El Poder Ejecutivo tiene dos versiones del documento, mismas que han desatado polémica. La relación del consumidor con el proveedor es un tema que deberá definirse pronto para desarrollar una versión final
(El Comercio) Por Marienella Ortiz. ¿Le falta muchas veces información al consumidor a la hora de elegir un bien o un servicio de manera adecuada? La respuesta afirmativa parece ser en lo único que coinciden quienes debaten actualmente el contenido del futuro código de consumo.
El anteproyecto tuvo un borrador inicial desarrollado por un grupo de expertos y luego hay la versión revisada por una comisión formada por representantes de los sectores público y privado, que es la que analiza el Ejecutivo. La primera y la segunda versión transmiten distintas visiones de lo que significa la relación consumidor-proveedor.
Quienes elaboraron el anteproyecto inicial consideran que el código debe solucionar los problemas de abuso de poder del proveedor hacia el consumidor. En cambio, la versión revisada se centra solo en brindar al consumidor información oportuna y veraz.
Los que apoyan esta última visión consideran que el Estado no debe sobreproteger a un consumidor inmaduro que no aprovecha la información a la hora de tomar su decisión de compra. “En la versión inicial se protege demasiado al consumidor y no se le exige que use bien la información para evitar inconvenientes”, sostiene Carolina Sáenz, abogada del estudio Rubio, Leguía Normand.
Igualmente, Martín Serkovic, socio del estudio de abogados Olaechea, dijo que la información es la herramienta ideal para lograr una situación de equidad en la relación contractual. “Siempre habrá dos posiciones: ser muy regulador, que el Estado controle o proteja a una de las partes, o que el consumidor tenga las armas para defenderse. Prefiero lo último”, indicó.
Sáenz agrega que enfrentar a una empresa con una constante situación de sanciones podría originar su desaparición.
¿SUFICIENTE?
“Antes, cuando se robaban los carros en las cocheras de los centros comerciales, estas se excusaban gracias a un letrero que indicaba que la empresa no se hacía responsable. Entonces, no podemos decir que en estos casos, la información es suficiente”, replica Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec).
Siguiendo con este ejemplo, Delgado refutó la posibilidad de que los costos a los consumidores se eleven por estructurar un sistema con mayor regulación frente a los posibles abusos del proveedor: hoy en día los centros comerciales son responsables de los robos de los autos y no existe un efecto directo contra el usuario.
Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y ex integrante del grupo que elaboró el anteproyecto inicial, apuntó que es demasiado teórico pensar que con la información se resuelve todo.
“En el Perú no hay competencia en muchos campos. Estamos hablando de que los consumidores no pueden siquiera negociar sus contratos”, argumentó. Delgado agrega que en esta situación el Estado no puede ser un participante accidental o accesorio: debe proteger los derechos de los consumidores.
El Ejecutivo continuará este debate. Al tener dos versiones de un mismo anteproyecto se ha abierto un debate que, al final, se espera tenga una conclusión satisfactoria para todos los consumidores que son, en resumen, la mayoría de peruanos.
(El Comercio) Por Marienella Ortiz. ¿Le falta muchas veces información al consumidor a la hora de elegir un bien o un servicio de manera adecuada? La respuesta afirmativa parece ser en lo único que coinciden quienes debaten actualmente el contenido del futuro código de consumo.
El anteproyecto tuvo un borrador inicial desarrollado por un grupo de expertos y luego hay la versión revisada por una comisión formada por representantes de los sectores público y privado, que es la que analiza el Ejecutivo. La primera y la segunda versión transmiten distintas visiones de lo que significa la relación consumidor-proveedor.
Quienes elaboraron el anteproyecto inicial consideran que el código debe solucionar los problemas de abuso de poder del proveedor hacia el consumidor. En cambio, la versión revisada se centra solo en brindar al consumidor información oportuna y veraz.
Los que apoyan esta última visión consideran que el Estado no debe sobreproteger a un consumidor inmaduro que no aprovecha la información a la hora de tomar su decisión de compra. “En la versión inicial se protege demasiado al consumidor y no se le exige que use bien la información para evitar inconvenientes”, sostiene Carolina Sáenz, abogada del estudio Rubio, Leguía Normand.
Igualmente, Martín Serkovic, socio del estudio de abogados Olaechea, dijo que la información es la herramienta ideal para lograr una situación de equidad en la relación contractual. “Siempre habrá dos posiciones: ser muy regulador, que el Estado controle o proteja a una de las partes, o que el consumidor tenga las armas para defenderse. Prefiero lo último”, indicó.
Sáenz agrega que enfrentar a una empresa con una constante situación de sanciones podría originar su desaparición.
¿SUFICIENTE?
“Antes, cuando se robaban los carros en las cocheras de los centros comerciales, estas se excusaban gracias a un letrero que indicaba que la empresa no se hacía responsable. Entonces, no podemos decir que en estos casos, la información es suficiente”, replica Jaime Delgado, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec).
Siguiendo con este ejemplo, Delgado refutó la posibilidad de que los costos a los consumidores se eleven por estructurar un sistema con mayor regulación frente a los posibles abusos del proveedor: hoy en día los centros comerciales son responsables de los robos de los autos y no existe un efecto directo contra el usuario.
Walter Gutiérrez, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y ex integrante del grupo que elaboró el anteproyecto inicial, apuntó que es demasiado teórico pensar que con la información se resuelve todo.
“En el Perú no hay competencia en muchos campos. Estamos hablando de que los consumidores no pueden siquiera negociar sus contratos”, argumentó. Delgado agrega que en esta situación el Estado no puede ser un participante accidental o accesorio: debe proteger los derechos de los consumidores.
El Ejecutivo continuará este debate. Al tener dos versiones de un mismo anteproyecto se ha abierto un debate que, al final, se espera tenga una conclusión satisfactoria para todos los consumidores que son, en resumen, la mayoría de peruanos.
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