(La República).- Cobros no previstos o indebidos, condicionamientos para la prestación de un beneficio o no prestaciones del mismo por responsabilidad de algún funcionario, son algunos de los 230 presuntos actos de corrupción y otras faltas contra la ética pública detectados por la Defensoría del Pueblo (DP), entre los años 2009-2010, en diferentes programas sociales del Estado.
Según el Informe “Aportes de la Defensoría del Pueblo a la Promoción de la Ética Pública en los Programas Sociales del Estado”, estos hechos se desprendieron de las 219 quejas declaradas fundadas, en su mayoría, contra el Programa Integral de Nutrición, el Vaso de Leche y los programas de complementación alimentaria.
El documento señala también que el cuarto programa con más quejas es el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, Juntos, seguido del Seguro Integral de Salud (SIS) y Techo Propio.
Problemas en Juntos
Ante la prensa, el Defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega indicó que, como parte de esa investigación, también revisaron las mil 874 quejas presentadas ante el Comité Nacional de Transparencia de Juntos por problemas referidos a la afiliación (408), la oferta de servicios (399), la filtración (149), subcobertura (132), suspensión injusta del beneficio (108), pago incompleto del subsidio (67) y maltratos en las instituciones educativas (56).
“En base a esas cifras y las entrevistas de campo efectuadas, hemos identificado situaciones de riesgo y vulnerabilidades en los programas sociales que podrían favorecer la comisión de actos de corrupción”, dijo Vega, tras recomendar al Ejecutivo fortalecer los mecanismos de control en todos los procesos de dichos programas.
En el caso específico de Juntos pidió reforzar las etapas de afiliación, verificación de cumplimiento de condiciones en salud y educación; y en los procesos de transferencia dineraria.
El funcionario indicó, además, que el informe recogió las versiones de las beneficiarias, quienes manifestaron que en los establecimientos de salud les han cobrado tres nuevos soles por medir la estatura y el peso de sus hijos, mientras que en algunos colegios les exigieron sacar copias fotostáticas por un valor de S/.40, so pretexto de que Juntos es para ese fin. Incluso –dijeron–, en algunos casos les han entregado billetes falsos.
Recomendaciones
A decir de Francisco Macedo, comisionado del programa de ética pública, prevención de la corrupción y políticas públicas de la Defensoría, para evitar que hechos similares se produzcan es necesario que en el proceso de afiliación participen los representantes del Sistema Nacional de Control, los comités locales de supervisión y Transparencia.
“Se debe profundizar los mecanismos de transparencia y acceso a la información. Cada programa social tiene que tener una web autónoma y se tiene que implementar un sistema de quejas y denuncias de actos de corrupción”, sostuvo.
Labor social debe ser eficiente
El defensor del pueblo (e), Eduardo Vega, señaló que es innegable el aporte del programa Juntos en la reducción de la pobreza extrema en el país, y justamente por ello han puesto en evidencia los problemas que presenta. “Es vital que las instituciones aseguren que los programas sociales cumplan eficientemente el rol para el cual fueron creados”, acotó.
Vega recalcó que la DP no dice que existan actos de corrupción al interior de Juntos, pues eso es competencia de la Contraloría. Lo que hacen, dijo, es dar cuenta de las quejas donde hay sesgos de corrupción.
La República se contactó con el Pronaa, donde dijeron que hoy darán hoy una respuesta al informe. En tanto, en Juntos indicaron que el vocero y titular del pliego, Iván Hidalgo, se encontraba de viaje y recién el miércoles declarará.
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