
A través de CNR, Lamas Puccio indicó que, como todo acto jurídico, un indulto debe cumplir con condiciones de forma y fondo. "Si bien es una decisión presidencial, no está libre de su carácter jurídico y constitucional. Y si adolece de errores, puede ser anulado", aseveró.
Precisó que una de las manera de anular la gracia concedida, es que el propio presidente de la República, Alan García, emita una resolución suprema explicando los motivos de esta nueva decisión.
El otro camino es que cualquier ciudadano que se sienta afectado por el beneficio a Crousillat pueda plantear una acción de amparo, alegando una violación al derecho de igualdad ante la ley.
Respecto a la revisión a los informes médicos que avalaron el indulto, el abogado consideró que -aparte de desnaturalizar el proceso- se tratan de meras estrategias para distraer a la opinión pública.
"El que debe dar el informe (de salud), es el Instituto Nacional Penitenciario (INPE); lo que pasa es que este informe era contrario a los intereses en juego, por eso se recurre a EsSalud. Habría que explicar las razones por las que se acudió a otras instancias, cuando la norma dice que le compete al INPE".
De igual manera, cuestionó la interpretación de los motivos de "carácter humanitario" esgrimidos para indultar a Crousillat. "Se habla de carácter humanitario cuando hay enfermedad terminal o cuando las condiciones de carcelería afectan la salud del reo. Bajo esa premisa, habrían miles en condiciones infrahumanas que deberían ser indultados".
Así mismo, descartó que el primer mandatario pueda declararse "burlado" en este caso. "La comisión de indultos sólo recomienda (...) el presidente está perfectamente asesorado. Él tiene que salir a la dar la cara ante la ciudadanía y no usar a sus ministros", puntualizó.
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