
(Perú 21) La verdad siempre sale a flote. Toda la estrategia diseñada por la defensa de la desaforada legisladora aprista Tula Benites Vásquez choca con los hechos que acreditan que, realmente, dispuso la contratación de un empleado “fantasma’ en su despacho congresal, a quien se le abonó una remuneración a pesar de que nunca fue a laborar.
Lo último en este caso es que la fiscal superior titular de la Cuarta Fiscalía Especializada Penal de Lima, Sonia Albina Chávez Gil, pidió la nulidad de la sentencia que absolvió al ex trabajador “fantasma’ Juan Carlos Cuadros Noriega –denunciado por el Congreso por la comisión de delitos de estafa y falsedad genérica– por considerar que el juez respectivo no ha compulsado adecuadamente las pruebas.
El dictamen cita que no se ha validado el memorándum 05-2006/TBC-CR, a través del cual Benites “comunica” a la Gerencia de Recursos Humanos que Cuadros ingresaba a laborar, ni la declaración testimonial del periodista de Perú.21 que investigó el caso, ni la versión de la administración del Parlamento que ratifica que el denunciado nunca recogió el fotocheck ni utilizó el correo electrónico institucional, elementos comunes que son parte del centro de trabajo.
Por ello, la fiscal solicita que el caso pase a otro juez con la finalidad de que se emita una nueva sentencia.
JUICIO PÚBLICO. A esto se suma el pronunciamiento del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, quien resolvió hace unos días que la denuncia contra Tula Benites pase a juicio público, y remitió el expediente a la Corte Suprema para que otro fiscal proceda a formula la acusación penal por delito contra la fe pública.
En su dictamen, el representante del Ministerio Público sostiene que hay una serie de indicios de responsabilidad que debe esclarecerse en un juicio público.
Cabe recordar que Perú.21 denunció, el 31 de mayo de 2007, el caso del auxiliar “fantasma’ en el despacho de la legisladora aprista, de acuerdo con el testimonio brindado por el propio Cuadros Noriega, quien refirió con lujo de detalles cómo había prestado su nombre para que otra persona cobrara el sueldo que se le había asignado como “trabajador’ del Congreso.
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