Hay casi 300 mil afiliados en AFPs de La Libertad

Beatriz Merino llega a Trujillo para dar conferencia sobre SPP

Trujillo, La Libertad.- En la actualidad la región La Libertad cuenta con más de 294 mil 215 afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), reveló hoy Beatriz Merino, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones y ex Defensora del Pueblo, que llegará a Trujillo este viernes 21 para dictará una charla en el marco del Taller “Las AFP y su Impacto en la economía nacional” en la Universidad César Vallejo.
Señaló que en Europa se están haciendo reformas profundas a los sistemas pensionarios como: subir la edad límite de jubilación, aumentar las tasas de participación en el mercado de trabajo y limitar la jubilación anticipada.
Explicó que a pesar de estas reformas, Europa enfrentará serios problemas de pagos de pensiones por el cambio demográfico de envejecimiento de la población. Acotó que Latinoamérica también enfrentará una transición demográfica parecida a la europea (mayores ingresos per cápita, menores tasas de natalidad y mayor esperanza de vida).

Señala que este fenómeno hará que los sistemas de pensiones públicos en América Latina creen un mayor endeudamiento, deterioren las condiciones económicas, produzcan problemas fiscales y sean una mayor carga para las futuras generaciones. (El 2009, el Estado peruano tuvo que poner 2,500 millones de soles para cubrir el déficit fiscal de la ONP)
La charla que ofrecerá a los afiliados trujillanos a las AFP será en el Auditorio Alterno de la Universidad César Vallejo el viernes 21, desde las nueve de la mañana. Dicho evento contará con la asistencia y participación de las autoridades académicas de la UCV, del doctor en Economía de la Universidad de Manchester, Miguel Santillana y del Líder de Capacitación, David Lozano.
Beatriz Merino en el Banco Mundial fue especialista Senior en el área de Sector Público en temas de Administración y Política Tributaria, Modernización del Estado y Fortalecimiento de los Congresos para América Latina, con sede en Washington D.C. Fue nombrada Presidenta del Consejo de Ministros de la República del Perú, convirtiéndose en la primera mujer en el Perú y en América Latina en ocupar este importante cargo.
La Dra. Beatriz Merino, cuya presencia en Trujillo ha despertado mucho interés, ofrecerá a las once de la mañana del viernes 21 una interesante conferencia de prensa en el auditorio Héctor Acuña Cabrera de la Universidad César Vallejo de Trujillo. (Manuel Rodríguez R.)

Beatriz Merino: "Hay una cultura de reclamo, pero no es óptima"

Deja la Defensoría del Pueblo y volcará su conocimiento en la presidencia de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones

(El Comercio).- Beatriz Merino ya no será más la defensora del Pueblo. El Congreso –con sus vaivenes políticos– sigue intentado ponerse de acuerdo sobre quién podrá superar la alta valla que dejará. Su mandato culminó en noviembre del año pasado. Al no haberse manifestado el Parlamento, ella ha optado por seguir con su vida y a partir de la experiencia cercana que tuvo con los problemas de los jubilados volcar ese conocimiento a través de la presidencia de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP). Eduardo Vega Luna, primer adjunto de la defensoría, la reemplazará interinamente mientras el Congreso continúe deshojando margaritas.

El antecesor del defensor del Pueblo es el tribuno de la plebe romana pero que tenía capacidad de veto sobre las normas que atentaban contra los intereses ciudadanos. ¿Por qué los defensores del Pueblo no tienen esa capacidad?
El presidente de la República está en capacidad de observar una ley. Lo que hace la defensoría es recomendar su observación. En el mundo entero no tiene un carácter jurisdiccional. Tiene el magisterio de la persuasión, la autoridad moral de decirle a las autoridades cuál es la defensa de los DD.HH., democracia, libertad, Estado de derecho en general y sobre todo del ciudadano que se acerca a la defensora del Pueblo a solicitar apoyo por algún abuso o vulneración de algún derecho. Lo que se podría debatir es qué pasa cuando el funcionario se niega a cumplir con el deber constitucional de colaborar con la Defensoría del Pueblo. Si cabría o no que se sancione a ese funcionario o a su superior.

¿Postula que las sugerencias de la defensoría sean vinculantes?
No. Desnaturalizaría la figura misma del defensor. Si examinamos lo ocurrido en el Perú muchas de las recomendaciones de la defensoría se volvieron vinculantes en la medida que fueron aceptas por los jueces fiscales y miembros del Poder Judicial. Vinculantes, no en el sentido jurídico sino moral.

Si tuviera que cuantificarlas…
Nosotros introducimos una herramienta de medición de nuestros resultados. El problema es cuando solicitamos información porque se demora o se da incompleta pero una vez que la defensoría emite una opinión yo diría que entre el 80% y 90% de las recomendaciones han sido aceptadas. Hay una repuesta positiva.

¿Qué otra modificación sugiere?
Durante 14 años, la escala salarial de la defensoría no ha sido modificada sin importar la inflación, el incremento de los gastos. Eso origina que muchos de los funcionarios se vayan al sector privado. Creo que ahí el Estado está en deuda. Estoy en desacuerdo con una política restrictiva salarial. Discrepo con el presidente porque no existe organización privada o pública que va a sostener a sus funcionarios si no les paga bien.

¿Seguirá en el cargo?
Mi período de cinco años se cumplió en noviembre pasado. Esperé un tiempo prudencial y al no haberse manifestado el Congreso entendí que era el momento que siguiera con mi vida y he escogido una tarea que se relaciona con algo que aprendí y me conmovió mucho en estos años en la defensoría que es el tema de las pensiones. He aceptado el ofrecimiento de presidir la asociación de AFP.

¿La compadrería política del Congreso hará que perdamos una defensora como usted?
Eso será algo que el Congreso tendrá que responder. Yo agradezco mucho al Congreso anterior que me designó con una votación muy alta y a la ciudadanía el respaldo a esta gestión.

¿Qué pasaría en el Perú si una delegación de poder en un sentido democrático es invertido en el futuro en un sentido antidemocrático? ¿Qué mecanismos de defensa tenemos?
Muchas veces los mecanismos de la democracia son utilizados para destruirla. Lo peor que puede hacer el sistema es la mentira porque lo que se hace es precisamente destruir la confianza y la credibilidad de un sistema como la democracia. Aquel que pide un voto para algo y luego hace lo contrario está pervirtiendo la democracia, destruyéndola y llevando al ciudadano a tratar de buscar soluciones absurdas como las alianzas cívico-militares que no han sido otra cosa que la desdicha de nuestro país durante la historia republicana. Más años hemos sido gobernados por regímenes militares que por gobiernos democráticos. Creo que en un Perú que crece, que recupera sus hábitos democráticos es una obligación esencial el exigir que por lo menos en estos últimos días los electores puedan ir con una decisión veraz e informada. No es una actividad de entretenimiento y de espectáculo. Creo que es lo más serio que hacen los ciudadanos cada cinco años, elegir a sus gobernantes. Es muy difícil luchar –desde el punto de vista del ciudadano– una vez que esa persona está entronizada en el poder y simplemente cree que no debe rendir cuentas de la mentira que sucedió durante la campaña. Por eso, invoco a la transparencia, verdad e integridad. Cuando uno le pide a una persona la delegación de ese poder tiene que decirle para qué se lo pide exactamente. Con qué recursos cuenta, quién lo está financiando, qué hará en sus primeros 100 días de gobierno, qué personas lo acompañarán en las funciones ejecutivas, quiénes serán sus voceros internacionales y cómo va a cumplir con las demandas esenciales.

¿La experiencia de la defensoría que muestra que el Estado no está cerca de los ciudadanos justifica un cambio radical del sistema de gobierno, un cambio constitucional?
¿Sabe cuál sería la revolución? Que el Estado cumpliera con sus deberes que ya están definidos en la ley, en la Constitución y todos sus reglamentos. Uno no necesita dar una nueva ley para que la educación del Estado sea de calidad, para combatir el narcotráfico o tener la salud que el ciudadano necesita. Tenemos una economía abierta, que ha permitido el desarrollo de la ciudadanía en términos económicos y eso me parece extraordinario y felicito a todo el sistema por ello. Pero sí digo que la deuda en educación, salud, seguridad, narcotráfico es inmensa. Solo tendría que cumplirse con la Constitución, las leyes que ya están dadas. Creo que la gran reforma pendiente en el Perú es la del Estado. Cómo se gasta, cual es la prioridad y eso está de la mano con una corrupción que es el principal problema de la ciudadanía en los tres niveles de gobierno.

¿Qué agenda mínima de gobernabilidad deberían plantear los candidatos presidenciales?
Lucha contra el narcotráfico, justicia accesible, sin dilaciones, la reforma del Estado para rediseñarlo y que se gaste eficazmente en educación y salud. La seguridad ciudadana los conflictos sociales y los derechos humanos.

“HAY UNA CULTURA DE RECLAMO, PERO NO ES ÓPTIMA”
Según su experiencia al frente de la Defensoría del Pueblo, ¿el ciudadano de a pie en nuestro país tiene la cultura de reclamar sus derechos?
Cuando asumí, en el 2005, la defensoría registró unas 62 mil atenciones. El año pasado sumaron más de 141 mil. En cinco años se ha más que duplicado el número de quejas, petitorios y consultas. Hay cada vez más una cultura de queja, de reclamo por el derecho, pero no está en el punto óptimo.
Las quejas por pensiones del Estado han liderado los últimos años el ránking de quejas formuladas a la defensoría…
En los últimos 4 años hemos tenido casi 40 mil atenciones por pensiones o libre desafiliación. Es un tema que me motiva mucho y por eso es que, desde la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones, quiero colaborar con los 4,5 millones de afiliados al sistema privado y ayudar a que los peruanos tengan una vejez digna.

¿Cómo debería contrarrestarse la falta de seguridad ciudadana?
Fuimos los primeros en dar la voz de alerta hace tres años con un primer informe sobre el estado calamitoso de las comisarías y la situación precaria en la que la policía lucha contra la delincuencia urbana. Varias autoridades dijeron que iban a tomar cartas en el asunto, que también tiene que ver con armamento, línea de carrera y medidas disciplinarias. Dos años después se hizo un seguimiento. La verdad, por lo que sale en la prensa y lo que percibe el ciudadano, no se ha avanzado en este tema, se ha fracasado. Además, los gobiernos locales cumplen pobremente con la prevención. Contra la ley, muchos no lideran ni forman los consejos de seguridad ciudadana de sus localidades.

¿Se ha avanzado en la lucha contra la trata de personas?
Muy poco. Está en desarrollo un informe defensorial sobre este tema que afecta a Lima, Madre de Dios, Cusco y otros lugares, y que debe ser entregado este año.

Sobre las inversiones, estas parecen llegar dejando de lado las necesidades del pueblo…
Hemos creado una defensoría adjunta de prevención de conflictos y hemos colocado el tema en la agenda nacional. Existe una oficina que se encarga del tema en cada ministerio y en la mayor parte de empresas petroleras y mineras. Los casos de violencia que conocemos son más bien la excepción. Lo que quieren los pobladores es que no contaminen o entren a tierras sin cumplir la ley, como pasó en Bagua, donde hubo una tragedia nacional. Lo que quisiera dejar como legado es la prevención, el diálogo y el rechazo a la violencia.

¿Por qué, entonces, no se aprobó la ley de consulta previa?
Esa es una de mis más grandes tristezas al dejar este cargo. Yo firmé el proyecto de ley de consulta, que fue acogido por el Ejecutivo diciendo que la hacía suya. No logro entender cómo no ha sido aprobada… Hubo miopía de algunos de nuestros políticos. Debe estar en agenda.

¿Cómo está trabajando la defensoría con las minorías?
Hemos publicado un informe sobre afrodescendientes y un compilado de todos los casos de discriminación. Dejo en mi puesto al doctor Eduardo Vega Luna, el primer funcionario del Estado que denunció un caso de discriminación en el Perú. También recuerdo como uno de los eventos más conmovedores una audiencia pública que realizó El Comercio con numerosos grupos de minorías. Una audiencia con propuestas serias.

En materia tributaria, ¿son efectivas las reducciones arancelarias e impositivas que buscan beneficiar al consumidor final?
La presión tributaria de países que admiramos es alrededor de 30%, pero en el Perú estamos en 14%. Con esta presión tributaria el país no puede atender a toda su población. Tiene que haber consenso social para aumentarla en no menos de un punto por año. Para ello se debe hacer más eficiente a la administración tributaria, luchar contra la corrupción y anular la informalidad. Tributación es también responsabilidad social.