Primer ministro negó que el Gobierno pretenda ayudar a grupo criminal tras pedido de facultades para legislar en materia militar-policial, como denunció Aprodeh
(El Comercio).- El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, negó que Ejecutivo pretenda beneficiar a los miembros del grupo Colina a través de la delegación de facultades que el Congreso le otorgó al Ejecutivo para que legisle, por 60 días, sobre justicia militar-policial, como aseveró la abogada de Aprodeh, Gloria Cano.
“Lo negamos categóricamente. También se ha hablado de amnistías, y no se ha revisado bien que estas son una prerrogativa del Congreso y no del Ejecutivo”, dijo el titular de la PCM.
Según Gloria Cano, “durante y después del juicio a [Alberto] Fujimori vimos cómo el grupo Colina manda mensajes a determinadas personas, ante sus abogados, diciendo qué pasa con los beneficios, si ya presentaron el proyecto de ley”. La abogada acotó que “la delegación de facultades se dio en virtud de una alianza apro-fujimorista”.
El titular de Justicia, Víctor García Toma, respondió que no había que ser “tan malpensado”.
El titular de Defensa, Rafael Rey, comentó que interpretaciones como las de Cano “pintan de cuerpo entero el prejuicio de los representantes de algunas organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
“Solo ha salido la autorización del Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre la materia. No ha salido nada, pero ya están diciendo que lo que queremos es plantear una amnistía para el grupo Colina”, afirmó.
Rey también reiteró sus críticas a las organizaciones defensoras, como la Coordinadora Nacional de DD.HH. y el Instituto de Defensa Legal, por asumir una actitud intolerante con los militares.
Al respecto, Carlos Rivera, del IDL, dijo que el ministro se comporta como abogado de los violadores de los DD.HH. con el “aval político del presidente de la República [Alan García]”.
PROYECTO LIMITADO
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y DD.HH., Raúl Castro, recordó que el proyecto [908/2009-PE] que el Ejecutivo presentó al Congreso para pedir facultades tenía un espectro mayor, pero que el grupo de trabajo consideró que varias materias —como narcotráfico o terrorismo— no eran prudentes que las legisle un gobierno que está entrando a su último año.
“Por eso restringimos la solicitud del Ejecutivo. En lo que sí incidimos fue en que se revise el tema de los procesos y el uso de la fuerza”, afirmó.
(El Comercio).- El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, negó que Ejecutivo pretenda beneficiar a los miembros del grupo Colina a través de la delegación de facultades que el Congreso le otorgó al Ejecutivo para que legisle, por 60 días, sobre justicia militar-policial, como aseveró la abogada de Aprodeh, Gloria Cano.
“Lo negamos categóricamente. También se ha hablado de amnistías, y no se ha revisado bien que estas son una prerrogativa del Congreso y no del Ejecutivo”, dijo el titular de la PCM.
Según Gloria Cano, “durante y después del juicio a [Alberto] Fujimori vimos cómo el grupo Colina manda mensajes a determinadas personas, ante sus abogados, diciendo qué pasa con los beneficios, si ya presentaron el proyecto de ley”. La abogada acotó que “la delegación de facultades se dio en virtud de una alianza apro-fujimorista”.
El titular de Justicia, Víctor García Toma, respondió que no había que ser “tan malpensado”.
El titular de Defensa, Rafael Rey, comentó que interpretaciones como las de Cano “pintan de cuerpo entero el prejuicio de los representantes de algunas organizaciones vinculadas a los derechos humanos.
“Solo ha salido la autorización del Congreso para que el Ejecutivo legisle sobre la materia. No ha salido nada, pero ya están diciendo que lo que queremos es plantear una amnistía para el grupo Colina”, afirmó.
Rey también reiteró sus críticas a las organizaciones defensoras, como la Coordinadora Nacional de DD.HH. y el Instituto de Defensa Legal, por asumir una actitud intolerante con los militares.
Al respecto, Carlos Rivera, del IDL, dijo que el ministro se comporta como abogado de los violadores de los DD.HH. con el “aval político del presidente de la República [Alan García]”.
PROYECTO LIMITADO
El vicepresidente de la Comisión de Justicia y DD.HH., Raúl Castro, recordó que el proyecto [908/2009-PE] que el Ejecutivo presentó al Congreso para pedir facultades tenía un espectro mayor, pero que el grupo de trabajo consideró que varias materias —como narcotráfico o terrorismo— no eran prudentes que las legisle un gobierno que está entrando a su último año.
“Por eso restringimos la solicitud del Ejecutivo. En lo que sí incidimos fue en que se revise el tema de los procesos y el uso de la fuerza”, afirmó.
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