Coordinadora general de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ex vicepresidenta del INPE y adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. (La República).- La funcionaria explica que la comisión está decidida a impulsar acciones concretas que contribuyan a recuperar la confianza de la población y a involucrarla en la lucha contra la corrupción.
La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción aprobó a inicios de mes una serie de medidas de buenas prácticas para las entidades públicas. ¿Qué efectos concretos esperan lograr?
En la sesión del 2 de mayo aprobamos respaldar el proyecto de ley para la declaración jurada de posibles conflictos de intereses de funcionarios púbicos, y medidas de buenas prácticas como la implementación de registros de visitas en línea y la publicación de los resultados de adjudicaciones directas menores a 3 UIT. En el primer caso se trata de que todas las visitas que se realizan a distintos funcionarios en las instituciones públicas sean publicadas al término de cada día.
Como lo hace el Tribunal Constitucional…
Esto recoge una muy buena práctica que implementó el Tribunal Constitucional desde hace unos años. El objetivo es dar transparencia, que la gente sepa quiénes visitan la entidad. Esto previene posibles gestiones de intereses personales.
¿No debe ser acatado por todas las entidades públicas? Por ejemplo, en la Presidencia aparece solo la agenda…
Una cosa es la agenda y otra el registro de las visitas que realizan a los funcionarios, en el que tienen que figurar todos los ingresos. Esto transparenta todas las actividades que se realizan al interior de la institución.
¿La ejecución de estas buenas prácticas es vinculante para todas las entidades públicas?
Las buenas prácticas acordadas son un compromiso de las instituciones miembros de la Comisión, que son 14, pero nos interesa mucho que el registro de visitas sea para todas las instituciones públicas y para ello vamos a hacer todas las gestiones a nivel de la PCM.
Según varias encuestas, la población siente que el presidente no cumple con su ofrecimiento de lucha contra la corrupción...
La política del presidente Humala es luchar frontalmente contra la corrupción. Se trabajan temas importantes en la prevención y el fortalecimiento de la gestión pública. La población tiene una percepción negativa, aunque en la Encuesta Nacional de Hogares tan solo poco más de 3% dijo haber pagado una coima a un funcionario público. Eso contrasta con casi el 95% de la población a la que nunca le han exigido ningún pago. Nuestro reto es recuperar la confianza de la ciudadanía, que vea lo que hacemos en este tema. Para ello también es importante explicarles qué mecanismos de participación y de denuncia existen. Estamos trabajando para ofrecer, como Estado, una respuesta más estandarizada.
¿También influyen denuncias como la de las raciones malogradas para los soldados que combaten en el VRAE?
Por supuesto. Pero hay que diferenciar problemas de gestión de los que pueden ser de corrupción. En la administración pública, muchas veces por desconocimiento o poca experiencia pueden cometerse errores en determinados procedimientos logísticos, pero no necesariamente hablamos de corrupción, pero son percibidos así por la ciudadanía. Por eso hay que capacitar y vigilar más a los empleados públicos.
Y sancionar a los corruptos. El contralor dijo que hay 10 funcionarios públicos investigados por corrupción y hasta ahora no conocemos los resultados...
Una sanción efectiva no solo tiene un efecto directo en el sancionado, también es un efecto disuasivo en los demás funcionarios públicos. Por eso es importante que se difundan estas sanciones, penales o administrativas. Estamos levantando información sobre cuántos procesos administrativos vinculados a casos de corrupción se han dado en la administración pública y cuántos fueron efectivos, pues no hay información sistematizada. Además, estamos impulsando que nuestras normas penales se adecúen a convenios internacionales en la lucha contra la corrupción suscritos por Perú, que tienen normas específicas que los Estados deben asumir. Tenemos buen nivel de cumplimiento.
Falta la imprescriptibilidad...
Es urgente que se aborde este tema en el Congreso. Hubo un dictamen favorable de la Comisión de Constitución, que pasó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Debe debatirse lo más pronto posible.
Muchos casos de corrupción se han conocido por denuncias de la prensa, sobre la cual pende la amenaza de la ley mordaza...
La libertad de prensa debe ser respetada de modo irrestricto. La prensa es fiscalizadora por excelencia, eso es de gran ayuda en la lucha anticorrupción
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