PODER JUDICIAL DE SAN MARTIN EXCARCELA A EMPRESARIO MAFIOSO Y PERJUDICA LABOR ANTICORRUPCIÓN DEL PRONAA

Con una irregular resolución, el juez provisional José de la Rosa Siadén Satornicio, encargado del Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de San Martín decidió el pasado jueves 21 de mayo de forma controvertida la excarcelación del empresario Walter Román Ocaña Guerrero, integrante de una red de corrupción ligada a la empresa Alpamayo Group SAC, quien el pasado 12 de marzo fue detenido en un operativo montado por el PRONAA, infraganti entregando una coima de 15 mil soles para lograr beneficios para su representada.
Esta resolución del juez provisional que carece de un sustento técnico legal y jurídico, hasta el momento no ha sido notificada al PRONAA. Sin embargo, al tomar conocimiento de la libertad del empresario Walter Ocaña, los responsables del operativo anticorrupción de la institución han procedido a solicitar garantías personales ante la Gobernación de Lima.

Respecto a este penoso hecho el director ejecutivo del PRONAA, Fredy Hinojosa, denuncia públicamente el accionar parcializado del juez quien en un hecho intimidatorio ha solicitado la inhabilitación de Pavel Navarro y José Miguel García ante los colegios profesionales de Abogados e Ingenieros, además de pedir a la fiscalía se les investigue por obstruir a la justicia. Es decir de denunciantes pasan ahora a ser denunciados.
“Este es un mensaje errado del poder judicial a los funcionarios honestos, donde se les dice no denuncien la corrupción porque terminarán siendo denunciados”, puntualizó un indignado Hinojosa Angulo.
De igual manera, el PRONAA invoca al presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien señaló que la prensa se ha convertido en un Organismo de Monitoreo Gratuito (OMG), a revisar y analizar a plenitud el extraño accionar del juez de la Rosa Siadén Satornicio y asumir las acciones correspondientes que permitan velar por los intereses de los más pobres del país.
Cabe mencionar, que lo que se evitó con la denuncia a Ocaña Guerrero fue que ingresaran 282 toneladas de papilla que no cumplían con las especificaciones de su contrato y hubiera puesto en riesgo a más de 29 mil niños y niñas menores de tres años beneficiarios del PRONAA-Tarapoto.