Megacomisión encuentra irregularidades en colegio emblemático de Trujillo

Trujillo, La Libertad (ANDINA).- El presidente de la megacomisión investigadora del gobierno anterior, Sergio Tejada (NGP), afirmó haber encontrado indicios de irregularidades en la construcción del colegio emblemático San Juan, de la ciudad de Trujillo.
Tejada viajó a la ciudad norteña en el marco de las investigaciones que desarrolla la megacomisión que preside.
El legislador indicó que la reconstrucción del colegio fue adjudicada tres veces a la misma empresa, en cada ocasión con un monto mayor, lo que abre una serie de suspicacias.
Se trata, dijo, de la empresa Constructores y Consultores SAC, que participó por invitación, de acuerdo con el Decreto 004 dictado por la administración aprista.
La primera adjudicación fue por 15.5 millones de nuevos soles, que rechazó; la segunda, por 16 millones, que también rechazó, y la tercera por 17 millones 800 mil, que aceptó.
“La pregunta que cae de madura es ¿por qué el empeño de que sea esta empresa la que haga las obras?, ¿acaso no había otras compañías en el mercado?, eso tenemos que investigarlo”, afirmó.

Tejada dijo que lo más grave de todo es que estas obras se encuentran inconclusas y con serias deficiencias, lo que ha motivado que Defensa Civil impida la reanudación de las labores escolares en el centro educativo.
Añadió que los alumnos de este colegio están distribuidos en seis planteles diferentes, porque la infraestructura tiene rajaduras en las paredes, funcionan mal los servicios sanitarios y hay filtraciones de agua.
El congresista señaló que, al igual que se hizo con el colegio Melitón Carvajal de Lima, se ha encargado un peritaje al Colegio de Ingenieros de la localidad, para que emita un informe técnico sobre estas deficiencias.
El parlamentario estimó que en dos semanas deberán reunir toda la documentación necesaria para presentar el primer informe preliminar sobre el resultado de sus pesquisas.
Reiteró que este primer reporte constará en los casos de los colegios emblemáticos y de la empresa Sedapal.
El legislador oficialista también precisó que su grupo de trabajo no indagará por el momento la denuncia de la compra de chalecos deficientes para las fuerzas del orden que combaten en el VRAE, sino que esperará los resultados de la investigación del Ministerio Público. (Foto: La Industria)

Abugattás pide que contraloría indague programa de gestores

Mesa Directiva deja sin efecto todos los contratos de este programa. Oposición seguirá impulsando la censura contra presidente del Congreso

(El Comercio).- La Mesa Directiva del Congreso dejó sin efecto los contratos de los 43 gestores miembros del programa impulsado por el presidente del Parlamento, Daniel Abugattás Majluf (Gana Perú).
Tras la decisión, el tercer vicepresidente del Legislativo, Michael Urtecho (Solidaridad Nacional), se pronunció sobre la necesidad de que la Contraloría General de la República intervenga en este caso e investigue si efectivamente hubo irregularidades.
Ese planteamiento tuvo inmediato eco. A través de un comunicado, se informó que Abugattás solicitó a Auditoría General Interna del Congreso que pida la colaboración de la contraloría e inicie una rápida investigación.
José Élice, director ejecutivo de la asociación civil Reflexión Democrática, explicó que para que el organismo de control pueda intervenir en el Poder Legislativo el mismo consejo directivo tendría que solicitarlo.

El vocero de Fuerza 2011, Rolando Reátegui, se sumará al pedido en la sesión de mañana del consejo directivo. Asimismo, la vocera de Alianza Parlamentaria, Carmen Omonte, también se mostró a favor de que la contraloría investigue el programa.
Urtecho, además, sostuvo que las implicancias de la ejecución de este programa repercuten sobre la Mesa Directiva, pues fueron sus miembros (a excepción de Manuel Merino de Lama) los que aprobaron este proyecto. “Esta fue una buena iniciativa, pero no ha sido manejada correctamente. Yo me siento responsable también. Aquí nadie de la mesa podrá decir que no tiene responsabilidad”, dijo.
La decisión de cancelar los contratos de los gestores se dio después de que el domingo pasado se informó en el programa de TV “Sin medias tintas” que el proceso de selección fue irregular. Incluso, en la lista de postulantes se colocaron algunos aspirantes fantasmas.
Entre estos casos llamó la atención un militante nacionalista, Luis Castillo Flores, que falleció hace dos años. Este Diario comprobó que no existen homónimos de este nombre en el Reniec.
El comunicado del Congreso dice que la información alcanzada a la presidencia fue entregada por los responsables del proceso de selección y contratación del personal. Entre ellos se encuentra un primo de Nadine Heredia: Wilman Pebe Heredia.
“[El proceso de selección] consistió en realizar invitaciones a partir de diferentes bases de datos. [...] La presidencia ha sido informada que las personas que figuran con calificación ‘cero’ corresponden a aquellas que no fueron ubicadas o que no asistieron a las evaluaciones correspondientes”, agrega el comunicado.
Mientras tanto, la moción para censurar a Daniel Abugattás sigue su curso. Carlos Bruce aseguró que este jueves pedirán debatir la moción en el pleno. “[Abugattás] tendrá que bajar al llano para explicar la ejecución de este programa”, dijo Bruce.

ENFOQUE
Deben fortalecer representación
El Programa de Gestores para el Desarrollo es una iniciativa que corresponde al Poder Ejecutivo. El Congreso debe dedicarse a las funciones que la Constitución le otorga.
Debería trabajarse más en fortalecer la labor de representación de los parlamentarios, promoviendo por ejemplo las oficinas descentralizadas de los congresistas en provincias. Ahora lo que hay que determinar es quién realizó el proceso de selección de los gestores, bajo qué normativas y las órdenes de quién. Estas responsabilidades las deberá señalar el órgano de control interno del Congreso, que debería actuar de oficio en este caso.
En tanto, es necesario que la oficina que hizo la selección haga un informe sobre esta.
JOSE ÉLICE, DIRECTOR EJECUTIVO DE REFLEXIÓN DEMOCRÁTICA

Fallaron filtros para la selección de candidatos al Congreso

Plantea ampliar plazos de inscripción de postulantes para una mayor fiscalización

Lima (ANDINA).- La lista de 11 congresistas que son investigados por presuntos delitos por la Fiscalía demuestra que fallaron los filtros de fiscalización de los entes electorales y los mecanismos de selección en los partidos, opinó hoy la Asociación Civil Transparencia.
Su secretario general, Percy Medina, dijo a la Agencia Andina que la mayor responsabilidad por esa situación recae en las agrupaciones políticas que no pudieron filtrar adecuadamente a sus candidatos “porque los reclutan semanas antes del cierre de la inscripción”.
El viernes, el presidente del Congreso, Daniel Abugattás, reveló que la Fiscalía envió una lista de 11 legisladores que son investigados por diversos delitos, tres de ellos por lavado de activos; aunque medios de prensa indican que más parlamentarios estarían involucrados en procesos o actos irregulares.

La Mesa Directiva del Congreso dispuso que estos casos sean evaluados por la Comisión de Ética del Parlamento, para su evaluación y escuchar la versión de los legisladores implicados.
Medina advirtió que es un error que en las listas de postulantes al Congreso se inscriban 60 días antes de la elección, ya que no permite a los partidos realizar un trabajo de escrutinio eficaz ni al Jurado Nacional de Elecciones fiscalizar las información consignada en las hojas de vida.
Consideró que lo ideal es que las nóminas de candidatos se inscriban 90 días antes de la elección, para dar tiempo a una fiscalización más exhaustiva.
“Se tienen que corregir errores, se debe dar más tiempo para que el Jurado verifique la información consignada en las hojas de vida y los partidos adoptar medidas más efectivas para la selección de candidatos idóneos”, señaló.
Medina manifestó que sería ideal que los partidos publiquen sus listas con mayor anticipación para conocer a los precandidatos y que tengan también comités de selección institucionalizados.
Consideró que el Estado debe financiar progresivamente a los partidos, sobre la base de proyectos de capacitación y otros, porque eso ayudará al fortalecimiento estructural de las agrupaciones y evitará “hacerlos depender de gente con poder económico”.
“La Ley de Partidos Políticos ya establece un mecanismo para el financiamiento directo pero no se está entregando (los recursos) y sería bueno entregarlo de manera gradual”, expresó.

Peruanos se muestran a favor de investigar gobierno de Alan García

Alto porcentaje de los peruanos considera que la gestión de Alan García debe ser investigada. La encuesta nacional de Imasen para La República revela que 71,9% de los consultados se mostró a favor de que se inicie un proceso que escudriñe los posibles actos de corrupción durante su gobierno. Tan solo el 20,4% opinó que el ex mandatario no amerita una investigación.

(La República).- La cifra de consultados a favor de una investigación se eleva hasta 75,3% en ciudades de la zona norte del país como Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca. En el llamado norte chico alcanza hasta 73,8% especialmente en el sector socioeconómico bajo inferior.
En opinión del analista político Carlos Reyna, estos resultados constituyen la expresión de un amplio sector de la población interesado en que no se permita más impunidad y se realice los mayores esfuerzos para sancionar las irregularidades en las que pudieran estar involucradas las más altas autoridades del gobierno. Indicó que este alto porcentaje no quiere borrón y cuenta nueva.
“Si bien a Alan García le fue bastante bien en el aspecto económico, uno de los grandes problemas de su segundo gobierno es que no logró borrar el estigma de la corrupción impregnado a su alrededor por graves escándalos suscitados, como el caso de los ‘petroaudios’, las irregulares adjudicaciones de Cofopri, las medicinas desaparecidas del SIS, entre varios otros”, sostuvo.

Señaló que el pedido de investigación es más amplio en los consultados en el norte, porque tal vez en esa región, donde la inversión fue mayor, se presentaron casos de corrupción, aunque por su dimensión regional no fueron de masivo conocimiento.

“No es cacería de brujas”
Reyna manifestó que la población pide investigar los actos del gobierno y no solo al ex presidente Alan García, y que, por lo tanto, este pedido no debe verse como una cacería de brujas o de un sentimiento antialanista alentado por el nuevo Parlamento. Según el analista, debe ser visto como una necesidad de investigar los casos concretos en los que existan dudas o sospechas de irregularidades no esclarecidas en su momento.
Por su parte, el ex jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría Anticorrupción Iván Montoya se mostró de acuerdo con el pedido de la población de sancionar la corrupción, pero precisó que lo razonable sería investigar los casos y no a las personas, para que no se convierta en una persecución que vaya en contra del Estado de Derecho.
“Que se investiguen los casos con indicios o denuncias sobre irregularidades cometidas por el ex presidente o los miembros de su gobierno, pero tiene que hacerse caso por caso, sea a través de las comisiones investigadoras del Congreso o el Poder Judicial”, refirió.
Añadió que el pedido de la población obedece no solo a los escándalos de corrupción denunciados durante su gestión sino también a su falta de liderazgo en la lucha contra este fenómeno.

Juicio de residencia
El congresista de Solidaridad Nacional Heriberto Benítez opinó que por “la salud moral del país” se debe investigar el quinquenio del Apra para sancionar los posibles casos de corrupción en las licitaciones, concesiones o adjudicaciones producidas entre el 2006 y el 2011, en los que pudieran estar involucrados el ex presidente García o sus ex ministros.
Benítez indicó que respaldará la formación de comisiones especiales para indagar a los funcionarios del régimen pasado, porque es un pedido de la población y fortalecerá la democracia.
Anunció además que la próxima semana presentará un proyecto de ley para reinstaurar el juicio de residencia en el Perú, por el cual, al culminar el mandato del presidente de la República, se le somete a una investigación en el Congreso, que podría durar entre 6 meses y un año.
“Si se aprueba entraría en vigencia para el próximo gobierno, que puede ser una importante medida disuasiva, pues los mandatarios tendrán la seguridad de que serán investigados, no como una persecución, sino como una medida de control”, sentenció el congresista.

Una comisión multipartidaria
El congresista Víctor Andrés García Belaunde, quien propuso la formación de una comisión especial multipartidaria, se mostró de acuerdo con el pedido de la población de investigar las denuncias de corrupción producidas durante el gobierno aprista.
Indicó que esta eventual comisión deberá indagar incluso sobre los casos que fueron mal investigados ante el blindaje político que le dieron la bancada fujimorista y otros parlamentarios en el Congreso pasado.
“Es necesario esclarecer casos como los pagos irregulares y el copamiento de apristas en Essalud, los negociados de Cofopri, el problema de Sedapal, la mala ejecución de recursos para la reconstrucción de Pisco, la compra irregular de patrulleros por el Ministerio del Interior y muchos otros más”, aseveró.

Datos
Advertencia. Anticipándose a posibles investigaciones, seis días antes de dejar Palacio de Gobierno, el ex presidente Alan García advirtió a sus adversario que no se metan con él y que así él no se metería con ellos.
Sin oposición. Los congresistas Javier Velásquez y Luciana León señalaron que no se opondrán a la formación de una comisión que investigue al gobierno aprista, pero que no permitirán una persecución.

Alexis Humala: No negocié nada

El Humala ‘ruso’. Vía telefónica, hermano de Ollanta niega haberse aprovechado de Ollanta. “Todo empezó en una recepción en la embajada rusa en Lima, el 12 de junio. Ese día me invitaron a visitar Moscú”, explicó Alexis Humala desde una ciudad en el extranjero que evitó identificar.

(La República).- “Le hablo desde la clandestinidad”, dijo Alexis Humala Tasso a La República, con cierto tono de humor, desde el otro lado del teléfono. “Se lo digo porque la prensa me ha pintado como alguien que está fuera de la ley. Yo no hice nada impropio”.
Al hermano menor del presidente electo Ollanta Humala Tasso se le sentía relajado. Pero cada vez que se enteraba de que dirigentes de su partido, Gana Perú, se sumaban al cuestionamiento general por reunirse con dignatarios del gobierno del presidente Dmitri Medvédev, perdía la paciencia.

“Hay gente que critica, pero cuando las papas quemaban esa misma gente se quedaba callada. Los conozco a todos”, fustigó.
La pregunta del millón es si la visita de Alexis Humala a la Federación Rusa se cumplió con el conocimiento y la aprobación de Ollanta.
“No lo sabía. No estaba enterado. En consecuencia, yo no viajé en su representación. Yo no hice ninguna visita oficial, como se dice. Simplemente acepté una invitación de cortesía como Alexis Humala, un profesional que hizo su carrera de ingeniería geológica en Rusia, que se casó con una rusa y que tiene numerosos amigos rusos con los que mantiene vínculos. Yo no soy un don nadie que pidió que lo invitaran a Rusia aprovechando que a su hermano lo habían elegido presidente, como afirma la desinformada prensa limeña. Yo hablé con los rusos a título personal. No necesitaba autorización de Ollanta ni de Gana Perú”, relató.
Preguntado por la decisión de Gana Perú de suspender su militancia y someterlo a un proceso de investigación, respondió airado.
“Me allano a todas las investigaciones. Cuando se enteren de lo que realmente ocurrió se darán cuenta de que todo es un equívoco”, dijo.

Su versión del viaje
En la semana que pasó, Alexis Humala mantuvo encuentros en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y con el director general de Pesca, Andréi Kraini, supuestamente como representante del próximo jefe del Estado. En las reuniones, Humala supuestamente ofreció grandes oportunidades comerciales a los rusos, en particular en los ámbitos minero y pesquero.
“No es verdad. No negocié nada. No pude haber ofrecido nada porque, en principio, no soy funcionario del gobierno, y tampoco recibí el encargo de proponer nada. El viaje, repito, fue la aceptación a una cordial invitación a título personal, lo demás es especulación”, apuntó.
De acuerdo con la versión de Alexis Humala, todo se originó en Lima durante la recepción en la embajada de la Federación Rusa por la fiesta de su independencia, el 12 de junio. Fue ese día que el embajador Nikolay V. Sofinskiy lo invitó a visitar Moscú.
“El embajador Sofinskiy es nuevo, no sabía que a mí todos los años la embajada rusa me convoca para la fiesta del 12 de junio. Cuando nos presentaron, se enteró de mis antiguas relaciones con su país. Se entusiasmó mucho más porque soy hermano del presidente electo. Recuérdese que recién habían pasado unos días de la segunda vuelta, lo que aumentó más la expectativa. Pero ahí quedó todo”, relató el ahora famoso Alexis Humala.
“Luego me tomé unas vacaciones –siguió narrando–, y cuando me encontraba en Montenegro –país que surgió de la ex Yugoslavia– me llamó desde Lima mi asistente para informarme que me habían llamado funcionarios rusos para decirme que se habían enterado de que, aprovechando que me encontraba a tres horas de vuelo de Moscú, habían programado mi visita a Rusia. Yo ya me había olvidado de la invitación del embajador Sofinskiy. Ni siquiera tenía terno, estaba con ropa de verano”.
Alexis Humala aseguró que entregará copias de los pasajes de avión que demuestran que él cubrió con los gastos del viaje a Europa, y que los rusos solo se ocuparon de la estadía en Moscú.

Ollanta y Ulises se pronuncian
Ayer el presidente electo Ollanta Humala declaró por primera vez sobre el escándalo protagonizado por su hermano menor. Sumándose al pronunciamiento de su partido Gana Perú, declaró: “Que no les quepa ninguna duda de que si hay sanciones que dar, se darán”.
Preguntado por qué no se comunicó con su hermano Ollanta para explicarle lo que había ocurrido en Moscú, Alexis Humala argumentó que lo trató de hacer numerosas veces, pero fracasó. “Estaba de viaje por Estados Unidos. Lo intenté sin suerte”, dijo.
Por su parte, Ulises Humala, hermano mayor de Ollanta y Alexis, precisó que, por sus antiguas relaciones con la Federación Rusa y sus conocimientos sobre economía y cultura de ese país, Gana Perú delegó a Alexis Humala preocuparse por establecer vínculos con ellos.

“Pero el viaje no lo hizo en nombre del partido. No hay nada bajo la mesa”, afirmó.
Claves
PAPELES. ¿Firmó algún acuerdo?, se le insistió a Alexis Humala. ”Nada”, contestó. “Todo es especulación, desinformación, mala leche”, añadió.

PRENSA. Se le dijo que los medios rusos son los que hablaron de ofrecimientos y promesas que él hizo: “Quizás se tomaron algunas licencias por el hecho de que el hermano del presidente electo estuvo en Moscú, pero acuerdos no hubo”.

Congreso aprueba modificación de polémica ley que favorecía a corruptos

Diversos sectores criticaron norma porque supuestamente favorecía impunidad de los funcionarios
Parlamento dio luz verde a proyecto presentado por el Ejecutivo que enmienda el artículo 1 de la ley 29703 y endurece las sanciones en delitos contra la administración pública.

(RPP).- El pleno del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo que modifica el artículo 1º de la Ley 29703, y endurece las sanciones y penas a los delitos de corrupción.
La norma aprobada precisa el alcance de seis artículos del Código Penal, con el fin de endurecer las sanciones y penas por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
La Ley 29703, aprobada anteriormente por el Parlamento en base a un proyecto presentado por el Poder Judicial, fue criticada por diversos sectores luego de su promulgación, porque supuestamente favorecería la impunidad de los funcionarios implicados en casos de corrupción.
Ante ello el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para volver a la redacción original de los tipos penales vigentes que existía hasta antes de la promulgación de la ley 29703.

Asimismo, para precisar el alcance de seis artículos del Código Penal, y establecer severas sanciones por delitos contra la administración pública en las figuras del abuso de autoridad, colusión, peculado, peculado de uso, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Durante la sustentación de la norma, el presidente de la Comisión de Justicia, Rolando Sousa, señaló que la intención que habría tenido Poder Judicial de flexibilizar estos delitos en la anterior norma, sería la existencia de 14,730 procesos por casos contra la administración pública, que se encuentran a la fecha en la vía judicial.
Por ello, Sousa demandó que se “levante” las acusaciones formuladas contra el Poder Legislativo, respecto a favorecer la impunidad con la aprobación hecha en su momento de la Ley 29703.
Luego de la aprobación de la norma, el presidente del Congreso, suspendió la sesión del pleno, y convocó a una segunda sesión del pleno mañana a partir de las 09:30 horas.

Exigen anulación de indulto a aprista ex jefe del SIS, Julio Espinoza

(La República).- Carlos Rivera sospecha de negociado político en liberación de ex procesado por grave caso de corrupción. Sin embargo, Ministerio de Justicia se ampara en que su vida estaba en grave riesgo. El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra y el abogado del Instituto de Defensa Legal (Ideele), Carlos Rivera, demandaron la anulación de la gracia presidencial concedida al ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) Julio Espinoza Jiménez, pues señalaron que fue concedida sin el debido criterio, tal como sucedió con el caso de José Enrique Crousillat.
Carlos Rivera señaló que esta gracia presidencial le parece muy sospechosa, pues si bien Espinoza sufría una enfermedad grave el INPE debió trasladarlo a un establecimiento penal que le brindara mejores condiciones y no admitir su solicitud de gracia.
“Me da la impresión de que hubo un negociado político por la forma cómo se ha producido ese derecho de gracia, en la casi clandestinidad. Esto por el hecho de que era un grave delito de corrupción y que la salud del procesado no corría peligro en caso de ir a otro penal. Es un caso similar al de Crousillat”, afirmó.

En tanto, el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra sostuvo que luego de anularse el derecho de gracia a Espinoza Jiménez este debe ser incluido en el proceso por los 19 millones de soles que se destinaron para la compra de bienes y alimentos para los damnificados del terremoto de Pisco.
“Imagino que será muy difícil que el gobierno de Alan García anule este derecho de gracia, creo que es algo que deberá hacer el gobierno de Ollanta Humala”, afirmó.
En tanto, se conoció el informe médico de Espinoza, en el cual se señalaba que el paciente debía estar sometido a un tratamiento bajo “vigilancia médica estricta y aislamiento relativo”.

La clave
Justifican. El Ministerio de Justicia justificó la gracia presidencial porque el reglamento indicaba que las condiciones carcelarias podían colocar en grave riesgo la vida de Espinoza.

Carlos Rivera: El Estado no es frontal contra la corrupción

(La República).- Carlos Rivera. Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) ratifica cuestionamiento de Ley 29703 y advierte intencionalidad política en su aprobación que alienta la impunidad.

¿Cuáles son las evidencias que prueban que lejos de reforzar la lucha contra la corrupción la Ley 29703 favorece a quienes cometen estos delitos?
El que se dicte una norma ambigua en materia de lucha anticorrupción revela que el Estado no es frontal con ese caso, y creemos que ese es el espíritu de esta norma. Es cierto, la ley plantea algunos aumentos de penas, algunos tipos penales, pero hay una discusión que se genera a partir de incorporaciones o sustracciones que se hacen de diferentes artículos.

¿A qué temas se refiere específicamente?
Al delito de colusión y a la incorporación de este elemento que exige una casi demostración de un daño económico patrimonial en agravio del Estado. Al tema de la pena de inhabilitación y de la eliminación, la despenalización de esta figura en el delito de tráfico de influencias relacionado con quien ofrece influencias sin tenerlas necesariamente. Si bien es cierto puede que la ley sea buena, los otros temas son mensajes negativos en una lucha contra la corrupción.

¿Cuál consideran que es el mayor riesgo de la norma?
El aspecto problemático es que cuando se promulga una ley de carácter penal, que probablemente sea más beneficiosa que la ley antigua, es que la ley va a surtir efecto inmediato, y aquellos que están investigados, procesados o eventualmente condenados exijan la aplicación de esa ley.

¿Advierte alguna intencionalidad en la premura con que se aprobó la ley?
Sí, creo que ha habido una intención de sorprender. El dato más importante es que esta iniciativa surge de un proyecto que la Corte Suprema presenta en febrero de este año y ahora es César San Martín quien advierte que ese no era el espíritu de su propuesta.
Ustedes advierten que pese a aprobar esta ley en corto plazo, hay normas importantes que no se han agendado el Congreso.
Hace tiempo hay un proyecto para calificar a los crímenes de corrupción como delitos imprescriptibles. Si el mensaje del Estado hubiese querido ser claro y contundente eso se hubiera discutido.

Hay quienes han dicho que no advierten que la ley aliente a la impunidad.
Me sorprende que nos coloquen como si estuviéramos vendiendo humo y sorprendiendo a la opinión pública. Tratamos de tomar en consideración que jueces y fiscales son los que interpretan la norma, pero el juez no puede ir en contra de lo que dice la ley.
“Presidente debe dirigir la lucha anticorrupción”

¿Cuál cree es la principal tarea del próximo gobierno y Congreso en la lucha anticorrupción?
El próximo Congreso tiene que hacer una revisión generalizada de las normas penales, y si no se deroga en esta ley (29703) tendría que ser una tarea prioritaria del próximo Parlamento. También se tendrá que impulsar la discusión de por qué los delitos de corrupción de funcionarios y contra la administración pública tienen que ser delitos imprescriptibles y eso acompañado de una política de lucha anticorrupción coherente.

El presidente electo Ollanta Humala aseguró que su bancada propondrá derogar la ley...
Desde mi punto de vista, la lucha anticorrupción deberá ser liderada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, sea el Presidente o el Premier, pero no debe quedar solo en discurso.

POLÍTICA Y CORRUPCIÓN EN PERÚ

Por: Ubaldo Tejada Guerrero
– Analista Global –
utguerrero31@yahoo.es

“Queda una tarea difícil, pero necesaria: primero conseguir la convocatoria a nuevas elecciones limpias y democráticas, que garanticen el Estado de Derecho; y segundo, reconstruir las organizaciones sociales, como única defensa de una sociedad que busca construir un modelo sin calco ni copia” (“Lecciones Electorales del 28 de mayo del 2,000”-Suplemento Dominical del diario “La Industria”-Ubaldo Tejada-11/06/2000-Trujillo-Perú). ¿Qué observamos en el Perú a más de once años?
En la campaña electoral 2,011, el tema del financiamiento de partidos y campañas se asocia, lamentablemente, con escándalos de corrupción política y tráfico de influencias, que van desde la esfera pública y privada, hasta la conducta de los ciudadanos que aceptan la corrupción como algo “normal”, como los que dicen y alientan votar por el “mal menor” o lo que es peor cuando expresan “roba, pero hace obra”. El mayor daño durante el periodo de Fujimori, fue la “corrupción de las mentes colectivas”, para aceptar como normal la corrupción y la delincuencia institucionalizada, y ello es el problema central.
Sigue desde el 5 de abril de 1,992 (fecha del autogolpe de Fujimori), una relación patológica entre dinero y política que genera corrupción, agrava la crisis de confianza y coloca a partidos y candidatos bajo “sospecha”.
La batalla en el país y el mundo, entre corrupción y la lucha contra la corrupción pasa por el análisis de la violencia, de la violación de los derechos humanos, la defensa irrestricta de los derechos humanos, el autoritarismo, la democracia, la elección del Ejecutivo y Legislativo por solo 5 años, la re-reelección, el transfuguismo, la falta de partidos sólidos, etc. El fenómeno de la corrupción en la Administración de Justicia, no se encuentra solo en el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo encontramos desde la conducta individual hasta la institucionalizada, en resumen el tema central de la agenda política el 2,011 es el combate frontal a la corrupción, sin ello el crecimiento nos será sostenible a largo plazo.
Es fundamental que el sistema democrático controle al dinero, y no a la inversa.
Debemos advertir que hoy en el Perú, muchos de los involucrados en la corrupción conservan aun muchísimo poder. Lejos de estar ante personas débiles y vulnerables, lo que tenemos frente a nosotros es una organización con una peligrosa capacidad de defensa y ataque, que no augura ni la defensa de la democracia, ni el fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil, que fueron las dos grandes tareas encomendadas a los gobiernos de Paniagua (2,000-2001), Toledo (2001-2006) y García (2006-2011). Ello exige un proceso de auditoría externa de todos los grandes contratos lesivos al Perú, como dice Carlos Alonso Bedoya Bonelli: “Es necesario desde las organizaciones sociales-se inicie – una estrategia de comunicación agresiva que permita que el tema de repudio a la deuda corrupta, salga de la marginalidad” que los grupos de poder lo mantienen, por estar vinculados a las finanzas públicas, como hemos visto en los grandes “faenones”.
Es muy necesario hoy en el proceso electoral el financiamiento público que se otorgue a los partidos debe guardar relación con los esfuerzos que estos hagan para conseguir sus propios recursos. Por su parte, el financiamiento privado debe ser adecuadamente regulado para evitar el tráfico de influencias, especialmente de las transnacionales.

Otro aspecto es la divulgación, básica para la transparencia. Requiere la presentación de informes periódicos, auditoria, acceso público a la contabilidad y publicidad. Y también el control demanda una autoridad política y financieramente autónoma, y dotada de los poderes legales suficientes para supervisar, verificar, investigar y, de ser necesario, instruir procesos. Es importante que los medios de comunicación mantengan su transparencia.
Debemos generar una voluntad política genuina y firme a favor de reformas auténticas. Es de capital importancia la presión pública permanente de la ciudadanía, demandando una política limpia y transparente. También juegan un rol importante los medios de comunicación, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil.

Contraloría encontró presuntas irregularidades en municipalidad del distrito de Moche

En pago de S/.100 mil por servicio que nunca habría recibido

(ANDINA).- El municipio distrital de Moche, en La Libertad, habría contratado irregularmente a una empresa privada y le habría pagado casi 100 mil nuevos soles por recaudar impuestos de alcabala de uno de sus principales contribuyentes, pese a que no se demostró su participación en esa recaudación, informó la Contraloría General de la República.
Según las investigaciones que realizó la institución, no se encontró evidencias ni pruebas que la citada empresa interviniera para alcanzar ese objetivo, lo que se desprende de la documentación existente revisada en la municipalidad.
Entonces se hallaron indicios razonables de que la autoridad y algunos funcionarios ediles estarían involucrados en el presunto delito de peculado.
Además, se observó que la contratación de esta empresa habría sido irregular, pues no demostró que su especialidad fuera la cobranza de impuestos ni estaba inscrita en el Registro Nacional de Proveedores.
La contratación se realizó de manera directa, sin un informe que contara con el sustento técnico ni legal, y sin la aprobación del concejo distrital para la exoneración del proceso de selección que correspondía.

Frente a estos hechos, la comisión encargada de realizar la auditoría recomendó que el procurador público de la Contraloría adopte acciones legales que permitan sancionar a los responsables.
La formulación de la denuncia ante el Ministerio Público se encuentra en proceso.

Comisión de fiscalización del Congreso investigará presuntas irregularidades en Essalud La Libertad

Caso es presentado por el Congresista Alberto Escudero

Por: Rosa Cabanillas Peralta
A solicitud del Congresista liberteño Alberto Escudero Casquino, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, investigará las presuntas irregularidades incurridas por altos funcionarios de Essalud La Libertad, al igual que los cinco ex directivos quienes habrían cobrado liquidaciones, beneficios sociales e indemnizaciones, de forma ilegal.
Los funcionarios implicados tendrían que responder sobre estos presuntos cobros ilegales equivalentes a más de 116 mil nuevos soles, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República en las próximas semanas, en el marco de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en Essalud.
El parlamentario liberteño, Alberto Escudero, integrante de este grupo de trabajo manifestó: “Hemos remitido la documentación correspondiente para que se incorpore a las investigaciones de la Comisión de Fiscalización, el caso de las presuntas irregularidades de Essalud La Libertad, y se cite al Gerente de la Red de Essalud Milton Ramírez Herrera, y demás funcionarios implicados, a fin de que expliquen a esta comisión del Congreso sobre las presuntas irregularidades presentadas en esta institución así como determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

De otro lado el parlamentario liberteño manifestó que estas acciones no hacen más que evidenciar que los funcionarios del gobierno aprista han “despilfarrado” el dinero de los asegurados en vez de dedicarse a mejorar la calidad de atención e infraestructura de los centros asistenciales.
“Los funcionarios públicos de los servicios de salud deberían cautelar los intereses del asegurado, sin embargo vemos que mientras se sigue dando un pésimo servicio en Essalud por falta de medicinas, equipamiento y mejorar la infraestructura hospitalaria, los funcionarios estarían llenándose los bolsillos con actos que lindan con la corrupción, es por ello que de ser el caso deberán ser sancionados drásticamente no sólo de forma administrativa sino también penalmente”, enfatizó Escudero.

BARRIOS PODRIDOS

Por: César Lévano
Fuente: Diario La Primera

La salida de Fernando Barrios del Ministerio del Interior, después de que se le descubrió un cuantioso desangre de fondos de Essalud, demuestra cuán bajo ha caído el nivel de la delincuencia común en el Perú.
En momentos en que arrecia el descontento en los nosocomios del seguro social, con médicos que se quejan de la insuficiencia de equipo y material hospitalario, así como de bajos sueldos y excesiva carga de trabajo, un periodista exhibe el desparpajo con que Barrios cobró 89,937 soles como “indemnización por despido arbitrario”.
Al mismo tiempo aparece la denuncia de que, por orden del presidente Alan García, Essalud deberá atender a 350 mil policías, que no son asegurados y por lo tanto no aportan a la caja del Seguro. Quizá García quiere ganar para Essalud la condición de pobreza extrema, aquella que no tiene ni para remedios. O a lo mejor busca establecer un nuevo récord mundial de atenciones por médico, pese a los riesgos que eso significa para la salud de los asegurados.
La decisión es una muestra de demagogia, autoritarismo y necedad.
Soy paciente y testigo presencial de los déficit de Essalud que he denunciado y que ahora, a la luz, mejor dicho, la sombra, de Fernando Barrios, muestran su origen en la corrupción.
Significativo es que los presidentes de Consejo de Ministros y ministros apristas salgan por actos de corrupción escandalosa.
Jorge del Castillo, que soñaba con la presidencia de la República, para lo cual compraba alquilones en los medios, tuvo que renunciar por los indicios que lo comprometían en los petroaudios y en la desaparición de dispositivos de almacenamiento de datos en ese caso. Por este mismo affaire (negocio) cayó Hernán Garrido Lecca.
Aurelio Pastor, el “constitucionalista” del APRA, soltó las riendas del Ministerio de Justicia debido a su manejo corrupto del caso Crousillat.
Omar Quesada, secretario general colegiado del APRA y ex presidente de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal), salió de esa institución por vasta corrupción territorial.
Fernando Barrios, Ministro del Interior se suma ahora a ese conjunto selecto de líderes apristas enemistados con la honradez. No es casual que ese tipo despreciable de políticos surja de un partido que otrora se jactó de sus “militantes puros y sinceros”, pero que apenas asumió el poder empezó a segregar dirigentes corruptos, que se multiplican como gusanos.
Repulsivo.
¿Para eso nació el APRA? Es lo que deberían preguntarse los apristas de a pie, golpeándose el pecho con una piedra. Barrios, ministro del Interior en un breve interludio, ha sido remplazado por el general de la Policía Miguel Hidalgo. Fue encargado por Alan García de investigar el faenón de Rómulo León Alegría, investigación que no correspondía a sus deberes de función. Por algo sería y será.

Essalud: Barrios aumentó 20 veces los gastos en publicidad

En sus cuatro años a la cabeza del Seguro, el ex dirigente aprista destinó S/.28 millones para ese rubro.

(Perú 21).- La Contraloría General de la República, que realizará en Essalud un examen especial a la gestión de su ex jefe y saliente ministro del Interior Fernando Barrios Ipenza, también deberá tomar nota que bajo la gestión de este ex dirigente aprista, los gastos de publicidad del seguro social se multiplicaron nada menos que por 20 veces. Todo un récord.
De acuerdo con información de esa misma entidad, obtenida por Perú.21, en setiembre de 2006, cuando Barrios Ipenza asumió la presidencia ejecutiva de Essalud, el presupuesto que encontró por concepto de “publicidad y publicaciones” era de S/.630,647. Eso era poca cosa para él, porque menos de cuatro años después, esa cifra pasó a S/.12’766,201. Un crecimiento espectacular de más de veinte veces.
De hecho, en 2007, un año después de haber sido nombrado mandamás de Essalud, Barrios, que ya podía elaborar su propio presupuesto, elevó el rubro de publicidad a S/.1’800,000; en 2008 se disparó notoriamente a S/.6’000,000; y en 2009, el monto pasó a S/.7’724,273.
UNA CIFRA RÉCORD. Sin embargo, fue en el presente año en que el presupuesto alcanzó la cifra récord de S/.12’766,201. En total, por ese rubro, el defenestrado dirigente aprista destinó para avisos de Essalud en televisión, radio, diarios y revistas –orientados a explotar la imagen de un gobierno constructor de hospitales y proveedor de equipamiento de última generación en beneficio de los asegurados de todo el país– S/.28’290,474.

Perú.21 solicitó a Essalud la justificación del sorprendente incremento del gasto publicitario de la institución, pero a través de su Oficina de Prensa, los funcionarios encargados señalaron que ayer no estaban en condiciones de facilitar esa información.
DINERO SIN FISCALIZAR. Por cierto, casi todos esos centros médicos y equipamiento fueron construidos y adquiridos, respectivamente, por Barrios, a través de organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Si bien las cifras de Barrios no son conocidas en su totalidad, por el momento, podemos decir que son considerables y ni un sol –según lo ha señalado el propio contralor Fuad Khoury– es fiscalizado por la Contraloría General de la República.
Sin embargo, gracias a documentos internos de Essalud y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Perú.21 ha podido determinar que entre los años 2008 y 2010, Essalud contrató obras y compras con el PNUD por US$73’278,620, o S/.205’180,136.
Con la Unops, Essalud adquirió equipamiento biomédico –solo se cuenta con las cifras de 2007– por S/.138,000,000. Y solo en el año 2009, entre inmuebles, maquinaria y equipos, Barrios ha gastado, vía Unops y OIM, nada menos que S/.315’527,800. Es decir, parcialmente hemos podido documentar que Essalud, con la venia de Barrios, ha contratado la friolera de S/.658’707,936. Pero ni un sol y ni una factura pueden ser fiscalizados.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con la Comisión de Presupuesto del Congreso, entre 2006 y 2010, el Essalud de Barrios manejó el grandioso presupuesto de S/.6,310’000,000.
LAS COMPRAS. Pero, ¿qué compras ha realizado Essalud utilizando el mecanismo de los organismos internacionales? Por supuesto, equipamiento de alta tecnología para diagnóstico precoz de enfermedades digestivas y enfermedades del corazón, y compra de tomógrafos por emisión de positrones.
Pero el abuso de estos convenios es tal que Essalud ha llegado a comprar, gracias a estos acuerdos, hasta lavadoras automáticas de chatas, inyectables, ambulancias, y ha contratado la construcción de pabellones de centros médicos. En suma, Barrios usó los convenios para todo tipo de adquisiciones y la Contraloría General no puede acceder a ninguna de esas operaciones para investigar.

El costo de la corrupción podría llegar al 58% del PBI per cápita en Latinoamérica

Contraloría dice que auditorías revelan pérdidas de hasta S/.9.000 mlls.

(El Comercio).- El costo de la corrupción en la economía de los países de Latinoamérica puede llegar a ser el 58% del PBI per cápita, pues al afectar los sistemas de contrataciones, judicial o financiero aleja las inversiones, crea un sistema económico paralelo y dilapida los recursos públicos, estimó el consultor internacional y catedrático de la Claremont Graduate University (EE.UU.), Robert Klitgaard.
Según el especialista, el estudio “Corrupción en el mundo: evidencia de un modelo estructural”, realizado por Axel Dreher, prueba que la corrupción también incentiva a que las empresas operen en un mercado negro, para evitar así el ‘costo’ de ingresar a la economía formal, lo que a su vez deriva en menores ingresos para el Estado.
Cabe precisar que el Fondo Monetario Internacional prevé para el Perú un PBI per cápita de US$4.950 en el 2010. Por tanto, si aplicásemos el cálculo de Dreher, nuestro PBI per cápita pudiera ser de US$7.821.
Tras comentar que tal cifra es alarmante, el contralor Fuad Khoury precisó que los primeros indicios del impacto de la corrupción en nuestro país apuntan un daño equivalente a entre 10% y 15% del presupuesto nacional destinado a compras e inversiones. Es decir, las pérdidas estarían entre los S/.6.000 y S/.9.000 millones en los últimos 18 meses.

El cálculo de la Contraloría General de la República se basa en las auditorías realizadas por la actual gestión a diferentes entidades del Estado, que revelaron que las pérdidas por corrupción ascendieron a S/.3.000 millones. Pero “si extrapolamos esta cifra a todo el Estado, llegamos al cálculo inicial”, asegura Khoury. A ello, concluye el contralor, hay que sumarle la cadena de ineficiencias en las que cae el Estado, variable que todavía no ha sido medida.

LAS CIFRAS
120
Es el puesto que el Perú ocupa en el ránking del Foro Económico en confianza en los estándares éticos de los políticos. La entidad evalúa a 139 países.
1.700
Funcionarios ha denunciado la contraloría. Ninguno ha sido sancionado.
S/.60
Mil millones por año destina el Estado a sus compras e inversiones.
5
Políticos –Keiko Fujimori, Alejandro Toledo, Luis Castañeda, Lourdes Flores y Yehude Simon– presentarán sus propuestas anticorrupción en el Primera Conferencia Internacional Anticorrupción, organizada por la CGR.

La Contraloría podrá aplicar sanciones

Los funcionarios corruptos serán separados de sus cargos. Solo en 2009, hubo más de 1,600 denunciados por irregularidades. Pleno lo vería hoy.

(Perú 21).- Luego de varias idas y venidas, la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó, por mayoría, una iniciativa de la Contraloría General que le da a esa instancia la capacidad de aplicar sanciones a los funcionarios públicos que tengan responsabilidad administrativa y funcional.
El contralor Fuad Khoury explicó que la norma –que podría ser debatida hoy en el Pleno– le permitirá a su institución separar del cargo a los servidores que incurran en irregularidades funcionales.
Explicó que a la fecha son más de 1,600 las personas denunciadas, desde el 1 de enero de 2009, las mismas que permanecen en sus puestos pese a estar comprendidas en procesos de control debidamente documentados.

CONSENSO DE WASHINGTON Y CORRUPCIÓN

POR: UBALDO TEJADA GUERRERO
utguerrero31@gmail.com

John Williamson, creador del término “Consenso de Washington”, hizo un balance de las razones de su fracaso: “Puede tener sentido concentrarse principalmente en las políticas sobre crecimiento en lugares donde el ingreso está distribuido menos desigualmente y donde virtualmente todos son pobres, como en el sur de Asia. Pero esto no es así en América Latina, donde la élite es tan rica en relación con las masas que es inconcebible que los estándares de vida de la persona promedio alcancen a los de los países industrializados solo a través del crecimiento, es decir, sin una reducción de la brecha existente entre ricos y pobres” (“Después del Consenso de Washington: Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina”, compilado por John Williamson y Pedro Pablo Kuczynski. UPC, Lima 2003, pp. 28-29). Pero el Consenso sigue en el Perú, con grandes faenones sin investigar.
Una radical derecha bajo el mando de Alan García, no escucha esas razones, como lo demuestra el Marco Macroeconómico 2011-2013, recién revisado: la presión tributaria se queda estancada hasta el 2013 en alrededor del 15% del PBI, una de las más bajas de América Latina.
El Perú necesita vitalizar las instituciones de la sociedad civil y una redefinición del mercado, el Estado y la sociedad civil, pero seguimos con el neoliberalismo al tope, pensando que las inversiones y el mercado lo resuelven todo.
Con respecto a los microempresarios (son formales 80,000, de un total de 3 millones), recordemos que el DL 1031 de junio del 2010 (que se promulgó con ocasión de la adecuación de las leyes peruanas al TLC con EEUU) dispuso que éstos pudieran acogerse al Seguro Integral de Salud (SIS), sin aumentar el presupuesto del SIS. Un elemento clave para promover la formalización de las microempresas, el reglamento del SIS, hecho imposible, pues quien tiene que hacerlo es el MEF, nada menos que Ismael Benavides, ligado a los intereses de la agroindustria transnacional.
El libro “Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Perú” de Alfonso Quiroz, nos habla que las peores décadas de corrupción para el país, fueron las del 1920, 1970 y 1990, bajo Alberto Fujimori y su brujo oscuro, Vladimiro Montesinos, la corrupción equivalió al 50% del presupuesto del Estado y al 4,5 por ciento del PBI cada año, dicho dinero a retrasado la mitad de su desarrollo al Perú. La mayor parte de la riqueza obtenida por el país ha alimentado los botines y arcas de los grupos sociales dominantes, ello ha sucedido siempre durante toda la República, que obliga a una auditoría de la deuda externa.
El 2 de noviembre del año pasado, el gobierno de Suiza reveló que Montesinos tenía 3 cuentas bancarias en dicho país con 48 millones de dólares. En los días siguientes aparecieron más cuentas multimillonarias, calculándose que tendría en total casi mil millones de dólares repartidos en todo el mundo. A los sentenciados por corrupción se les ha impuesto en total el pago de una reparación civil de S/.23'136.500. De esa suma, los condenados solo han pagado el 1,4%. Matilde Pinchi Pinchi, quien ha entregado un millón de dólares en diversos bienes al Estado Peruano y Samuel y Mendel Winter han pagado hasta ahora 250 mil dólares
El saldo --unos S/.22'805.341-- está en cobranza y la Unidad Financiera Estratégica de la Procuraduría Ad Hoc está buscando las formas de hacer efectivo ese pago.
Sin embargo, muchos de los condenados se han apresurado a "desaparecer" sus bienes, para que no puedan cobrarles. También por la determinación del lucro cesante; es decir, por lo que el Estado dejó de hacer o percibir como consecuencia del dinero desviado. Y es que con ese dinero el Estado pudo haber ganado intereses o invertido en beneficio de un sector necesitado de la población.

Oficializan adelanto de Código Procesal Penal para delitos de corrupción

Ley. Esto permitirá juzgar y sancionar con prontitud a los servidores del Estado que mal utilizan fondos institucionales. Norma entrará en vigencia en cuatro meses para adecuar el sistema. Habrá celeridad en juicios y sentencias a los corruptos

(La República).- Según los alcances de la Ley 29574, publicada el Diario Oficial El Peruano, los delitos específicos que procesados a la brevedad son concusión, peculado y corrupción de funcionarios, además de las personas que intervienen como partícipes en los mismos hechos.
En la víspera, el jefe del Estado, Alan García, adelantó que esta medida es un aporte a la estrategia de lucha contra la corrupción y que reforzará la democracia como sistema de lucha contra esta clase de actos.
Para ello, la norma dispone que el Poder Ejecutivo haga las indispensables transferencias financieras necesarias a favor del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior, a fin de cumplir con el dispositivo legal.
También asignará bienes muebles e inmuebles de su propiedad, para el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, necesario en la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
La ley establece, además, que los jueces observen con diligencia los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el cumplimientote la debida celeridad procesal.

En caso de incurrir en retardo, respecto a los plazos legales, deberán informar a la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) las razones que lo motivaron, bajo responsabilidad disciplinaria.
Del mismo modo, la norma señala que es obligación del fiscal provincial denunciar el hecho delictuoso, y exponer ante el juez penal los hechos cometidos y el delito que tipifican y la pena con que se sanciona.
A ello se suma los actos de investigación con que cuenta y los que ofrece actuar o que espera conseguir y ofrecer oportunamente.
En caso de incumplir los plazos para la realización de los actos fiscales que correspondan, deberá remitir un informe a la Fiscalía Suprema de Control Interno, que sustente tal retraso, bajo responsabilidad disciplinaria.
Finalmente, señala que estas medidas son de aplicación inmediata para los procesos en los que no se hubiera dictado acusación fiscal, conservándose los actos procesales realizados.
Sin embargo, continúan rigiéndose por la norma anterior los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con el proceso de ejecución y los plazos que hubieran empezado.

Caso Petroaudios: Levantan impedimento de salida del país de Canaán

La Tercera Sala Anticorrupción adoptó esta medida a favor del empresario dominicano al rechazar el pedido de la Procuraduría Anticorrupción.

(RPP).- La Tercera Sala Anticorrupción confirmó el levantamiento de la orden de impedimento de salida del país a favor del empresario dominicano Fortunato Canaán, procesado por el caso de los "Petroaudios".
El tribunal adoptó esta medida al rechazar el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para dejar sin efecto la decisión de primera instancia del juez Jorge Barreto.
Barreto acogió un pedido del empresario en que éste se comprometía a venir al país las veces que sea requerido por la justicia peruana a fin de esclarecer su participación en torno a este asunto.

La corrupción creció en el actual gobierno

La percepción de este problema subió del 30% en 2006 al 51% en el presente año, según una encuesta de Proética, Ipsos Apoyo y la Confiep.

(Perú 21).- Los ‘faenones’ de los lotes petroleros, las escandalosas adjudicaciones de tierra por parte de Cofopri, los viajes pagados que una universidad ofreció a congresistas y jueces, entre otras denuncias, parecen haber marcado fuertemente la imagen del segundo gobierno del presidente Alan García.
La última Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú-2010 revela que el 51% de los peruanos percibe a la corrupción como uno de los principales problemas del país; esto es, 21 puntos más de lo que registró el mismo estudio en el año 2006.
Este sondeo, cuyos resultados completos serán presentados hoy por Proética, Ipsos Apoyo y la Confiep, arroja –en esa línea– que las instituciones más corruptas en el Perú son el Congreso de la República, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Gobierno Central.Por otro lado, el estudio muestra la tendencia de la población a no denunciar las solicitudes de coimas –91% de los encuestados dice que no lo hace– para no hacerse problemas (22%) y porque no sirve para nada (21%).

También confirma que la mayoría de la población –el 82% de los 5,900 entrevistados entre el 14 de mayo y el 6 de junio– observa que los peruanos no suelen respetar las leyes. Solo un 12% piensa que sí lo hacen.

Villa Stein lanzó salvavidas a Giannotti

Usbs perdidos. Presidente del PJ afirma que policía y fiscalía habrían violado sus derechos. Gesto se produjo ante comisión del Congreso que investiga la pérdida de dos USB en el proceso judicial por el espionaje telefónico. Giannotti se enreda en versiones

(La República).- El presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein defendió y lanzó un salvavidas a la funcionaria de Business Track Giselle Giannotti ante la comisión investigadora de la pérdida de dos USB en el proceso judicial por el espionaje telefónico.
Villa Stein aseguró que la Fiscalía y la Policía habrían violado los derechos fundamentales de Giannotti al revisar sus USB y discos duros solo con su autorización personal, sin esperar un permiso del Poder Judicial.
Además, con esa opinión se pueden complicar otros casos. En muchas investigaciones la Policía o la Fiscalía no esperan la autorización judicial cuando la persona intervenida o detenida autoriza realizar diversas diligencias.
Giselle Giannotti autorizó revisar sus USB y discos duros, aunque luego se retractó. Esa autorización inicial permitió que se obtenga la copia espejo de los USB desaparecidos y que ahora permiten conocer su contenido.
El presidente del Poder Judicial hizo esa declaración después de reunirse con la comisión del Congreso que investiga la pérdida de los USB, La audiencia fue en público y con presencia de la prensa.

Villa insistió en que los USB no se perdieron en el Poder Judicial, pero hábilmente evadió precisar las medidas de seguridad que se adoptaron sobre las pruebas mientras permanecieron en el edificio Anselmo Barreto, jurisdicción de la Corte de Lima, o cuando se compró el software Encase Forense.
Por su parte, la jueza María Martínez reconoció que el 4 de mayo del 2009 llamó la atención al especialista informático Aldo Suxe por manipular una memoria sin conocimiento de las partes. Según el reporte del Encase Forense, la madrugada de ese 4 de mayo se produjo la manipulación de los USB.

Sesión reservada en Fiscalía
La comisión del Congreso que investiga la pérdida de dos USB se reunió en sesión reservada, en la sede principal del Ministerio Público, con la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz.
En la sesión también participaron los fiscales Walter Milla y Vanesa Araníbar, quienes explicaron a los directivos de BTR su versión sobre lo sucedido con las pruebas del proceso.
Según trascendió, para la Fiscalía la pérdida de los USB buscó ocultar e invalidar las pruebas del espionaje de llamadas telefónicas y correos electrónicos que realizó la empresa BTR.
La Fiscalía presentó varias evidencias que ubican el cambio de los USB cuando se encontraban bajo custodia del Poder Judicial.