(La República).- Carlos Rivera. Abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) ratifica cuestionamiento de Ley 29703 y advierte intencionalidad política en su aprobación que alienta la impunidad.¿Cuáles son las evidencias que prueban que lejos de reforzar la lucha contra la corrupción la Ley 29703 favorece a quienes cometen estos delitos?
El que se dicte una norma ambigua en materia de lucha anticorrupción revela que el Estado no es frontal con ese caso, y creemos que ese es el espíritu de esta norma. Es cierto, la ley plantea algunos aumentos de penas, algunos tipos penales, pero hay una discusión que se genera a partir de incorporaciones o sustracciones que se hacen de diferentes artículos.
¿A qué temas se refiere específicamente?
Al delito de colusión y a la incorporación de este elemento que exige una casi demostración de un daño económico patrimonial en agravio del Estado. Al tema de la pena de inhabilitación y de la eliminación, la despenalización de esta figura en el delito de tráfico de influencias relacionado con quien ofrece influencias sin tenerlas necesariamente. Si bien es cierto puede que la ley sea buena, los otros temas son mensajes negativos en una lucha contra la corrupción.
¿Cuál consideran que es el mayor riesgo de la norma?
El aspecto problemático es que cuando se promulga una ley de carácter penal, que probablemente sea más beneficiosa que la ley antigua, es que la ley va a surtir efecto inmediato, y aquellos que están investigados, procesados o eventualmente condenados exijan la aplicación de esa ley.
¿Advierte alguna intencionalidad en la premura con que se aprobó la ley?
Sí, creo que ha habido una intención de sorprender. El dato más importante es que esta iniciativa surge de un proyecto que la Corte Suprema presenta en febrero de este año y ahora es César San Martín quien advierte que ese no era el espíritu de su propuesta.
Ustedes advierten que pese a aprobar esta ley en corto plazo, hay normas importantes que no se han agendado el Congreso.
Hace tiempo hay un proyecto para calificar a los crímenes de corrupción como delitos imprescriptibles. Si el mensaje del Estado hubiese querido ser claro y contundente eso se hubiera discutido.
Hay quienes han dicho que no advierten que la ley aliente a la impunidad.
Me sorprende que nos coloquen como si estuviéramos vendiendo humo y sorprendiendo a la opinión pública. Tratamos de tomar en consideración que jueces y fiscales son los que interpretan la norma, pero el juez no puede ir en contra de lo que dice la ley.
“Presidente debe dirigir la lucha anticorrupción”
¿Cuál cree es la principal tarea del próximo gobierno y Congreso en la lucha anticorrupción?
El próximo Congreso tiene que hacer una revisión generalizada de las normas penales, y si no se deroga en esta ley (29703) tendría que ser una tarea prioritaria del próximo Parlamento. También se tendrá que impulsar la discusión de por qué los delitos de corrupción de funcionarios y contra la administración pública tienen que ser delitos imprescriptibles y eso acompañado de una política de lucha anticorrupción coherente.
El presidente electo Ollanta Humala aseguró que su bancada propondrá derogar la ley...
Desde mi punto de vista, la lucha anticorrupción deberá ser liderada desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, sea el Presidente o el Premier, pero no debe quedar solo en discurso.
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