80% de autoridades acatan recomendaciones de la Defensoría

Lima, (CNR) -- La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo que cuando su institución realiza recomendaciones acerca de un tema específico, el 80% de las autoridades del país responden positivamente y conceden el derecho vulnerado al ciudadano.
En tal sentido, señaló que este año, emitirá un informe especial, además de su informe anual, donde de cuenta del rendimiento y la responsabilidad del cumplimiento de todas nuestras recomendaciones.
“Creo que vamos a ser una de las pocas instituciones del Estado que vamos a hacer públicos el rendimiento y la responsabilidad del cumplimiento de todas nuestras recomendaciones. Este año daré un informe especial de la gestión de esta defensora que cumple cinco años a fines de este año”, sostuvo.
Merino Lucero mencionó que hay un programa de la Defensoría del Pueblo de seguimiento de las recomendaciones que emite, “lo que nos obliga a ser más específicos en ellas”.

:: Apoyarán procesos electorales
De otro lado, Merino señaló que a diferencia de otras elecciones, donde se desplegó personal el mismo día de los comicios, este año la Defensoría del Pueblo se dedicará a la difusión del principio de neutralidad y de alentar a la ciudadanía a denunciar algún irregularidad en los procesos electorales a nivel provincial y distrital.

Explicó que el principio de neutralidad restringe a los funcionarios hacer uso de su cargo para favorecer y desfavorecer a algún candidato.
“Si se violara la neutralidad, dichos funcionarios serían puestos en conocimiento de las autoridades y si fuera en caso, del Ministerio Público, si es que hubiera indicios de la comisión de un delito”, agregó.

:: Pide calmar discrepancias por píldora del día siguiente
Así mismo, la defensora del Pueblo se volvió a pronunciar sobre el tema de la píldora del día siguiente a raíz del pedido del cardenal Juan Luis Cipriani de sacar de la cartera de Salud al ministro Oscar Ugarte por incentivar el uso de dicha pastilla.
En tal sentido, reiteró que si bien la Defensoría no estaba de acuerdo con el fondo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), esta debía respetarse como todas las resoluciones judiciales.
En cuanto a la forma en la que se han desarrollado las discrepancias entre el Ministerio de Salud (MINSA) y el TC, Merino dijo que “esto debe resolverse al amparo de lo señalado en el artículo 60 del Código Procesal Constitucional ante el juez de amparo que es el juez de ejecución de la sentencia.
“No creo que la Defensoría del Pueblo deba echar más leña al fuego. Creo que por el contrario, debe fijar cual es el rumbo que debe tomar esta discrepancia entre el MINSA y el TC para resolverse”, finalizó.