Por: Alejandro Benavides Roldán
papeldevientoeditores@gmail.com
Nos preguntamos con tristeza ¿hasta cuándo el tema de la cultura en el país no dejará de ser un mero asunto de charlatanería electoral? Lo más sorprendente es constatar su efectivo impacto en el crédulo elector. A pesar de las incontables promesas incumplidas, el ingenuo ciudadano, sazonado con discursos, regalos, programas periodísticos demagógicos y seductores, sigue aún creyendo posible en la buena voluntad de ciertos políticos.
El Tema de la cultura no puede seguir siendo acariciado juguete de políticos en campaña. Tiene que ser asunto de políticas de desarrollo, esto es, pauta general, reglamentación, criterios; en resumen: ordenanza, ley.
Lo más común en el país es que desde el pequeño alcalde de distrito, hasta el de la capital de la república, pasando por las direcciones de educación, Gobierno regional, el propio Ministerio de Educación y el recientemente creado Ministerio de Cultura (¡admirable ironía en un país con tanta tradición prehispánica!), la cultura sea tratada como un asunto que mas depende de la buena voluntad del alcalde o funcionario; como una manifestación de generosidad de amigos; como una actitud paternal de mecenas; nunca como un deber y un derecho del estado con su pueblo y viceversa.
Hemos llegado al siglo XXI a brincos y trompicones en materia cultural. Recién ha sido posible la creación del Ministerio de Cultura en el Perú, mientras en otros países de América Latina tienen larga existencia. Resulta de estricta necesidad una política cultural, de otra manera ¿para qué existiría un Ministerio de Cultura sin política cultural?
Se nos dirá: nunca hemos descuidado la cultura; hemos tenido el Instituto Nacional de Cultura (INC), encargado de estos asuntos. Cierto, pero este organismo siempre ha estado incapacitado para diseñar una política cultural que englobe las distintas manifestaciones, géneros de arte, literatura, y la cultura en general. El INC, ha sido pues solo un instituto y por tanto potestativo. Nunca pasó de ser un órgano administrativo, recaudador; no entendió su naturaleza de organismo promotor como correspondía en materia de desarrollo e impulso de la cultura. No supo convertirse en órgano inversor, generador de las condiciones materiales y espirituales para el desarrollo.
Esto lo han sabido todos nuestros gobernantes pero a la hora de gobernar, se les pasaban los años hundidos es esa sopa insípida de la falta de compromiso, de ideas, de vitalidad. Se está acabando el gobierno del señor García y no tenemos atisbo de diseño de una política cultural. No se vaya a pensar que con fanfarrias, fiestones llenos de color, comidas y música se está cumpliendo con el trabajo cultural. Estos asuntillos apenas aportan a la imagen del gobernante, pero no justifican el gasto de los presupuestos, ni la carencia de ideas.
La política cultural tiene que ser general y democrática, tiene que ser ley para todos. Debe tener la misma naturaleza de la política educativa, de salud, de vivienda, de transporte, de agricultura, de minería, de seguridad nacional, etc. No puede ser nunca dádiva, ni ocurrencia de mecenas trasnochados de señorío colonial. Cuando se establezca una política de cultural, los gobiernos en todos los niveles podrán pasar, renovarse, pero la norma, el derecho seguirá vigente y respetado.
Lo meritorio del gobierno de García es que ha creado el ministerio para calmar un clamor a punto de convertirse en falta de paciencia, pero su gobierno no se ha tomado el trabajo de diseñar una política cultural. En este ministerio de las ideas, paradójicamente lo que más hace falta son ideas. Si existe una política cultural, entonces que se la exponga, se publique, se difunda, para que todos sepamos que esperamos del estado, a qué tenemos derecho y cuales son nuestras obligaciones.
La política cultural tiene que tener como característica principal, el de ser promotora. Si no, habrá nacido en el vacío. Tiene además que ser productiva (generar empleo y rentabilidad). Tiene que ser de un espíritu altamente democrático; debe buscar generar, desarrollar y enriquecer la cultura en el seno del pueblo para luego poner el resultado de toda esta creación al servicio del mismo; debe luchar tenazmente contra ese viejo espíritu de elite, de torre de marfil. Vallejo lo expresó con claridad: Todo acto a voz genial viene del pueblo y va hacia él.
Esto no va a poderse lograr si no se democratiza el estado. Alguien dirá: entonces lo que usted propone es una revolución. Sí y no. Democratizar la educación, la salud, la cultura, mejorar los salarios, la vivienda, el vestido, son reivindicaciones democrático burguesas y por lo tanto al estado de países democrático burgueses como los de Perú, Argentina, Chile, Venezuela o los EE.UU., etc., les corresponde implementarla. Lógicamente que en un estado socialista, la cultura tendrá que ser socialista, es decir, no será necesario arrancarla como reivindicación, será sino el ejercicio de su propia naturaleza. Hasta que ese día llegue, nos corresponde no desmayar hasta obtener que las leyes constitucionales del estado burgués se cumplan con el mayor sentido y responsabilidad democrática. Y esto sí es posible.
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Nos preguntamos con tristeza ¿hasta cuándo el tema de la cultura en el país no dejará de ser un mero asunto de charlatanería electoral? Lo más sorprendente es constatar su efectivo impacto en el crédulo elector. A pesar de las incontables promesas incumplidas, el ingenuo ciudadano, sazonado con discursos, regalos, programas periodísticos demagógicos y seductores, sigue aún creyendo posible en la buena voluntad de ciertos políticos.
El Tema de la cultura no puede seguir siendo acariciado juguete de políticos en campaña. Tiene que ser asunto de políticas de desarrollo, esto es, pauta general, reglamentación, criterios; en resumen: ordenanza, ley.
Lo más común en el país es que desde el pequeño alcalde de distrito, hasta el de la capital de la república, pasando por las direcciones de educación, Gobierno regional, el propio Ministerio de Educación y el recientemente creado Ministerio de Cultura (¡admirable ironía en un país con tanta tradición prehispánica!), la cultura sea tratada como un asunto que mas depende de la buena voluntad del alcalde o funcionario; como una manifestación de generosidad de amigos; como una actitud paternal de mecenas; nunca como un deber y un derecho del estado con su pueblo y viceversa.
Hemos llegado al siglo XXI a brincos y trompicones en materia cultural. Recién ha sido posible la creación del Ministerio de Cultura en el Perú, mientras en otros países de América Latina tienen larga existencia. Resulta de estricta necesidad una política cultural, de otra manera ¿para qué existiría un Ministerio de Cultura sin política cultural?
Se nos dirá: nunca hemos descuidado la cultura; hemos tenido el Instituto Nacional de Cultura (INC), encargado de estos asuntos. Cierto, pero este organismo siempre ha estado incapacitado para diseñar una política cultural que englobe las distintas manifestaciones, géneros de arte, literatura, y la cultura en general. El INC, ha sido pues solo un instituto y por tanto potestativo. Nunca pasó de ser un órgano administrativo, recaudador; no entendió su naturaleza de organismo promotor como correspondía en materia de desarrollo e impulso de la cultura. No supo convertirse en órgano inversor, generador de las condiciones materiales y espirituales para el desarrollo.
Esto lo han sabido todos nuestros gobernantes pero a la hora de gobernar, se les pasaban los años hundidos es esa sopa insípida de la falta de compromiso, de ideas, de vitalidad. Se está acabando el gobierno del señor García y no tenemos atisbo de diseño de una política cultural. No se vaya a pensar que con fanfarrias, fiestones llenos de color, comidas y música se está cumpliendo con el trabajo cultural. Estos asuntillos apenas aportan a la imagen del gobernante, pero no justifican el gasto de los presupuestos, ni la carencia de ideas.
La política cultural tiene que ser general y democrática, tiene que ser ley para todos. Debe tener la misma naturaleza de la política educativa, de salud, de vivienda, de transporte, de agricultura, de minería, de seguridad nacional, etc. No puede ser nunca dádiva, ni ocurrencia de mecenas trasnochados de señorío colonial. Cuando se establezca una política de cultural, los gobiernos en todos los niveles podrán pasar, renovarse, pero la norma, el derecho seguirá vigente y respetado.
Lo meritorio del gobierno de García es que ha creado el ministerio para calmar un clamor a punto de convertirse en falta de paciencia, pero su gobierno no se ha tomado el trabajo de diseñar una política cultural. En este ministerio de las ideas, paradójicamente lo que más hace falta son ideas. Si existe una política cultural, entonces que se la exponga, se publique, se difunda, para que todos sepamos que esperamos del estado, a qué tenemos derecho y cuales son nuestras obligaciones.
La política cultural tiene que tener como característica principal, el de ser promotora. Si no, habrá nacido en el vacío. Tiene además que ser productiva (generar empleo y rentabilidad). Tiene que ser de un espíritu altamente democrático; debe buscar generar, desarrollar y enriquecer la cultura en el seno del pueblo para luego poner el resultado de toda esta creación al servicio del mismo; debe luchar tenazmente contra ese viejo espíritu de elite, de torre de marfil. Vallejo lo expresó con claridad: Todo acto a voz genial viene del pueblo y va hacia él.
Esto no va a poderse lograr si no se democratiza el estado. Alguien dirá: entonces lo que usted propone es una revolución. Sí y no. Democratizar la educación, la salud, la cultura, mejorar los salarios, la vivienda, el vestido, son reivindicaciones democrático burguesas y por lo tanto al estado de países democrático burgueses como los de Perú, Argentina, Chile, Venezuela o los EE.UU., etc., les corresponde implementarla. Lógicamente que en un estado socialista, la cultura tendrá que ser socialista, es decir, no será necesario arrancarla como reivindicación, será sino el ejercicio de su propia naturaleza. Hasta que ese día llegue, nos corresponde no desmayar hasta obtener que las leyes constitucionales del estado burgués se cumplan con el mayor sentido y responsabilidad democrática. Y esto sí es posible.
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