Mientras que García propone que las encuestas sean realizadas con la presencia de un veedor de los partidos, Humala sugiere temerariamente “regular los medios de comunicación televisiva en época electoral”
Editorial del Diario el Comercio
Llama la atención que, por un lado y candidatos, mientras que, del otro lado, el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala sugiera temerariamente “regular los medios de comunicación televisiva en época electoral”, supuestamente para asegurar un tratamiento equitativo. Paralelamente, un juez de Chiclayo revive la burda denuncia, sin pies ni cabeza, contra Canal 4, presentada por el prófugo reincidente José Enrique Crousillat.
¿Acaso no hemos aprendido la lección de nuestra historia reciente y todo lo que nos ha costado dejar atrás un oprobioso capítulo de autoritarismo, intolerancia y abusos? ¿Se quiere amedrentar y mantener una espada de Damocles contra los medios de comunicación independientes, para obligarlos a apoyar a tal o cual candidato?
Las preguntas son pertinentes ante tan controvertidas iniciativas que terminarían afectando arteramente la libertad de expresión y el sistema democrático.
En lo concerniente a las encuestadoras, debemos puntualizar, como lo ha recordado la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim), que el punto carece de idoneidad pues ya existe una fiscalización a cargo del JNE, que exige un registro de las encuestadoras y obliga a publicar una ficha técnica para cada sondeo.
Recordemos además que las encuestadoras actúan en un mercado plural y competitivo, en el que cualquier error o manipulación salta a la vista y es denunciado públicamente. Por lo demás, ¿qué partidos y qué agrupaciones, en el mar de dispersión que existe hoy, visarían las encuestas? ¿Y cómo lo harían, si no es inmiscuyéndose, interfiriendo e introduciendo elementos politiqueros y parcializados en un trabajo estrictamente técnico? De aquí solo resultaría el caos y el total relativismo, por lo que el mejor juez debe seguir siendo el público, al que no se le puede engañar, y asigna credibilidad —y prestigio— a las empresas que se la ganan con sondeos exhaustivos y confiables.
En cuanto a la propuesta de Humala resulta mucho más peligrosa, por cuanto implica atentar contra la autonomía y libertad de prensa de los medios de comunicación, principalmente los televisivos, la que tiene un tufillo típicamente autoritario y chavista, cuyo guion ha querido imponer en Venezuela, Bolivia, Ecuador y hasta en Argentina.
Desde el punto de vista constitucional y democrático, la iniciativa carece de todo fundamento, a decir de los endebles y populacheros argumentos de Humala. Este señala que “la libertad de expresión [debe ser] no solamente de los que tienen plata, sino también de los que no la tienen” y que los canales “se prestan a un chantaje con el Gobierno porque el Gobierno no les cobra sus tributos y ellos por no pagarlos ponen la línea editorial a favor del Gobierno”. También denuncia: “Los medios en los cuales no se pone publicidad comienzan a uno a atacarlo”.
Tales generalizaciones son absurdas, ligeras e irresponsables. Más bien calzan perfectamente con el sistema de chantaje que aplicaba hace algunos años la dictadura fujimontesinista, cuando algunos medios (con Crousillat a la cabeza) vendieron su línea editorial al régimen, por lo cual los responsables están en la cárcel o prófugos.
Hay que recordarle también al candidato Humala que existen normas que obligan a los medios de comunicación del Estado a transmitir equitativamente propaganda electoral. Asimismo que la ley de partidos políticos establece lineamientos para captar fondos con los que puedan afrontar una carrera electoral y publicar sus planes de gobierno en un régimen plural y democrático.
Cabe destacar, además, que el JNE ha lanzado una campaña, Voto Informado, en la que los medios de comunicación independientes han comprometido generosa y responsablemente su apoyo. El objetivo es que los electores asuman su ineludible e inexcusable responsabilidad de informarse, del modo más consciente y exhaustivo, sobre los candidatos y agrupaciones políticas antes de decidir su voto y depositarlo en el ánfora.
Los medios de comunicación —que se autorregulan— y los partidos políticos son protagonistas de la dinámica democrática en el Estado de derecho, que deben complementarse y no atacarse. Como lo subraya nuestro director general, Alejandro Miró Quesada Garland: “La libertad de prensa, expresión y opinión es el árbol frondoso bajo el cual se cobijan las demás libertades, y cuando se la conculca se afecta mortalmente no solo el derecho de los ciudadanos a informarse libremente sino también el sistema democrático”. Por eso mismo rechazamos también las maniobras de quienes, queriéndolo o no, terminan haciéndole el juego, en el ámbito judicial y mediático, a un delincuente como Crousillat para maniatar a un medio libre como Canal 4.
Editorial del Diario el Comercio
Llama la atención que, por un lado y candidatos, mientras que, del otro lado, el líder del Partido Nacionalista Ollanta Humala sugiera temerariamente “regular los medios de comunicación televisiva en época electoral”, supuestamente para asegurar un tratamiento equitativo. Paralelamente, un juez de Chiclayo revive la burda denuncia, sin pies ni cabeza, contra Canal 4, presentada por el prófugo reincidente José Enrique Crousillat.
¿Acaso no hemos aprendido la lección de nuestra historia reciente y todo lo que nos ha costado dejar atrás un oprobioso capítulo de autoritarismo, intolerancia y abusos? ¿Se quiere amedrentar y mantener una espada de Damocles contra los medios de comunicación independientes, para obligarlos a apoyar a tal o cual candidato?
Las preguntas son pertinentes ante tan controvertidas iniciativas que terminarían afectando arteramente la libertad de expresión y el sistema democrático.
En lo concerniente a las encuestadoras, debemos puntualizar, como lo ha recordado la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (Apeim), que el punto carece de idoneidad pues ya existe una fiscalización a cargo del JNE, que exige un registro de las encuestadoras y obliga a publicar una ficha técnica para cada sondeo.
Recordemos además que las encuestadoras actúan en un mercado plural y competitivo, en el que cualquier error o manipulación salta a la vista y es denunciado públicamente. Por lo demás, ¿qué partidos y qué agrupaciones, en el mar de dispersión que existe hoy, visarían las encuestas? ¿Y cómo lo harían, si no es inmiscuyéndose, interfiriendo e introduciendo elementos politiqueros y parcializados en un trabajo estrictamente técnico? De aquí solo resultaría el caos y el total relativismo, por lo que el mejor juez debe seguir siendo el público, al que no se le puede engañar, y asigna credibilidad —y prestigio— a las empresas que se la ganan con sondeos exhaustivos y confiables.
En cuanto a la propuesta de Humala resulta mucho más peligrosa, por cuanto implica atentar contra la autonomía y libertad de prensa de los medios de comunicación, principalmente los televisivos, la que tiene un tufillo típicamente autoritario y chavista, cuyo guion ha querido imponer en Venezuela, Bolivia, Ecuador y hasta en Argentina.
Desde el punto de vista constitucional y democrático, la iniciativa carece de todo fundamento, a decir de los endebles y populacheros argumentos de Humala. Este señala que “la libertad de expresión [debe ser] no solamente de los que tienen plata, sino también de los que no la tienen” y que los canales “se prestan a un chantaje con el Gobierno porque el Gobierno no les cobra sus tributos y ellos por no pagarlos ponen la línea editorial a favor del Gobierno”. También denuncia: “Los medios en los cuales no se pone publicidad comienzan a uno a atacarlo”.
Tales generalizaciones son absurdas, ligeras e irresponsables. Más bien calzan perfectamente con el sistema de chantaje que aplicaba hace algunos años la dictadura fujimontesinista, cuando algunos medios (con Crousillat a la cabeza) vendieron su línea editorial al régimen, por lo cual los responsables están en la cárcel o prófugos.
Hay que recordarle también al candidato Humala que existen normas que obligan a los medios de comunicación del Estado a transmitir equitativamente propaganda electoral. Asimismo que la ley de partidos políticos establece lineamientos para captar fondos con los que puedan afrontar una carrera electoral y publicar sus planes de gobierno en un régimen plural y democrático.
Cabe destacar, además, que el JNE ha lanzado una campaña, Voto Informado, en la que los medios de comunicación independientes han comprometido generosa y responsablemente su apoyo. El objetivo es que los electores asuman su ineludible e inexcusable responsabilidad de informarse, del modo más consciente y exhaustivo, sobre los candidatos y agrupaciones políticas antes de decidir su voto y depositarlo en el ánfora.
Los medios de comunicación —que se autorregulan— y los partidos políticos son protagonistas de la dinámica democrática en el Estado de derecho, que deben complementarse y no atacarse. Como lo subraya nuestro director general, Alejandro Miró Quesada Garland: “La libertad de prensa, expresión y opinión es el árbol frondoso bajo el cual se cobijan las demás libertades, y cuando se la conculca se afecta mortalmente no solo el derecho de los ciudadanos a informarse libremente sino también el sistema democrático”. Por eso mismo rechazamos también las maniobras de quienes, queriéndolo o no, terminan haciéndole el juego, en el ámbito judicial y mediático, a un delincuente como Crousillat para maniatar a un medio libre como Canal 4.
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