Lima (CNR) -- Las observaciones formuladas por el Ejecutivo a la Ley de Consulta no resisten el mayor análisis jurídico puesto que se ha colocado lo político en primer plano, denunció el denominado "Grupo de trabajo por la aprobación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas".A través de un comunicado, dicha agrupación advierte que "la terquedad del gobierno en seguir desconociendo ya no solo los derechos, sino, la inexistencia de los pueblos indígenas pone en riesgo la democracia en el Perú. Se amenaza, así, no solo los derechos de las comunidades nativas, sino, coloca en riesgo el respeto a los derechos humanos de todos y todas".
En primer término, las observaciones colocan especial acento “al derecho al veto”, cuando en ningún momento los pueblos indígenas han planteado esto como punto de discusión y cuando el Convenio 169 no lo considera como parte del proceso de consulta. "La ley contempla el consentimiento. El gobierno deliberadamente ha colocado este tema para “desinformar a la opinión pública, y desacreditar los alcances y la naturaleza de la ley", reza el texto.
"Por ello, lo que parecería ser una coincidencia, resulta más que preocupante el hecho que hace unos días el Tribunal Constitucional haya resaltado en su sentencia sobre el decreto legislativo 1089, el derecho al veto. Se pretende reducir la consulta a este postulado, inexistente desde los tratados internacionales y ha sido materia resuelta en las etapas previas a la construcción de la ley hasta su aprobación por el pleno".
En tal sentido, el grupo denuncia el propósito del Gobierno de intentar "perpetuar la imposición de proyectos sobre la voluntad de los pueblos indígenas, contra toda la institucionalidad democrática nacional e internacional que los ampara, so pretexto de tener la última palabra tras un artificial argumento del derecho al veto
De igual manera, en otro punto, se señala que si el gobierno ha persistido sistemáticamente, desde que asumió mandato, de crear paralelismos a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas a nivel nacional, ahora intenta "clasificar y dividir quienes son pueblos indígenas y quienes no, en términos identitario y territoriales".
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