las tensiones y desencuentros que subsisten en torno al proyecto minero Conga.
En ese sentido, consideró que las medidas de fuerza solo generan situaciones de riesgo para todos y distanciamiento entre los distintos actores, mientras que el diálogo acerca posiciones y permite un tratamiento colaborativo de los problemas.
Invocó, asimismo, a las autoridades nacionales, regionales, locales y a las dirigencias sociales a realizar su mejor esfuerzo para que en el menor tiempo posible se reabra el diálogo y vuelva la tranquilidad social a Cajamarca, única garantía de solución del conflicto.
La Defensoría del Pueblo dijo que se mantendrá atenta a intervenir en el marco de sus competencias y reiteró su ofrecimiento de colaboración en la instauración de un proceso de diálogo igualitario y productivo con miras a una solución pacífica y justa de este conflicto.

Al comentar la convocatoria a una paralización en Cajamarca, sostuvo que la violencia es incompatible con el respeto y la protección de los derechos fundamentales, y con el objetivo de fortalecer nuestro sistema democrático.
“En esa medida invocamos a la ciudadanía de las provincias y distritos de Cajamarca a ejercer su derecho a manifestarse públicamente dentro de la ley, en forma pacífica y sin emplear –en ningún caso- medios violentos. La violencia solo trae destrucción y muerte, tal como ha quedado demostrado en numerosas situaciones de conflicto social que el país ha confrontado”, indicó el pronunciamiento.
La Defensoría instó a las autoridades políticas y policiales recordar que el uso de la fuerza para controlar disturbios internos sólo procede cuando no es posible controlar dichas manifestaciones a través de medios no violentos.
“En caso de que la fuerza sea necesaria se podrá recurrir a armas no letales. Del mismo modo, se recuerda que el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos policiales es excepcional y responde únicamente a una circunstancia en la que la vida de una persona está en peligro”, agrega el documento.